El grupo municipal defenderá en el pleno la importancia de la memoria democrática.
El grupo municipal IU-MM-VQ propondrá que el gobierno local apoye “las acciones legales que interpongan las familias ripenses, con familiares víctimas de trabajo esclavo” durante la dictadura franquista.
En octubre de 2023 se presentó en España la primera denuncia contra los trabajos forzados durante la dictadura franquista. Lo hicieron las familias de los presos republicanos que, como trabajadores esclavos, construyeron la carretera que une los valles del Roncal y de Salazar en el Pirineo navarro entre 1939 y 1942. “El franquismo organizó un amplio sistema de explotación de los vencidos y que perduró durante años”, señala José Luis Gutiérrez Molina en su artículo Franquismo y trabajo esclavo, una deuda pendiente. Gutiérrez Molina, en esta misma publicación, recoge las distintas instituciones que usaron trabajo esclavo durante la dictadura. Instituciones públicas, del ejército, empresas privadas y la Iglesia Católica recurrieron al trabajo esclavo. Fueron “diseñados para castigar políticamente y sacar beneficios económicos”, señala la moción que Izquierda Unida-Más Madrid-Verdes Equo llevará al próximo pleno de febrero.
Ley de Memoria Democrática
Otro punto de la moción será la petición a la Comunidad de Madrid de la aprobación de una Ley de Memoria Democrática. Este debate se producirá coincidiendo con el rechazo de la Comunidad de Madrid a declarar la Real Casa de Correos como lugar de Memoria. En este espacio, actual sede del gobierno regional, se produjeron terribles torturas por parte de la Brigada Político Social. Entre las víctimas también hay vecinos ripenses. Entre ellos, el colaborador de Zarabanda Nino Olmeda, que presentó una petición para reconocer estas torturas con una placa. Isabel Díaz Ayuso rechazó esta petición como ha rechazado el resto de peticiones que piden una condena de las acciones del franquismo.
La última ley ómnibus de la Comunidad de Madrid, aprobada en diciembre, incluye un artículo que busca impedir que la sede de la Comunidad de Madrid pueda reconocer a las víctimas de la dictadura franquista. El Gobierno considera «inconstitucional» la ley impulsada desde la Comunidad de Madrid con la que el Ejecutivo regional presidido por Isabel Díaz Ayuso pretende impedir la declaración de su sede, la Real Casa de Correos, como lugar de memoria en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, recoge Servimedia.
Esta misma Ley ha suprimido el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid. También ha modificado el Plan de Inversiones Regional (PIR).
“Contamos con herramientas democráticas y distancia emocional para hablar y enmendar estos hechos del pasado”, defiende IU-MM-VQ en su moción.
