El Gobierno transferirá 8 millones de euros a la Comunidad de Madrid para gastos derivados del realojo de los vecinos de la Cañada Real Galiana, en Madrid, según aparece reflejado en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023.

Desde el Comité Ejecutivo del Pacto por la Cañada Real Galiana –órgano que conforman la Delegación del Gobierno, los tres ayuntamientos por los que discurre este camino donde se ubica el asentamiento (Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid) y el Ejecutivo autonómico– se fijó en 2021 una hoja de ruta con 21 actuaciones que incluye el realojo de 160 familias del Sector VI, una medida en la que se invertirán 34 millones de euros financiados al 50% por las dos administraciones.

El pacto entre las administraciones contemplaba que el Sector VI vaya desapareciendo progresivamente, motivo por el que se está procediendo al realojo de las personas que viven allí. En este sentido, prevén reubicar en dos años a “más de 300 familias, lo que supone el 30% del total”.
Además, por parte del Gobierno se dieron algunos pasos como el impulso desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de un plan para dar una solución “integral y permanente” para la Cañada Real, al que comprometerá la aportación de los recursos económicos necesarios, en colaboración con el resto de administraciones públicas implicadas.

Asimismo, a finales de noviembre de 2021, el Gobierno aprobó, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, un Real Decreto para la concesión de 5 millones de euros a los Ayuntamientos de Madrid y de Rivas Vaciamadrid, para destinar al plan de realojo de las familias en situación de vulnerabilidad extrema de la Cañada Real Galiana.
“Es un asunto en el que hemos recibido como país una alerta por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como un grave problema de exclusión social y vulneración de derechos básicos. Aquí cada administración debe cumplir con su responsabilidad y, con este gesto, el Gobierno de España se compromete a que este asunto se atienda”, indicó entonces la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

El pasado mes de julio, el entonces secretario de Estado para la Agenda 2030 Enrique Santiago, se desplazó a la Cañada Real para mantener un encuentro con las entidades sociales que trabajan en la zona y analizar conjuntamente el desarrollo de los planes del Gobierno de España para el realojo.

Según informó Santiago durante su visita, 37 familias estaban ya “en proceso de realojo”. Además, anunció que, dentro de los compromisos del Grupo de Trabajo Interministerial creado a iniciativa del Ministerio de Derechos Sociales, el Gobierno tenía prevista una inversión plurianual que acelere los realojos y garantizar con ello viviendas dignas.

Si bien, los vecinos y vecinas de la Cañada Real insisten en que lo que les “urge” ahora es “el restablecimiento de la luz”, pues consideran que los realojos pueden prolongarse durante años.
El pasado domingo se cumplieron dos años sin suministro eléctrico en la Cañada Real Galiana y ahora ya son hasta 7.000 los vecinos y vecinas afectados por los cortes de luz, 1.813 de ellos niños, según ha denunciado la Asociación Cultural de Mujeres Tabadol.