El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la inversión de
más de un millón de euros para el mantenimiento de 71 plazas de atención a
personas con discapacidad intelectual y 16 plazas en pisos para menores en
régimen de acogimiento familiar.
En concreto, se trata de la aprobación de la prórroga de dos contratos
destinados a los municipios de Majadahonda y Rivas Vaciamadrid. En el
primero, la Comunidad de Madrid invierte 704.000 euros para la atención a
personas con discapacidad intelectual en la residencia de Majadahonda
gestionada por la Fundación ANDE. Este centro de la localidad cuenta con un
total de 71 plazas: 28 plazas residenciales, 33 en centro ocupacional y 10 plazas
en centro de día.
La residencia de Majadahonda, cuya titularidad corresponde a la Comunidad de
Madrid, atiende a personas mayores de 45 años que presentan un deterioro con
pérdida significativa de sus capacidades y funciones. Igualmente, son
beneficiarios de este servicio, personas en edad laboral que tienen reconocida
una discapacidad que les imposibilita provisional o permanentemente su
incorporación a un puesto de trabajo. También incluye a usuarios del centro de
día, personas mayores de 18 años afectados por una discapacidad intelectual
de carácter profundo o severo con trastornos graves asociados.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado la prórroga de un contrato
adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) Fundación G.E. Social y
G.E. Escuela de Ocio, para acogimiento residencial de menores de entre 12 y
18 años que cuentan con alguna medida de protección por parte del Gobierno
regional. Para el mantenimiento de estas 16 plazas en pisos, el ejecutivo
madrileño ha autorizado un gasto de 386.199 euros.
Las políticas sociales son una de las grandes señas de identidad para esta
legislatura. La Comunidad de Madrid destina más presupuesto que nunca a la
atención a la discapacidad: un total de 334,8 millones de euros, lo que
representa un 8,1% más que en el año 2017. Igualmente, se está prestando
especial atención a la inclusión de los menores en situación de riesgo social,
afianzando programas que ya se venían realizando y actuando para su plena
inclusión, con la colaboración de los ayuntamientos y entidades de la región.
