La crisis de vivienda en España se podría agravar en 2023

Los precios del alquiler de vivienda superan el 30% del salario mínimo en todas las CC. AA y se prevé que el problema empeore en 2023.

 

Los datos del Observatorio de Vivienda Asequible de Provivienda muestran la necesidad de impulsar medidas urgentes para afrontar la falta de vivienda asequible y la exclusión residencial en España.

 

Provivienda ha presentado hoy «La casa a cuestas: el problema de la vivienda asequible en España”, una panorámica de la situación actual de la vivienda y de la exclusión residencial en España, a partir de los datos publicados en su Observatorio de Vivienda Asequible y de las previsiones que pueden realizarse debido a las constantes subidas en los indicadores de vivienda.

Durante el último año el coste de la vida en España se ha disparado debido a la inflación, lo que empeora, aún más, el acceso y mantenimiento de la vivienda para millones de personas, tanto en régimen de alquiler como en propiedad. En «La casa a cuestas: el problema de la vivienda asequible en España”, Provivienda ha presentado las causas de este problema y ha alertado del incremento de cifras como el precio de la vivienda en compraventa, que continúa al alza y que se sitúa en un 8% respecto a 2021.

La vivienda en alquiler tampoco presenta un escenario favorable en este sentido. El esfuerzo que las personas con salario mínimo tendrían que destinar al pago del alquiler en todas las comunidades autónomas supera el 30% recomendado, dificultando la sostenibilidad de la capacidad de pago de las familias. Este último dato, calculado con datos oficiales del MITMA, alcanza el 64.1% en Comunidad de Madrid y supera el 50% en Cataluña o Islas Baleares.

Durante la presentación también se han analizado las principales consecuencias de esta situación, como el aumento sostenido de los desahucios (41.359 solo durante el pasado año, un 70,1% derivados del impago del alquiler), el incremento del endeudamiento familiar o las graves situaciones de exclusión residencial. La previsión es que el problema de asequibilidad de la vivienda se agrave en 2023 debido a la tendencia al alza del euribor que afecta a las hipotecas, a la finalización de las medidas del escudo social para la suspensión de los desahucios y lanzamientos para personas vulnerables, y al fin de la limitación de la subida del IPC en las actualizaciones del precio de la vivienda en alquiler. “Debemos articular propuestas que mitiguen el impacto del coste de la vivienda en las personas y familias vulnerables. Tenemos que aprender de los errores en la respuesta a la crisis de 2008 para evitar que se profundice la exclusión residencial. Es clave que la vivienda también forme parte del pacto de rentas”, ha señalado Gema Gallardo, directora general de Provivienda.

Según el Observatorio de Vivienda Asequible de Provivienda, para abordar en profundidad el problema es necesaria una buena implementación de políticas públicas en las Comunidades Autónomas, como el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, cuyos programas 3 y 6 ayudan a la financiación de la ampliación del número de viviendas asequibles y mejoran la capacidad de pago de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Con respecto a la Ley por el Derecho a la Vivienda, actualmente en trámite parlamentario, advierte Gema Gallardo que:

«Para garantizar el derecho a la vivienda en España es vital que los compromisos adquiridos sobre vivienda se cumplan a tiempo, para lo que tenemos que avanzar en la aprobación de una Ley por el Derecho a la Vivienda que involucre al tercer sector y que afronte con firmeza la exclusión residencial. En definitiva, que defienda la vivienda como el quinto pilar del Estado de Bienestar.»

Tanto las cifras como el grado de ejecución de las políticas públicas relacionadas con la vivienda asequible y la exclusión residencial pueden consultarse a través del Observatorio de Vivienda Asequible, el portal de consulta y seguimiento de datos y políticas públicas de Provivienda. Financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, “el Observatorio contribuye a hacer más accesibles las cifras oficiales, facilitando así la divulgación y el conocimiento público para impulsar la transformación del sistema de vivienda que necesitamos en nuestro país”, concluye Gallardo. La información publicada se actualiza periódicamente a medida que las administraciones y organismos públicos presentan nuevos datos, lo que permite seguir la evolución del problema y de las medidas que se están aplicando en España.