Día: febrero 14, 2019

Introducción En enero de 2015, treinta y seis organizaciones sociales y políticas suscribieron un Acuerdo por una gestión pública, transparente y participativa del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, con el compromiso de defender su contenido, tanto desde la sociedad, como desde las instituciones que se conformasen tras las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarían cinco meses más tarde. Este Acuerdo supuso un hito en la lucha contra la privatización del Canal de Isabel II (CYII) y en la capacidad de los movimientos sociales para lograr un consenso amplio respecto al modelo de gestión que debería adoptarse. El resultado de las elecciones de 2015 en la Comunidad de Madrid constituyó un cambio cualitativo tanto en la Asamblea de Madrid, donde el Partido Popular perdió la mayoría absoluta, como a nivel local, en el que las candidaturas progresistas pasaron a gobernar en muchos de los ayuntamientos más poblados de la región consiguiendo en el resto avances significativos. Se configuró, así, una correlación de fuerzas favorable a la paralización del proceso de privatización del CYII, y a los avances hacia un modelo de gestión público, democrático, transparente y con rendición de cuentas, y a la implementación del derecho humano al agua y al saneamiento que, en buena parte, articulaban el Acuerdo. Con este nuevo escenario político e institucional, se sentaron las bases para impulsar en la Comunidad de Madrid el movimiento en defensa del agua pública, en la medida en que los gobiernos municipales del cambio estaban sustentados por fuerzas políticas que habían suscrito los compromisos del Acuerdo de forma que, durante la legislatura que ahora termina, se fortaleció la coordinación entre las organizaciones sociales que apoyan la gestión pública de los servicios de abastecimiento y saneamiento y el municipalismo. Esto se materializó en la realización de sendos encuentros en 2015 y 2016 en los que se definieron los ejes estratégicos que se han desarrollado hasta ahora y que han tenido concreciones relevantes como la aprobación de mociones en decenas de ayuntamientos, que abarcan a más del 80% de la población de la región, en las que se exigía la paralización definitiva del proceso de privatización del CYII, la reforma drástica del modelo de gestión vigente y la implementación del derecho humano al agua. Como resultado de un mandato expreso del segundo encuentro, en octubre de 2018 se constituyó la Red de ciudades y pueblos por el agua pública en la Comunidad de Madrid que integra a representantes de los ayuntamientos y de la ciudadanía interesados en el agua pública en todas sus manifestaciones, incluyendo las relacionadas con los servicios del ciclo integral, los culturales, académicas y educativas, medioambientales, artísticas, sociales y urbanísticas, entre otras. La coordinación entre el movimiento por el agua pública y las fuerzas políticas progresistas se ha materializado también en la Asamblea de Madrid, donde se han impulsado iniciativas en defensa del reconocimiento del mínimo vital de agua y la prohibición de cortes de suministro y, especialmente, en la presentación en 2017 del proyecto de Ley de medidas para el establecimiento de un nuevo modelo de gestión pública transparente, democrático y participativo del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, defendido por el grupo socialista y por Podemos, y rechazado con los votos del PP y de Ciudadanos. En el momento actual, tras la aprobación por la Asamblea de Madrid de una proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2008, se ratifica la titularidad 100% pública del capital de la sociedad anónima CYII, pero se mantiene el modelo de gestión vigente de naturaleza mercantil con ánimo de lucro, su opacidad, su ineficiencia, la nula rendición de cuentas y participación ciudadana, y la falta de controles internos y externos. Estas circunstancias son las causas estructurales que han facilitado la corrupción en el CYII, con la aparición de diferentes tramas (Lezo, Púnica y Tosca) que, como resultado de las investigaciones judiciales en marcha, ha supuesto la imputación y/o el encarcelamiento de un gran número de altos cargos de la Comunidad de Madrid y de directivos del Canal de Isabel II, entre los que se encuentran los expresidentes de la Comunidad de Madrid Ignacio González y Alberto Ruiz Gallardón. La implantación del modelo de gestión mercantil ha tenido como consecuencia la subordinación de los intereses de los ayuntamientos a los de la sociedad anónima a través de las condiciones establecidas en los convenios que se formalizaron en un marco de privatización del Canal y que debería revisarse para adecuarlos a la situación actual y a una relación de cooperación entre administraciones. En la Comunidad de Madrid hay ayuntamientos en los que el suministro de los servicios de abastecimiento y alcantarillado se realiza por gestión municipal d colectivo, equidad, control democrático, sostenibilidad y no deterioro de las masas de agua. La actual gestión del agua es responsable directa del mal estado de los ríos madrileños, lo cual incide negativamente en la mala calidad del curso medio del Tajo. En consecuencia, exigimos que en la gestión del abastecimiento de agua se garanticen regímenes de caudales ecológicos adecuados, y en el caso del saneamiento se tenga en cuenta la exigencia de garantizar una buena calidad de las aguas. También consideramos urgente afrontar de forma participativa los impactos del cambio climático en la disminución de la disponibilidad de los recursos hídricos y en la inexcusable necesidad de reducir y gestionar en consecuencia las demandas de agua, con el fin de garantizar su uso sostenible y equitativo. En consecuencia, exigimos al gobierno regional que de una vez concrete una estrategia participativa frente al cambio climático e instamos a los gobiernos locales a que realicen actuaciones de adaptación al cambio climático que necesariamente deberán fomentar las capacidades sociales y la articulación de planes participados de gestión de riesgos de sequía e inundaciones. 2. Asumimos el derecho humano al agua y al saneamiento en los términos definidos por Naciones Unidas, que lo configuran como un derecho de prestación que deberán garantizar los poderes públicos de acuerdo con criterios fundamentales (universalidad, equidad,