El incisivo Bob Bernstein analiza el hipotético escenario de una victoria de las derechas en Rivas
Hace poco, en el comité de redacción de The Rivas Tribune —ese órgano semiclandestino de análisis municipal, mala fe ilustrada y café recalentado— surgió una idea que en un primer momento pareció literatura fantástica: escribir sobre una ucronía. Una de esas ficciones históricas en las que Napoleón gana en Waterloo, la Atlántida aparece en el H2Ocio o el Partido Popular gana las elecciones municipales en Rivas.
La propuesta fue recibida con la solemnidad que merecen los grandes asuntos de Estado. Alguien preguntó si eso entraba dentro de la ciencia ficción dura. Otro sugirió consultar antes a un físico teórico de Covibar. Un tercero, más prudente, recordó que en política local toda broma acaba convirtiéndose en moción, enmienda presupuestaria o hilo de Facebook con signos de exclamación.
Y ahí estaba el asunto: que quizá ya no sea una ucronía. O, por lo menos, no del todo. La posibilidad de que el PP gane en Rivas ha dejado de pertenecer exclusivamente al género de la fantasía especulativa para instalarse en ese territorio mucho más inquietante de las hipótesis plausibles. Todavía no estamos ante un hecho consumado, pero sí ante una pregunta que conviene formular sin aspavientos, sin desfibrilador ideológico y sin que nadie salga corriendo a abrazarse a la primera bandera republicana que encuentre en el trastero.
No hay ninguna catástrofe democrática en que el Partido Popular gane unas elecciones municipales en Rivas. Conviene decirlo al principio, antes de que alguien saque la pancarta, el rosario laico o el desfibrilador ideológico: si una mayoría de vecinos decide que gobierne el PP, el PP debe gobernar. Y si para ello necesita a Vox, también. La democracia tiene estas incomodidades: a veces el pueblo vota bien, a veces vota mal y a veces, sencillamente, vota lo que le da la gana, que para eso se inventó el sufragio universal y no una asamblea permanente de gente satisfecha consigo misma.
El problema, por tanto, no es que la derecha pueda gobernar Rivas. El problema es qué derecha aspira a gobernarla.
Porque Rivas no se enfrenta a la posibilidad de una alternancia conservadora madura, con proyecto, cuadros solventes y una idea reconocible de ciudad. Se enfrenta a algo más inquietante: una derecha bonsái. Pequeña, ornamental, cuidadosamente podada durante años para caber en la maceta de la oposición, con apariencia de árbol, pero sin sombra suficiente para cobijar a un municipio de más de 100.000 habitantes.
El PP de Rivas lleva dos décadas practicando una forma de política que podría estudiarse en las facultades como antagonismo reflejo: si Izquierda Unida dice A, el PP dice no-A; si el Gobierno municipal propone vivienda pública, el PP descubre el mercado; si se habla de cooperación internacional, aparecen las aceras; si se habla de aceras, aparece la seguridad; si se habla de seguridad, aparecen las multas; y si se habla de multas, aparece el vecino elevado a mártir fiscal de Occidente.
No es oposición. Es un eco invertido.
Durante veinte años, el PP local ha confundido tener criterio con llevar la contraria. Su programa tácito ha sido una línea de enorme pureza conceptual: Rivas, pero al revés. Una fórmula cómoda, sin duda. No exige pensar demasiado la ciudad, ni explicar prioridades, ni construir una derecha municipal con densidad propia. Basta con esperar a que el Gobierno diga algo para responder con gesto grave que exactamente lo contrario habría sido mejor, aunque todavía nadie haya definido qué significa exactamente lo contrario.
La publicación reciente de sus propuestas y declaraciones confirma esa impresión: una mezcla de catálogo maximalista, indignación de ocasión y contabilidad imaginaria. El PP presenta más de doscientas enmiendas a los presupuestos municipales y pide nuevas plazas de Policía Local, nuevo edificio de Protección Civil, unidad canina, ampliación de autobuses urbanos, reorganizaciones viarias, anillo verde, polideportivo, biblioteca, residencia pública municipal, ayudas a empresas, programas juveniles, cementerio y supresión de cooperación internacional. Todo en el mismo lote. Todo bajo el noble envoltorio de “escuchar a los vecinos”, que en política local suele significar: “hemos apuntado todo lo que sonaba bien y ya veremos si el dinero aparece por ósmosis”.
El problema no es proponer. El problema es proponerlo todo mientras se acusa al Ayuntamiento de no tener capacidad inversora, depender del remanente y sostener sus cuentas mediante venta de suelo. Ahí aparece la primera gran contradicción: el presupuesto municipal, según el PP, es insostenible; pero la alternativa popular consiste en añadir a ese presupuesto una carta a los Reyes Magos con sello de responsabilidad fiscal.
La política adulta exige elegir. La política bonsái prefiere acumular.
Algo parecido sucede con la seguridad. El PP denuncia con severidad el aumento de delitos, acusa al Gobierno local de mirar hacia otro lado y reclama más Policía. Hasta ahí, nada que objetar: la seguridad es un asunto serio y merece debate serio. Pero esa misma derecha que pide más autoridad se indigna cuando la autoridad municipal sanciona conductas impopulares, como el aparcamiento indebido en determinadas calles. Entonces la ley deja de ser convivencia y pasa a ser “afán recaudatorio”. El orden público es imprescindible, salvo cuando deja una multa en el parabrisas. Mano dura, pero con zona azul emocional.
Esta es una de las grandes patologías del discurso de la derecha local: quiere autoridad sin coste, servicios sin financiación, inversión sin ingresos, seguridad sin sanciones, sanidad sin incomodar a la Comunidad de Madrid y municipalismo sin aceptar las competencias municipales cuando no convienen. Todo ello envuelto en una retórica de “sentido común” que, examinada de cerca, se parece bastante al viejo truco de pedir más de todo pagando menos de casi nada.
En sanidad y educación, la inconsistencia adquiere incluso una elegancia institucional. El PP de Rivas quiere aparecer como defensor de los servicios públicos, pero con sumo cuidado de no señalar demasiado al PP que gobierna la Comunidad de Madrid, administración competente en buena parte de esos asuntos. Así, se reclama el centro de salud, se admite que hace falta “como el comer”, se habla de plazos, se pide lealtad institucional y, al mismo tiempo, se reprueban las protestas, las pancartas o las performances que puedan incomodar a la autoridad regional.
Es la oposición con la voz partida: truena hacia el Ayuntamiento y susurra hacia Sol.
Con los colegios ocurre algo similar. Se defiende el bienestar térmico de los niños, faltaría más, pero se acusa al Gobierno local de convertir la climatización en una guerra de competencias cuando se pide a la Comunidad que asuma responsabilidades. Traducido al castellano corriente: queremos aulas frescas, pero sin que nadie tenga que mirar demasiado al gobierno autonómico que debería pagarlas. La infancia debe estar confortable, sí, pero sin provocar molestias políticas en Madrid.
Luego está Vox, que en Rivas practica un municipalismo de importación, como quien aterriza en el pleno con un argumentario nacional doblado bajo el brazo y descubre, con cierta decepción, que el municipio tiene alcantarillado, ordenanzas, licencias y facturas. Para Vox, todo asunto local es una sucursal de la batalla cultural. Si se habla de cooperación internacional, el problema son los chiringuitos. Si se habla de sanidad, aparece la inmigración. Si se habla de seguridad, aparece la nación. Si se habla de una baliza V16, Rivas se convierte de pronto en un observatorio estratégico de la Dirección General de Tráfico.
La contradicción es especialmente luminosa en el uso de las competencias. Vox critica el gasto en cooperación internacional porque entiende que no corresponde al Ayuntamiento. Sin embargo, no tiene reparo en llevar al pleno debates sobre sanidad regional, inmigración, regularización estatal, prioridad nacional o dispositivos de tráfico regulados fuera del municipio. La competencia, para Vox, no parece una categoría jurídica. Parece una emoción. Existe cuando impide ayudar fuera y desaparece cuando permite agitar dentro.
Rivas no puede opinar sobre cooperación, pero sí pronunciarse sobre la arquitectura moral de la patria, el colapso sanitario, la inmigración, las balizas, la DGT y, si se tercia, el destino de Occidente desde la avenida de los Almendros.
Hay en todo ello una desproporción casi literaria. Vox convierte cada moción en una trinchera. El PP convierte cada expediente en una prueba de la decadencia municipal. Y entre ambos van dibujando una derecha que no parece preparada para gobernar una ciudad compleja, sino para interpretar eternamente el papel de agraviada en un teatro de oposición.
En esa escuela de la réplica como espasmo ocupa un lugar destacado Jesús Martínez Caballero, concejal popular especializado en intervenciones furibundas, solemnes y extrañamente huecas, como si cada turno de palabra en el pleno exigiera invocar a Castelar para terminar discutiendo una ordenanza con la profundidad de un comentario de barra. Hay en él algo de tribuno decimonónico extraviado en la política municipal: la pausa grave, el gesto admonitorio, la frase que parece venir de un tomo encuadernado y acaba aterrizando en el argumentario de la semana.
Pero cuando se rasca un poco, cuando se aparta la espuma verbal, aparecen las costuras. Mucho énfasis, mucha frase redonda, mucho ademán de orador republicano venido a menos y, debajo, el viejo quiero y no puedo de cierta política local: la solemnidad como sustituto de la solvencia, la intensidad como sucedáneo del pensamiento, el pleno convertido en teatro de provincias donde se sobreactúa la indignación para disimular la falta de arquitectura. No es que falte voz. Es que sobra declamación y falta proyecto.
Y ese, precisamente, es el riesgo. No que el PP gobierne. No que Vox pacte. No que Rivas conozca por fin una alternancia después de décadas de hegemonía progresista. El riesgo es que esa alternancia llegue sin altura, sin preparación y sin una idea adulta de ciudad. Que el relevo no sea un cambio de ciclo, sino una mudanza de eslóganes. Que el municipio pase de sus inercias conocidas a una combinación de improvisación presupuestaria, batallas culturales y retórica de agravio.
Porque Rivas tiene problemas demasiado serios para resolverlos con mohínes de oposición. Tiene vivienda tensionada, barrios en crecimiento, movilidad insuficiente, centros educativos necesitados de inversión, demandas sanitarias pendientes, comercio local vulnerable, jóvenes sin horizonte residencial, mayores que necesitan servicios próximos, familias que no piden epopeyas sino autobuses, sombra, seguridad, limpieza, instalaciones deportivas, citas médicas y una administración que funcione.
Rivas no necesita una derecha que odie a Izquierda Unida más de lo que quiere a Rivas. Necesita, si aspira a gobernar, una derecha capaz de pensar el municipio sin reducirlo a un espejo invertido del adversario. Una derecha que sepa explicar qué modelo urbano quiere, cómo financiará sus promesas, qué competencias reclamará, qué prioridades asumirá y qué renuncias está dispuesta a hacer. Porque gobernar no consiste en decir que todo está mal. Gobernar consiste en decidir qué se arregla primero, con qué dinero, con qué equipos y a costa de qué otras cosas.
La derecha ripense, por ahora, parece más cómoda en la queja que en la responsabilidad. Más hábil en la denuncia que en la planificación. Más suelta en el aspaviento que en el presupuesto. Y esa desproporción entre ambición de poder y escasez de proyecto es lo que convierte la hipótesis de un gobierno PP-Vox no en una tragedia ideológica, sino en una preocupación administrativa de primer orden.
La alternancia puede ser saludable. De hecho, ningún gobierno debería vivir instalado en la idea de que el municipio le pertenece por tradición, por biografía o por antigüedad sentimental en el padrón. Rivas no es propiedad de ninguna sigla, ni siquiera de aquellas que la han gobernado durante años. La ciudad tiene derecho a cansarse, a exigir más, a cambiar, a castigar, a probar otra cosa.
Pero cambiar no siempre significa mejorar. A veces cambiar es abrir la ventana para ventilar y descubrir que fuera hay un señor con una motosierra diciendo que viene a podar el Estado del bienestar.
El PP tiene derecho a ganar. Vox tiene derecho a pactar. Los vecinos tienen derecho a cambiar de ciclo. Pero una ciudad también tiene derecho a exigir que quien aspire a gobernarla haya hecho algo más que llevar veinte años negando al adversario. Tiene derecho a pedir solvencia. Tiene derecho a pedir proyecto. Tiene derecho a pedir una derecha que no parezca fabricada con restos de argumentario, indignación de pleno y nostalgia de una autoridad que no sabe muy bien cómo administrar.
Rivas no debería temer a la alternancia. Debería temer a la alternancia sin grandeza. A la derecha que no ha pensado la ciudad, sino que la ha utilizado durante años como superficie de rebote contra la izquierda. A quienes creen que gobernar consiste en ganar una discusión, ocupar un despacho y retirar símbolos, como si un municipio de más de 100.000 habitantes fuese una tertulia con presupuesto.
Porque Rivas ya no es una postal ideológica ni un mito doméstico de la izquierda madrileña. Es una ciudad compleja, adulta, incómoda, llena de contradicciones y necesidades materiales. Una ciudad que exige algo más que aspavientos, mociones performativas y discursos con olor a argumentario recién fotocopiado.
La alternancia puede ser una virtud democrática. En manos pequeñas, puede convertirse en una forma lenta de deterioro.
Y ese es el verdadero riesgo: no que Rivas despierte un día gobernada por la derecha, sino que despierte gobernada por una derecha que, cuando por fin tuvo la oportunidad histórica de parecer preparada, solo supo demostrar que llevaba décadas ensayando el gesto, pero no el destino.
