El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados con la que reclama al Gobierno medidas para mejorar el acceso de las personas con movilidad reducida a la obtención del carné de conducir en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.
La iniciativa, recogida por Servimedia y que será debatida y votada en la Comisión sobre Seguridad Vial de la Cámara Baja, reclama a la Dirección General de Tráfico (DGT), que tuvo un presupuesto de casi 975 millones de euros en gastos en 2022, la compra de “un número suficiente de vehículos adaptados para su posterior cesión gratuita” a las escuelas particulares de conductores con el fin de que se utilicen en las clases prácticas que hagan personas con discapacidad que aspiren a obtener el carné de conducir.
Además, el PP propone que jefaturas provincias y locales de tráfico también cuenten con vehículos adaptados para que personas con movilidad reducida hagan el examen práctico para tener el permiso de conducir o para su renovación extraordinaria.
Además, los populares quieren que el Gobierno impulse ayudas económicas para adaptaciones de vehículos comprados por españoles con movilidad, con residencia legal en España y que tengan mayores dificultades económicas, atendiendo a las variables de renta familiar, patrimonio y/o unidad familiar.
ESTUDIO
Según el estudio ‘Personas con discapacidad en el acceso al permiso de conducir’, realizado por la Fundación CNAE y la Fundación para la Seguridad Vial con la colaboración de la Fundación ONCE, las personas con discapacidad que nunca han intentado obtener el carné de conducir argumentan que se debe en gran parte a su discapacidad (60,3%), pero también al miedo o dificultades (24,1%), motivos económicos (20,7%), falta o carencia de autoescuelas (13,8 %) o porque no lo necesitan o no les gusta (8%).
Además, más de un 8% de las personas que obtuvieron el permiso de conducir tras su discapacidad se vieron obligadas a poner a disposición de la autoescuela un vehículo adaptado a sus necesidades, algo que no sucede con las personas que utilizan un vehículo ordinario.
El PP apunta que las personas con discapacidad que no pueden aportan su vehículo adaptado a las autoescuelas a veces se ven obligadas a desplazarse a otras provincias, por lo que existe “un agravio económico” para recibir la formación vial necesaria antes de obtener el carné.
Según los populares, la DGT ha mitigado “de forma tardía e inapropiada” esta “discriminación” a través de una instrucción del 13 de enero de 2022, que establece un protocolo para permitir el uso de vehículos adaptados cedidos gratuitamente por entidades o asociaciones tanto durante el proceso de formación del aspirante como en la realización de las pruebas prácticas en las jefaturas provinciales de Tráfico.
El PP califica de “cuanto menos inaudito” el hecho de que “el Gobierno confíe exclusivamente en la generosidad y el altruismo de terceras personas, entidades o asociaciones al acceder a la cesión de vehículos para facilitar el acceso de las personas con discapacidad al permiso de conducir” cuando la DGT tuvo un presupuesto de 974,8 millones de euros para gastar en 2022.
