La verdad es que lo que quieren es acabar con la Sanidad Pública.

PP, PSOE, CiU, CC, PNV, fueron los partidos que aprobaron con sus votos en el Parlamento Estatal, la Ley que permite privatizar la sanidad (15/97 o de “Nuevas Formas de Gestión en Sanidad”).

En la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, consejero de Sanidad entre 2003 y 2007, inició efectivamente el proceso de privatizaciones de la Sanidad Pública (ya que todo el área de Salud está transferido a las Comunidades Autónomas). Terminó los ocho hospitales de E. Aguirre, y puso en marcha el nuevo modelo de hospitales, donde todos los servicios no sanitarios son privados, y sobre los que se intentó la macrooperación de venta a la privada unos años después (paralizada por la presión popular). Para que los profesionales y la población no adivinaran la envergadura de lo que estaba comenzando, Lamela se inventó un conflicto donde no existía, el caso de las sedaciones del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Posteriormente, el exconsejero Manuel Lamela, fue imputado en el caso Púnica, uno de los más ‘gordos’ en la Comunidad de Madrid.

El sucesor de Lamela, también con Esperanza Aguirre fue Juan José Güemes, que continuó con la labor de su antecesor. A este le siguió Javier Fernández Lasquetty.

Posteriormente el juez Marcelino Sexmero imputa a la que fue viceconsejera de Sanidad, Patricia Flores, al director general de hospitales, Antonio Burgueño y a los máximos responsables de las empresas, Capio, Ribera Salud, Unilabs y Asisa los delitos contra la hacienda pública, fraude y malversación de fondos públicos. También abrir diligencias para investigar la privatización de los hospitales de Valdemoro, Móstoles y Torrejón. Curiosamente Unilabs compró el 55% de la Unión Temporal de Empresas a la que el propio Güemes, siendo Consejero de Sanidad, adjudicó el servicio público de análisis en seis hospitales madrileños, siendo él mismo (entre 2008 y 2010) miembro de su consejo de administración. Son los seis centros cuya gestión sanitaria privatizó la Comunidad de Madrid.

Ninguno de todos ellos ha desaparecido de escena: la Presidenta Isabel Díaz Ayuso es alumna predilecta de Esperanza Aguirre, Fernández Lasketty es el actual consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, y Manuel Lamela (culpabilizando de todo al gobierno de coalición) intenta sacarle todo el dinero posible en indemnizaciones, su criterio es que ‘hoy la covid es una oportunidad de negocio’.

Los centros de Atención Primaria, cumplieron una tarea fundamental al comienzo de la pandemia, hasta que el Gobierno de la Comunidad de Madrid empezó a detraer personal sanitario, para llevarles al hospital provisional de IFEMA. Esto junto conque las bajas del personal que quedaba no se han ido cubriendo, los centros de salud trabajan en condiciones precarias desde entonces. La pregunta es si ¿esto es negligencia de la administración competente o es una actitud intencionada?

Si al abandono de los centros de salud se añade la merma cada día mayor de competencias, nos lleva a pensar que todo esto puede obedecer a una estrategia perfectamente diseñada.

Madrid, junto con Ceuta y Melilla es la comunidad con menor número de enfermeras por cada 100.000 habitantes, harían falta 4.000 más para llegar a la ratio de 66 que es la media en España.

También en Madrid (en otros sitios en menor medida) con motivo del covid, está proliferando un mercado que raya con la ilegalidad: test a domicilio, test que te los hacen dentro de tu mismo coche, otros que se están haciendo en bazares, en ferreterías, test de auto-uso que se compran por internet,…, mascarillas que se venden en cualquier lado y sin ninguna homologación, etc.

Últimamente se ha desatado el debate sobre los test en las farmacias, donde en las que yo conozco, casi ninguna dispone de espacios para realización de estas pruebas (físico, con suficiente intimidad…), desconozco si con personal suficientemente cualificado, ni tampoco con las suficientes garantías de tratamiento de resultados, custodia, etc. Aunque, lo que más preocupa ahora, es que supone otra detracción de funciones a las enfermeras de los centros de salud. Todo esto tiene que estar dentro del ámbito de la sanidad pública, como única forma de que se observen las suficientes garantías.

Mientras tanto muchos vecinos y vecinas seguimos concentrándonos a las puertas de los centros de salud, porque no vamos a consentir que nos roben la Sanidad P.ublica.

JuanM del Castillo

También te puede interesar