Todo se remonta a julio de 2021, cuando el Gobierno municipal decidió llevar a Pleno la suspensión cautelar de las licencias de construcción de viviendas así como de las tramitaciones urbanísticas, por el plazo de un año prorrogable a otro más, en el interior del sector “Cristo de Rivas”, con el objeto de proceder a la alteración del planeamiento para redistribuir los usos e intensidades del sector.

De aquel debate, salió aprobada la suspensión de las licencias de construcción en el Sector Cristo de Rivas y Jarama Desarrollos Inmobiliarios interpuso un recurso contencioso administrativo contra esta paralización de licencias, que el TSJM ha desestimado considerando que la suspensión de licencias acordada por el Pleno es ajustada a derecho, es decir, que el Ayuntamiento tiene potestad para hacerlo. Eso ya lo sabíamos, no era necesario contratar la elaboración de un informe jurídico sobre la potestad de planeamiento de la ordenación urbanística del Ayuntamiento de Rivas, por importe de 4.768,61€. ¿No se fía el Gobierno municipal de los técnicos del Ayuntamiento?

Independientemente de la facultad del Ayuntamiento para paralizar las licencias, desde el Partido Popular seguimos considerando que para modificar o corregir determinados aspectos no era necesario paralizar el crecimiento de la ciudad, y en ningún caso se debía afectar a las licencias que ya estaban en tramitación porque fueron solicitadas con anterioridad y tenían que haberse resuelto a la fecha de la paralización de las licencias.

Desde julio de 2021 han tenido lugar una serie de desaciertos y una pésima gestión de este litigio por parte del equipo de gobierno. Desde una consulta popular sin cumplir los requisitos legales, un proceso viciado que han llamado “Rivas párate a pensar”, hasta la contratación del despacho Ezquiaga  Arquitectura, Sociedad y Territorio, S.L. para intentar justificar este despropósito.

El Ayuntamiento ha licitado dos contratos que se han adjudicado a la referida empresa. Uno de ellos por 67.760€ para la redacción de la modificación puntual nº 3 del PGOU de Rivas Vaciamadrid en el ámbito de la zona verde ubicada en la avenida de la Técnica 12-14 y otro por importe de 69.696€ para la redacción de los documentos de información urbanística y diagnóstico de la situación actual y documento de síntesis previo a la revisión del Plan General de Rivas Vaciamadrid. Este dispendio lo consideramos del todo innecesario teniendo técnicos en el Ayuntamiento.

Una de las cooperativas que ya tenía solicitada la licencia de obra mayor con anterioridad a la paralización de las licencias de construcción, Atalaya del Sur, y que tenía previsto construir 152 viviendas, ha decidido emprender acciones legales contra el Ayuntamiento en legítima defensa de sus intereses y los de los cooperativistas, personas que tenían un proyecto de vida en nuestra ciudad y que ha sido cercenado por el empecinamiento de un gobierno al que no le importan los perjuicios que ocasione.

Llama la atención que ahora el Gobierno municipal diga que “la vía judicial sólo servirá para alargar los procesos en marcha” cuando es experto en judicializarlo todo, como hizo con la sentencia que rebajó a diez días la sanción impuesta a un Policía Local al que se suspendió de empleo y sueldo por 3 años y cuatro meses, apelada por el Ayuntamiento y que ahora una instancia superior falla dando la razón al agente.

Para hacer una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, no era necesario paralizar el crecimiento de la ciudad. Esta decisión es perjudicial para todos, para las empresas, para las cooperativas, para los cooperativistas, para los vecinos de Rivas que quieren comprar una vivienda en nuestra ciudad, y para las arcas del ayuntamiento que dejarán de ingresar tasas y licencias urbanísticas, ingresos que permiten dar servicios a los ripenses. La previsible bajada de ingresos es lo que ha provocado la reducción de las bonificaciones al IBI por instalación de placas solares, o que se haya empezado a cobrar el servicio de recarga de los vehículos eléctricos en los puntos municipales, que hasta hace bien poco era gratuito.

Una vez más, serán los ripenses quienes paguen las consecuencias de la mala gestión del Gobierno municipal, que no se “para a pensar” en que debe tomar decisiones para todos con responsabilidad y madurez.