El Consejo de Gobierno, en su reunión de este miércoles, conoció la encomienda a la Abogacía General para que se persone como acusación popular, en nombre de la Comunidad de Madrid, en las diligencias que se siguen en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 44 y en el de Primera Instancia número 8, ambos de Madrid.

El primer caso es el asesinato a golpes de una joven de 20 años ocurrido en una vivienda del distrito de Arganzuela, en la capital, el pasado 22 de noviembre y que no fue descubierto hasta una semana después en el transcurso de la investigación del suicidio del presunto homicida.

El otro es el de una mujer con esclerosis múltiple, de 67 años, que falleció cinco días después de sufrir una caída sin que su marido la socorriese ni avisase a emergencias hasta su muerte.

La personación es una de las medidas previstas en la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, que extiende su protección tanto a las mujeres como a sus hijos y personas dependientes.

El Gobierno regional ejerce la acción popular en calidad de parte perjudicada civilmente en los casos penales abiertos por muerte, lesión grave o mutilación genital. Desde 2016, la Comunidad de Madrid ha ejercido esta facultad en 60 causas penales, ocho en 2022.

Tras recibir el informe favorable de la Abogacía General de la Comunidad, la consejera de Familia, Juventud y Política Social dictó la Orden en la que encomienda el ejercicio de las acciones jurisdiccionales necesarias para poder personarse como acusación popular en los procedimientos judiciales.