Una de las ‘asignaturas’ pendientes desde la primera transición, es la democratización de la justicia. Los jueces que la dictan son los mismos heredados de la dictadura o, en muchos casos sus propios hijos e hijas. Porque, ¿quiénes son los que acceden a la carrera judicial? Aquellos y aquellas que tienen poder económico suficiente, para dedicar largos años de estudio o/y opositar una y otra vez hasta que lo consiguen. El poder judicial se nutre así mismo y por tanto la ideología se reproduce en los nuevos que van llegando. Es urgente cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial.
Un juez conservador podría ser un gran juez, pero si ha asumido su verdadero papel y respeta las directrices y valores de la democracia.
En varias ocasiones he escrito sobre este tema: ¿Quiénes gobiernan en España, los políticos o los jueces? Hay algunos partidos que sistemáticamente, cuando pierden votaciones en el parlamento, automáticamente trasladan la decisión sobre las mismas a los jueces por medio de denuncias. Evidentemente esto lo hacen, porque consideran que las sentencias de los jueces les van a favorecer.
Los jueces se definen como imparciales ‘no militantes’ y con eso pretenden decirnos que son independientes, cuando todos sabemos que eso no es cierto, los jueces toman partido y hacen política mediante sus sentencias. Y lo que es peor, también configuran ideología: admiten una y otra vez querellan absurdas contra periodistas, músicos, titiriteros, políticos…, por sus opiniones y que no llevan a ningún sitio, pero de entrada y mientras dure el procedimiento, han destruido la imagen y la profesionalidad del enjuiciado. Incluso, son capaces de dictar sentencia condenatoria con pruebas inexistentes, como es el caso reciente del diputado de Podemos Alberto Rodríguez, que a pesar de no haber podido probar nada, ha sido condenado, porque es necesario (para la derecha) sacarlo del parlamento. Podemos lleva más de quince querellas sobreseídas por falta de fundamento (pero todas ellas habían sido admitidas por algún juez). Mientras, campean libremente los xenófobos, homófobos, racistas, enaltecedores del fascismo, etc. Todo esto crea sensación de impunidad, de inseguridad en la ciudadanía.
En nuestro sistema, las sentencias hay que cumplirlas, pero nada nos obliga a aceptarlas. Tenemos todo el derecho a no estar de acuerdo con ellas, a criticarlas o incluso a criticar los procedimientos o a quienes las dictan.
En otros países los jueces sí son militantes, militantes antifascistas y velan por los derechos humanos y la pureza de la democracia. Esta tiene que ser la referencia de los jueces, además de la Constitución, de no ser así, cada cual tendrá aquellos referentes con los que se identifique y si esto se hace corporativo, el peligro es total. Todos los jueces de la Unión Europea están en contra de la persecución de los independentistas catalanes, de Puigdemón por ejemplo, menos los jueces españoles que se empecinan en lo contrario. Hasta se han pronunciado contra los indultos, que es prerrogativa del Gobierno y una decisión política para restañar la convivencia.
A los distintos tribunales, pero más aún al Consejo General del Poder Judicial se le ha ido dotando de tal cantidad de atribuciones, que llegan a interferir en las funciones del propio Gobierno. Y por encima de los jueces no existe ningún otro poder, solo los tribunales de la Unión Europea, este vínculo es el único que hoy puede asegurar el cumplimiento de la norma democrática.
La estructura judicial es democrática si representa a aquellos que han sido elegidos por los ciudadanos y respeta la voluntad popular. Los jueces no han sido elegidos en las urnas. Los gobernantes sí. Los jueces son meros funcionarios cuyo cometido es aplicar la Ley que elaboran y aprueban los políticos. Y el Tribunal Supremo, por tanto, deberá ser elegido por comisión parlamentaria y acorde con los resultados electorales.
Evidentemente España tiene que democratizar su poder judicial.
