Lo hizo a través de un comunicado en el que puso de manifiesto que los documentos que ha obtenido revelan el plan concebido por el régimen de los ayatolás para “aplastar sistemáticamente las protestas a cualquier costo”.

Explicó que se ha hecho con una copia filtrada de un documento oficial que indica que el pasado 21 de septiembre el Cuartel General de las Fuerzas Armadas emitió una orden a los comandantes de todas las provincias exhortándoles a “enfrentar severamente a los alborotadores y antirrevolucionarios”.

Otro de los documentos, fechado el 23 de septiembre, muestra que el comandante de las Fuerzas Armadas en la provincia de Mazandarán ordenó a las fuerzas de seguridad que “enfrentaran sin piedad, llegando incluso a causar muertes, cualquier disturbio de alborotadores y antirrevolucionarios”.

La organización detalló que, según sus cálculos, en la represión de las protestas, que han incluido agresiones sexuales y otras formas de violencia de género, han muerto al menos 52 personas, entre ellas cinco mujeres y otros cinco niños, entre los días 19 y 25 de septiembre. Dos tercios de esas muertes (unas 34) acontecieron el 24 de septiembre. Sin embargo, considera que el número real de fallecidos es “mucho mayor” y continúa sus esfuerzos para identificar a las víctimas.

AI destacó que cuenta con pruebas que evidencian el “complot” de las autoridades iraníes para reprimir las manifestaciones a través del despliegue de la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar Basij, el Comando de Aplicación de la Ley de la República Islámica de Irán, la policía antidisturbios y agentes de seguridad vestidos de civil.

También dijo contar con evidencias que atestiguan el “uso generalizado de fuerza letal y armas de fuego” por parte de las fuerzas de seguridad iraníes que “tenían la intención de matar a los manifestantes o deberían haber sabido, con un grado razonable de certeza, que el uso de armas de fuego provocaría muertes”.

Ante esta situación, la secretaria general de Amnistía, Agnes Callamard, declaró que “las autoridades iraníes decidieron a sabiendas dañar o matar a las personas que tomaron las calles para expresar su ira por décadas de represión e injusticia” y denunció que “en medio de una epidemia de impunidad sistémica que ha prevalecido durante mucho tiempo en Irán, decenas de hombres, mujeres y niños han sido asesinado ilegalmente en la última ronda de derramamiento de sangre”.

Por ello, aseveró que “sin una acción colectiva decidida por parte de la comunidad internacional, que debe ir más allá de las meras declaraciones de condena, muchos más se enfrentan a ser asesinados, mutilados, torturados, agredidos sexualmente o encarcelados únicamente por su participación en las protestas”. A su juicio, se hace necesario “un mecanismo internacional independiente de investigación y rendición de cuentas”.

Amnistía Internacional recabó pruebas audiovisuales y testimonios de testigos presenciales, de los cuales concluyó que “ninguna de las 52 víctimas identificadas representaba una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves que pudiera justificar el uso de armas de fuego contra ellas”.

La organización alertó de que, “en un intento por absolverse de la responsabilidad por las muertes”, las autoridades locales “han compartido narrativas falsas sobre las víctimas, intentando presentarlas como ‘personas peligrosas’, ‘violentas’, o afirmando que habían sido asesinadas por ‘alborotadores’”.

También afirmó que las autoridades “han estado intimidando y acosando a las familias de las víctimas para que guarden silencio o les prometan una compensación económica si graban vídeos en los que atribuyen la responsabilidad de la muerte de sus seres queridos a los ‘alborotadores’ que trabajan para los ‘enemigos’ de la República Islámica de Irán”.

Por último, arguyó que la normativa internacional de derechos humanos establece que “si algunos manifestantes cometen actos violentos, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben asegurarse de que quienes permanecen en paz puedan seguir protestando sin sufrir injerencias indebidas o intimidaciones por parte de las fuerzas de seguridad”.

Concluyó recordando que “cualquier fuerza utilizada en respuesta a dicha violencia debe cumplir en todo momento con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad de conformidad con el derecho internacional”, por lo que “las fuerzas de seguridad no deben usar armas de fuego excepto para defenderse a sí mismos o a otros contra una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, y sólo cuando los medios menos extremos y dañinos sean insuficientes para proteger la vida”.