“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.” (Constitución, Art.47)

El mandato constitucional parece claro, sin embargo el ministro Ábalos considera que hay que compaginarlo con la vivienda como bien d mercado: “es un derecho pero también es un bien de mercado que busca seguridad jurídica… y hay que impedir una detracción del mercado por parte de sus tenedores”.  Habrá que valorar, por tanto, hasta qué punto los poderes públicos han de “imponer”  medidas para “impedir la especulación” y hacer efectivo el derecho constitucional. ¿Qué ha sucedido en el mercado de la vivienda en los últimos años? ¿Cuál es el perfil de los grandes tenedores  y cómo se plantea hoy para las mayorías sociales el acceso a una vivienda digna?.

Algunos datos: El Ayuntamiento de Madrid en 2013 vendió  1.860 pisos de protección al fondo buitre  Blackstone, muy por debajo del precio de mercado. El Gobierno de la Comunidad de Madrid hizo lo mismo  con 2.935 viviendas del plan Joven del IVIMA, que vendió a Goldman-Sachs Azora. Los tribunales han determinado la nulidad de estas operaciones por quebrar “la protección social”, pero lass viviendas no han recuperado su carácter de públicas.

Estos y otros grandes fondos de inversión han acumulado también viviendas privadas procedentes  de las  familias desahuciadas durante la crisis. Viviendas que los bancos habían traspasado a la sociedad semipública SAREB, y ésta repartió en grandes paquetes entre los fondos  en condiciones muy ventajosas para ellos; condiciones a las que no pudieron optar las familias desahuciadas. 250.000 viviendas sufragadas con dinero público terminaron en manos de estos fondos.

Todas estas medidas del poder político consiguieron que en 2018 estos fondos gestionaran más de 240.000 viviendas en España,  que Blackstone fuera el mayor casero privado del país, con una cartera de 32.000 viviendas.  Esta situación nos   hace especialmente vulnerables ante sus flujos especulativos, si tenemos en cuenta que el parque de vivienda pública en arrendamiento en España es sólo del 4% , mientras que Francia  lo triplica y los Países Bajos rozan el 38%.

Y  da lugar a prácticas oligopólicas: control del mercado, distorsión de precios,  bloqueo de toda iniciativa que perjudique su negocio, como la construcción de vivienda pública, o la regulación de alquileres.  De hecho han amenazado al Gobierno con una caída de las inversiones y una subida de precios si lleva a cabo su plan de Vivienda. El representante de Blackstone en España considera “un atropello que se legisle claudicando ante Podemos y la PAH”

Tal oligopolio tiene sus consecuencias en el mercado: la revalorización rápida de sus activos. Blackstone  informa de que  en 2020  sus beneficios han crecido un 86 % . Mientras tanto, el 36,1% de la población destina más del 40% de sus ingresos al pago de vivienda. De esta manera, los desahucios sin alternativa de vivienda continúan. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en los primeros nueve meses de 2020, se han producido 18.138, entre hipotecas y alquileres.

Ante este escenario los movimientos que han lanzado la “Iniciativa por una Ley que garantice el derecho a la vivienda” plantean que la futura Ley  ha de adoptar estas medidas básicas:

–   Stop desahucios de personas vulnerables sin alternativa

–   Asegurar y ampliar el parque público de alquiler social

–   Regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población. La regulación de los alquileres aprobada recientemente en Catalunya ya ha hecho bajar los precios.

–  Ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda hasta llegar al promedio europeo de parque público.

Eubilio Rodríguez Aguado