El Congreso da luz verde a la tramitación de los impuestos a energéticas y banca

El Congreso de los Diputados respaldó este martes la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos para imponer unos gravámenes temporales a las empresas energéticas y a la banca por los beneficios extraordinarios que están obteniendo con la crisis.

 

Los socios del Gobierno de coalición contaron con el respaldo de las formaciones del ‘bloque de la investidura’, que pedirán cambios en la tramitación de la iniciativa, y con el voto en contra del PP, Vox, Ciudadanos y UPN.

Por el PSOE, la diputada Patricia Blanquer consideró “justo” pedir que “arrimen el hombro”, en el actual contexto de crisis, dos sectores que se han visto “beneficiados” con el encarecimiento de la energía y con la subida de tipos de interés.

Para los socialistas, se trata de unos gravámenes “proporcionados” que no van a perjudicar “ni la viabilidad ni la capacidad de inversión” de las compañías que tendrán que pagarlos.

Blanquer dijo que no tiene dudas de que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y el Banco de España vigilarán para que las empresas no repercutan estos impuestos en los consumidores, so pena de hacer frente a las multas anunciadas.

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, coincidió en que la banca y las energéticas tienen que “arrimar el hombro” después de los beneficios que han obtenido “con la brutal subida del precio del gas y de los tipos de interés”.

ERC votó a favor de la implantación de estos dos nuevos impuestos porque los beneficios que están logrando estas empresas son “una auténtica vergüenza” y son medidas que están adoptando otros países europeos, según manifestó el diputado Joan Margall. La formación republicana pedirá en la tramitación que sean impuestos permanentes mientras haya beneficios extraordinarios.

Desde el PNV, Idoia Sagastizabal señaló que los dos impuestos son “bien recibidos por la sociedad” y por eso su partido vota a favor de la toma en consideración de la proposición, pero advirtió del riesgo de que vean la luz con inseguridad jurídica y puedan ser impugnados con éxito en los tribunales.

Al PNV también le parece mal que PSOE y Unidas Podemos no hayan impulsado estas nuevas cargas en el Congreso vía proyecto de ley; que estos impuestos graven los ingresos y no los beneficios extraordinarios, y que se queden al margen de los conciertos forales, algo que el PNV exigirá que se concilie durante la tramitación de la proposición.

En representación de Bildu, Mertxe Aizpurua dijo que los dos impuestos son “necesarios” y un “paso en la buena dirección porque ahora les toca pagar a los que no lo hicieron en la anterior crisis”. Aunque, a su juicio, son impuestos que se quedan “cortos”. Así, Bildu pidió que los impuestos sean permanentes, no temporales; que se aumente el volumen del impuesto, y que la gestión sea asumida por las administraciones autonómicas.

Ana Oramas, de Coalición Canaria, indicó que su formación facilitaría la tramitación de la proposición porque “estamos de acuerdo con su filosofía” aunque tiene dudas de su viabilidad jurídica.

Entre las formaciones que votaron en contra, el portavoz del PP, Mario Garcés, calificó la proposición de ley de “engendro jurídico que no hay por dónde pillarlo”, que “conculca principios constitucionales” y que “trasladará la carga tributaria a los españoles”.

Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, sostuvo que los impuestos “planean sobre lo inconstitucional, los acabarán pagando los españoles” y se hacen a través de una tramitación “tramposa” como proposición de ley, sin memoria económica y sin escuchar a los sectores afectados.

Carmen Martínez, de Ciudadanos, justificó el voto en contra de su grupo porque los impuestos “adolecen del sectarismo que caracteriza al Gobierno de coalición”, de “arbitrarios” y de “inconsistencia legal”. Además, pronosticó que son gravámenes que “vamos a pagar entre todos porque no se puede controlar que no se carguen sobre los ciudadanos”.

CIFRA DE NEGOCIO E INTERESES

El impuesto a las compañías energéticas gravará su cifra de negocios anual con un tipo del 1,2%, mientras que el nuevo tributo a aplicar a las entidades financieras gravará sus ingresos anuales en intereses y comisiones.

El objetivo es que ambas figuras -que en principio se espera que estén en vigor en 2023 y 2024- queden aprobadas para entrar en vigor el 1 de enero de 2023, quedando abiertos a modificaciones por las enmiendas que el resto de grupos parlamentarios presente durante la tramitación parlamentaria.

La previsión del Gobierno es recaudar en torno a 1.500 millones de euros al año con el impuesto a las entidades financieras y 2.000 millones de euros al año con el aplicable a las compañías energéticas.

Por un lado, el nuevo impuesto a las compañías energéticas se aplicará sobre aquellas compañías eléctricas, gasistas y petroleras que tuvieran una cifra de negocios superior a los 1.000 millones de euros en 2019, gravando con un tipo del 1,2% la cifra de negocios que hayan tenido en 2022 y 2023. Quedarán excluidas del pago de este tributo aquellas compañías cuya actividad energética no llegue a suponer el 50% de su facturación.

En el caso del impuesto a las entidades financieras, este tributo se aplicará sobre aquellas que en 2019 ingresaran al menos 800 millones de euros brutos en concepto de intereses y comisiones, gravando en un 4,8% la cantidad que ingresen por este concepto en 2022 y 2023. En este caso, el motivo por el que el umbral de tributación se establece en 800 millones y no en 1.000 millones es porque los ingresos de intereses y comisiones suponen un 80% del total de sus ingresos.

En este impuesto a las entidades financieras el tributo se aplicará sobre la cifra neta de ingresos en intereses y comisiones, de forma que en ambos conceptos se reste a los intereses y comisiones que cobran las entidades financieras los intereses y comisiones que pagan ellas mismas.

PROHIBICIÓN DE REPERCUTIRLOS

Asimismo, la proposición de ley contempla la prohibición expresa del traslado del coste de estos tributos al cliente final, quedando en ambos casos la supervisión de que esto se cumple a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aunque en el caso del impuesto sobre las entidades financieras también tendrá competencias el Banco de España, que colaborará con la CNMC.

En caso de incumplimiento de este aspecto, la proposición de ley contempla una sanción del 150% del importe repercutido a los clientes.

Técnicamente, estas nuevas figuras no son impuestos, sino una prestación patrimonial de carácter público y naturaleza no tributaria, conocido en el mundo anglosajón como ‘levy’.