El Gobierno avisó este lunes de que el requerimiento enviado al Ejecutivo de Castilla y León instándole a que “rectifique”, con el cambio en el protocolo para interrumpir el embarazo, es solo el “primer paso”. Desde el Gobierno central se actuará “con toda la fuerza de la ley y las herramientas que tiene el Estado de Derecho” para frenar un “retroceso” en los derechos de las mujeres,

Así lo trasladó la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en una ronda de entrevistas en televisiones y radios recogidas por Servimedia, en la que aseguró que el Ejecutivo ha “actuado con rigor y total contundencia” desde que se conoció la decisión del Gobierno autonómico que preside Alfonso Fernández Mañueco.

Rodríguez admitió que el Ejecutivo central desconoce “documento” alguno con la decisión de Castilla y León sobre el protocolo de interrupción voluntaria del embarazo para las mujeres, pero que actuó a partir de la “comunicación oficial” que pronunció el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En este sentido, Rodríguez instó a Mañueco y al líder del Partido Popular a que aclaren la situación y evitar el desconcierto que pueden estar generando contra un “derecho” de las mujeres recogido por una ley en vigor. Para la portavoz del Gobierno, la defensa de la maternidad se hace más garantizando salarios dignos y empleos que “con una ecografía”.

Por otra parte, ante las críticas de por qué el Ejecutivo no actúa para frenar las rebajas de penas a violadores como consecuencia de la nueva ley conocida como de ‘solo sí es sí’, Rodríguez afirmó que la ley aún está “ajustándose” y que el Gobierno está “atento a los pronunciamientos de los tribunales”.

Porque, agregó, se han realizado las acciones pertinentes “orientando” la aplicación de la ley al espíritu que pretendía el Gobierno con la norma, que era perseguir más a los agresores y “proteger” a las víctimas.