El 19 de diciembre pasado Chile votaba por amplia mayoría una coalición de partidos cuya divisa es: “Que la dignidad se haga costumbre”. Dos años de movilizaciones han alumbrado una nueva situación cuyos frutos han sido la Convención Constituyente y este nuevo gobierno.

El llamado “éxito chileno” (crecimiento económico, cuentas públicas saneadas y energía exportadora) se había conseguido bajo las condiciones impuestas por la dictadura. Era un” éxito” que  ocultaba el dominio de una pequeña casta rica y poderosa, unas desigualdades  excesivas. A lo que se añadía la represión de las pueblos originarios (mapuches, aymaras…)  con el argumento de que se oponían al progreso, cuando defendían sus territorios y derechos ante la explotación de los grandes grupos económicos.

Este modelo ultraliberal y autoritario había sido consagrado en la Constitución pinochetista de 1990. En 2020, como primer fruto de las movilizaciones, comenzó el proceso para dotar al país de una nueva Constitución. En la primera consulta se impuso, con un 80%, la opción “Apruebo una nueva Constitución” y que la Convención Constitucional para redactar el texto se compondría en su totalidad por ciudadanos elegidos para este fin.

En una segunda consulta se eligieron los miembros de la Convención. Muchos de los que experimentan en sí mismos la precariedad laboral y vital habían participado en las movilizaciones salieron elegidos. Ciudadanos de perfiles muy diversos, desde abogados hasta activistas ambientales, mujeres representantes de organizaciones del trabajo no asalariado (cuidadoras), conductoras de autobús, trabajadores endeudados por la educación y la sanidad de sus hijos

En sus debates está habiendo una sensibilidad especial para que el texto constitucional recoja las exigencias del respeto a los derechos humanos. Por la experiencia de las violaciones que han sufrido los pueblos originarios durante siglos, la represión contra los movimientos de trabajadores, la violencia de la dictadura y postdictadura y lo que se vivió durante las movilizaciones de octubre – 2019.

Y para que el Estado garantice con recursos públicos, los derechos a las pensiones, la sanidad, la educación, el derecho humano al agua y la desprivatización de su gestión, la negociación colectiva, sistema nacional de Cuidados, etc.  Los pueblos originarios piden, además, que Chile se defina como Estado plurinacional.

En la Convención Constituyente se está debatiendo sobre las condiciones materiales que hagan posible este proyecto, la propiedad de la tierra y los recursos estratégicos, sobre un nuevo modelo económico justo y sostenible, una reforma tributaria progresiva que apunte a los súper ricos,

Y sobre establecer mecanismos de democracia participativa que vayan más allá de la democracia representativa. Como la iniciativa popular de norma constitucional, la plataforma digital de participación,  las jornadas nacionales de deliberación, foros deliberativos y los cabildos comunales, etc.

En sintonía con estas propuestas, el aval electoral de los chilenos al programa “Apruebo Dignidad” de Boric supone la apuesta de todo un país por la esperanza. Con él estos objetivos que el proceso chileno está plasmando en la nueva Constitución se podrán ver reforzados. La alternativa del pinochetista Kast, basada en el miedo, hubiera supuesto claramente una regresión a los viejos tiempos de la desigualdad y volver al autoritarismo.

Se hace cada vez más necesario que los Estados recuperen su capacidad de acción política, una política en que la economía esté al servicio de estructuras sociales donde todas las personas puedan vivir con dignidad.  El presidente Salvador Allende en 1973, pocos minutos antes de morir acosado por las bombas de Pinochet, se atrevía a soñar: ”Sigan ustedes sabiendo que, más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor…”

¿Se abrirán las grandes alamedas?  … Es el sueño y  la apuesta del proceso chileno.

Eubilio Rodríguez