El concejal ha alegado motivos personales, aunque habría influido una acusación por un presunto delito de prevaricación.
Esta mañana del 17 de abril, el socialista Luis Altares ha presentado formalmente su dimisión como concejal del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, puesto que renovó en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo de 2023.
Altares dimite como concejal, por lo que la dimisión se hará oficial en el próximo pleno municipal, previsto para el jueves (25 de abril) de la semana que viene. Tras la toma de conocimiento de la dimisión, se activará el mecanismo previsto en la legislación por el cual la Junta Electoral tiene que certificar a qué persona le corresponde tomar posesión del acta de concejal.
Luis Altares vuelve a su plaza de funcionario del Ayuntamiento de Rivas, que ocupa desde el año 1985. Allí fue, por ejemplo, Jefe de Departamento del Servicio de Atención a la Ciudadanía.
Era uno de los concejales del PSOE de más peso
Tras la formación de gobierno entre los socialistas (que lidera la vicealcaldesa Mónica Carazo) e IU-VQ-MM (la coalición que lidera la alcaldesa Aída Castillejo), Altares venía ostentando la concejalía de Organización y Función Pública, así como la responsabilidad de participación en Barrio Este.
Además, el experimentado edil ya había formado parte del gobierno en la anterior legislatura (cuando sustituyó a Omar Anguita, que dejó el acta de concejal para asumir una nueva responsabilidad en el Congreso de los Diputados). Entonces, Altares ejerció las responsabilidades de Innovación y Modernización y de Movilidad y Seguridad Ciudadana.
Esta última concejalía concentró algunas de las mayores polémicas de la legislatura, al ser una de las responsables de la instalación de los nuevos carriles bici en el municipio. Los plenos municipales también vivieron varias interpelaciones al concejal cuando desapareció un arma reglamentaria de la policía local de las dependencias de este cuerpo.
Callejas sería la renovación más probable
Previsiblemente, una vez que Luis Altares dimite, será sustituido por la siguiente persona en la lista electoral socialista: Juan Manuel Callejas González de Mendoza. Este candidato ya fue concejal del PSOE en la legislatura anterior y ocupó la responsabilidad de Barrio Centro.
Luis Altares dimite por motivos ¿personales?
Al presentar su dimisión, según ha informado el grupo municipal en una nota de prensa, el exconcejal Altares argumentó que “se debe única y exclusivamente a motivos personales”. “Ha sido un verdadero honor poder servir a mis vecinos y vecinas desde mi responsabilidad pública como concejal de este ayuntamiento”, ha declarado el edil.
Luis Altares agradeció la confianza recibida al PSOE, así como el espíritu de colaboración del equipo de gobierno y de la plantilla municipal. Igualmente, la secretaria general y portavoz del PSOE en Rivas, Mónica Carazo, agradeció la labor realizada por Altares, del que destacó “su honestidad, integridad y el buen tono” con que siempre ha actuado.
Sin embargo, según otras fuentes de la política municipal, Luis Altares dimite porque habría recibido una acusación por un presunto caso de prevaricación, tras abrirse las diligencias previas. Altares habría abandonado su cargo para no perjudicar al Gobierno local y a su partido y poder ejercer con mayor libertad su defensa judicial, en la que esperan demostrar su inocencia.
La acusación se debe a un conflicto entre bolsas de empleo
Presentada este mismo mes, la denuncia se produce por el nombramiento de un funcionario interino con la categoría de “Encargado”. Según recoge la Fiscalía, en calidad de responsable de RRHH, Altares decidió que se llamara para ocupar dicha plaza a la primera persona de la bolsa de empleo de «Encargado de Almacén» alegando que no existía bolsa de empleo específica para la ocupación de encargado. Sin embargo, sí existía una bolsa de empleo equivalente (“Encargado de Deportes”), según argumenta el denunciante. Fue precisamente la primera persona que constaba en esa bolsa, y que podría haber tomado posesión del puesto, quien presentó la denuncia que ha provocado la actual acusación al militante socialista.
La Fiscalía expone que, de demostrarse estos hechos, podrían suponer un delito de prevaricación. En concreto, la vulneración del artículo 405 del Código Penal (delito de nombramiento ilegal) podría conllevar una pena de multa de entre tres a ocho meses, así como la suspensión de empleo de uno a tres años.
Además, según el artículo inmediatamente posterior (que recoge el delito de tener conocimiento del nombramiento ilegal y admitirlo como válido), podría haber una pena de multa añadida de tres a ocho meses y de suspensión de empleo o bien cargo público de seis meses a dos años.