Desde las primeras ideas surgidas en el siglo XV acerca de la idea de Estado Moderno (Maquiavelo), definidas y estructuradas más tarde de forma precisa por Hobbes en el siglo XVII y la creación de estos estados bajo los cuales todo el poder se centralizaba y organizaba desde un sólo órgano de poder -absolutismo- se pretendió una forma de unidad política, geográfica y poblacional -aún bajo la impronta del antiguo régimen-. Cronwell y la instauración de la Republica en Inglaterra, previa decapitación del Rey Carlos I es caso aparte.
Lo cierto es que la evolución de estas formas de constitución de los territorios llegados a la Revolución Francesa y después de ella, fueron evolucionando en mayor o menor grado, siempre sabiendo quien ocuparía los cuerpos de administración más codiciados y quien seguiría barriendo…
La Revolución industrial supuso un hito; un lugar en el tiempo donde la concentración de trabajadores y trabajadoras bajo un mismo poder dominante en forma de empresa llevó al aumento de grandes núcleos urbanos y, claro, a la precariedad vital de todos y cada uno de los obreros desplazados ante la posibilidad de una vida acaso mejor. Una precariedad que propició los primeros movimientos obreros como reacción al sistema de producción para, más tarde y de forma embrionaria, asentar las bases de lo que más tarde sería lo que hoy conocemos como seguridad social.
Pues bien, dicho esto de manera sucinta, parece ser que los dirigentes que hoy gobiernan nuestra cosa pública no andan dispuestos a que las conquistas sociales caminen en la dirección que daba la sensación que lo harían hace apenas tres décadas.
Habría que recordar que la evolución del estado moderno ha tenido muchas variantes y fórmulas, que la idea de estado configurada en un manojo de diversidad alcanza a la consideración de ciudadanos a todos los componentes de los territorios en cuestión. Convendría recordar que, asumida tal condición, el Estado llega a ser una fórmula pactada de convivencia entre todos los miembros que lo componen regulada por la constitución y administrada por las instituciones que lo componen. El Estado no roba.
El Estado dentro de las competencias que asume en común acuerdo con la ciudadanía, debe procurar la justicia, el bienestar y la defensa de la población, entre otras. De ahí se deriva que cuando las instituciones son asaltadas por aquellos a quienes el estado molesta para la consecución de sus fines e intereses particulares, aluden a la libertad de acción mientras, en su acción política, desvían fondos públicos a la asunción de esas competencias hacia empresas que siempre tendrán como objetivo una plusvalía económica mermando las dotaciones en infraestructura y personal.
Cuando se transita por el margen pérfido manejando las redes sociales y medios de comunicación demonizando al estado como el mal que todo lo corrompe, cabría echar una mirada hacia aquello que nos jugamos blanqueando las acciones de los asaltantes de las instituciones públicas con cargo político utilizando la mayéutica socrática que incluso al ignorante le podía llevar a conclusiones.
Los pérfidos de buen vestir y coche oficial no quieren un estado, aspiran a un señorío medieval. El miedo y el hastío es una buena herramienta y si algo es común a toda la población resultar ser el saberse provistos de un sistema que asegure la asistencia ante una eventual enfermedad. Los pérfidos lo saben y gobiernan sobre ello. De ahí que poco importe la garantía que ofrece un sistema público sanitario de calidad donde todas las incidencias puedan ser atendidas. La idea de estado también recae sobre instituciones de menor entidad geográfica a las que la constitución reconoce y ha transferido competencias. El despropósito, extensivo a todo el territorio nacional, tiene su culminación en la Comunidad de Madrid donde una incapaz preside de la forma más abyecta la institución, desmontando a ojos de todos la atención primaria, dejando desprovistos los hospitales de material básico, precarizando los contratos del mejor personal sanitario, cerrando camas, construyendo nuevos centros con la única finalidad de transferir fondos a empresas constructoras, privatizando pruebas diagnósticas con sobrecoste para las arcas públicas, derivando intervenciones a entidades privadas, alargando los tiempos de citación… y todo en nombre de la libertad para elegir. Para elegir un seguro privado que, transcurridos los tiempos donde el coste supere la cuota expulsarán sin miramiento al enfermo hacia la sanidad pública; un seguro privado que no preverá en su letra pequeña todas las variables de asistencia, un seguro que triplicará el coste que se ahora se deriva a la seguridad social, seguros e instituciones clínicas que ya están recibiendo a manos llenas dinero público en detrimento de la sanidad de todos y todas retrayendo la inversión en infraestructuras.
Sería conveniente recordar que un estado o Comunidad que no contempla la defensa de sus ciudadanos no es de fiar. Y no, no queda esto referido a la defensa militar, sino a la defensa sobre la enfermedad y, también, sobre la posterior garantía acerca de la percepción de una pensión digna. Porque, como todo el mundo sabe, ofrece más confianza depositar nuestro futuro en un fondo buitre que en el estado del que todos formamos parte. Nos quieren vender las excelencias de la sanidad y pensiones privadas como un ejercicio de libertad, pero eso ya existe y lo hace con la mejor garantía posible, primero, con los mejores profesionales de vocación y formación demostrada a través del MIR; segundo, por las posibilidades de infraestructura y ampliación de éstas si cada euro fuera destinado y administrado por lo público y tercero, porque en todo esto nuestro futuro no estaría hipotecado ante la cuenta de resultados que las empresas privadas deban justificar ante sus accionistas. El estado no roba. Roba quien desde la presidencia de una institución vende el estado ya sus ciudadanos como mercancía sanitaria.
