El Defensor del Pueblo formuló 161 resoluciones al gobierno autonómico
El Defensor del Pueblo recoge en su memoria anual la formulación de 2.059 resoluciones, de diversa índole. Las resoluciones realizadas por el Defensor del Pueblo pueden ser recomendaciones, sugerencias, recordatorios de deberes legales o advertencias. A su vez, se emiten a cualquier administración pública como la administración general de Estado, la autonómica, local, el Poder Judicial o universidades.
El organismo encabezado por Ángel Gabilondo, que fue diputado madrileño, emitió 161 resoluciones al gobierno de la Comunidad de Madrid. Éstas se dividen entre 105 recordatorios de deberes legales, 33 recomendaciones y 23 sugerencias. De estas, 106 resoluciones corresponden a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Tan solo dos consejerías más superan los 10 escritos por parte de Defensor del Pueblo: la Consejería de Sanidad y de Presidencia, Justicia y Administración Local.
Demoras de más de 10 meses en reconocer los grados de discapacidad
La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, dirigida por Ana Dávila-Ponce de León, fue la receptora de la mayoría de estas resoluciones. En concreto, se trata de 95 recordatorios de deberes legales y 11 recomendaciones. 90 de estos recordatorios de las obligaciones legales de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales responden al reconocimiento del grado de discapacidad. Todos estos casos responden a incumplimientos de la legislación vigente, que establece un plazo máximo de seis meses para la resolución de las solicitudes de valoración del grado de discapacidad. Según datos de la propia Comunidad de Madrid, que recoge Gabilondo, la media autonómica se encuentra en los 310 días, lo que supera los 10 meses de espera. Entre los expedientes se encuentran además casos en los que se habría “superado ampliamente el plazo promedio de 310 días”.
A la misma consejería se realizan 4 recomendaciones acerca de los derechos de la infancia migrante. Tras la publicación del Informe “Niñas y niños extranjeros en España solos o acompañados”, Gabilondo ha realizado recomendaciones a distintas administraciones públicas. Entre las dirigidas a la Comunidad de Madrid destaca la necesidad de remover los obstáculos administrativos que dificulten el pleno ejercicio de los derechos de estas niñas y niños.
En 2025, el Defensor del Pueblo admitió 1.974 quejas individuales ante las administraciones autonómicas. La Comunidad de Madrid era la receptora del 29 % de éstas, alcanzando las 575 quejas.
