La diputada ripense Carmen Barahona ha denunciado en la Asamblea de Madrid “la discriminación que sufre una parte de la población ripense” en relación con las tarifas del transporte público.
Mónica Carazo: “Estaremos muy pendientes del cumplimiento de esta enésima promesa, que se suma a otras tantas que se han quedado siempre olvidadas en un cajón”.
Ante la enésima promesa del Gobierno regional, esta vez en boca de su consejero de Transportes, David Pérez, el PSOE de Rivas seguirá reclamando a la Comunidad de Madrid que unifique las tarifas del transporte urbano en la ciudad en la Zona B1 y que deje de generar un agravio comparativo entre la ciudadanía ripense.
“Estaremos muy pendientes del cumplimiento de esta enésima promesa, que se suma a otras tantas que se han quedado siempre olvidadas en un cajón”, ha asegurado la vicealcaldesa y secretaria general del PSOE en Rivas, Mónica Carazo, tras la intervención ayer de David Pérez a preguntas de la diputada socialista Carmen Barahona.
Esta división tiene su origen en 1986 y, desde entonces, los distintos gobiernos de la Comunidad de Madrid han ignorado las peticiones formuladas por el Ayuntamiento de Rivas. En el pleno de la Asamblea de Madrid, celebrado este jueves, la diputada ripense Carmen Barahona ha preguntado sobre este proyecto al consejero, que ha prometido, una vez más, corregir esta situación durante la próxima revisión del mapa concesional del transporte público en la región.
Barahona ha denunciado “la discriminación que sufre la población ripense” como consecuencia de esta división tarifaria y ha recordado al consejero que su Gobierno ya “no tiene excusa ni fundamento”, después de llevar 30 años “estudiándolo”, que “no se iban a revisar las tarifas solo de un municipio” y que la reivindicación de Rivas se estudiaría en una reordenación conjunta de la que el municipio ha vuelto a quedarse fuera, a pesar de haber afectado a 129 municipios de la Comunidad de Madrid.
“¿Hasta cuándo van a seguir engañando a la ciudadanía ripense?”, ha preguntado Barahona al consejero, acusando a la presidenta Díaz Ayuso de “colocar trincheras para no favorecer una demanda social que contribuye a facilitar los intercambios y desplazamientos de la población ripense”.
Por su parte, Carazo ha destacado que, al margen del agravio comparativo entre vecinos y vecinas de una misma ciudad, la situación genera los problemas de movilidad en la ciudad como consecuencia de las personas que viven en la zona B2 y se desplazan en sus vehículos para coger el transporte en la B1 y poder ahorrarse unos euros.
