Pero la Cañada Real Galiana es mucho más que esos yonkis y los que les surten de veneno, que con frecuencia roban el protagonismo a los 7.500 habitantes del mayor asentamiento ilegal de Europa en una urbe. El poblado existe y su realidad es muy distinta más allá de la iglesia, símbolo de la ayuda a los últimos de la sociedad; más allá de esa explanada con algunas tiendas de campaña que emplean drogadictos; y más allá de las casuchas aledañas derruidas por ser despachos de droga.

Hay un entramado de entidades sociales, culturales, vecinales, sanitarias e institucionales que valoran las necesidades, explica el párroco de la Cañada, Agustín Rodríguez, con tres décadas de experiencia con drogodependientes y población excluida. El virus es otra preocupación añadida que evalúan. En el sector seis solo ha fallecido por la pandemia un vecino y han detectado diez contagios. La cifra parece discreta, pero la duda es porque la población no suele acudir al médico hasta que no se encuentra muy enferma.

Cruz Roja entrega estos días comida y material de higiene a 150 familias en la Cañada con siete unidades móviles. La institución recibe una lista según el protocolo de Servicios Sociales que dice en qué vivienda debe dejar alimentos. En algunos casos también medicinas.

El confinamiento en la Cañada nada tiene que ver con el de otras zonas de la capital. La Comunidad de Madrid ha pedido en los últimos días que acuda la Unidad Militar de Emergencias (UME). Dos veces por carta y cuatro por videoconferencia, aseguran fuentes de la administración. “Yo pedí a los superiores apoyo del Ejército y de la UME porque si no hacemos más control es por falta de medios”, explica José Tortosa, Comisionado de la Cañada Real Galiana. “En el sector seis hay que hacer más hincapié en el confinamiento, porque si se empiezan a contagiar, están perdidos”, argumenta. Pero no es fácil, reconoce. “Estar todo el rato encerrado en esas casas por las condiciones de las viviendas es complicado”, concede Tortosa. Las casas, efectivamente, son con frecuencia pequeños habitáculos de ladrillo, madera o metal. En su mayoría con humedades, oscuras y pequeñas o muy pequeñas. La gente, por tanto, se acaba echando a la calle. Algunos van con mascarillas fabricadas con lo primero que han encontrado, un trapo, un sujetador o un pañuelo. La mayoría, sin nada.

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general Miguel Ángel Villarroya, dijo el martes que al Ejército no le consta la petición de la Comunidad. La Cañada no es un lugar adecuado para que sea desplegada la UME, reconocen fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez. Entienden que por su perfil y conflictividad debe seguir siendo patrullado por quienes lo hacen normalmente y conocen el terreno, que son los agentes de la Policía Nacional.

Este cuerpo sigue patrullando estos días pero, aparentemente, hace la vista gorda. Multar al que está en la calle sin motivo no parece una prioridad. Es la zona marroquí, donde residen algo más de 200 personas. La vida transcurre con normalidad. Nadie lleva mascarilla y niños y adultos van para arriba y para abajo.

La comida que les ha dejado Cruz Roja se amontona en la caseta de sus padres, de tablones pintados de rosa y techumbre de lona de plástico. Jorge, de 41 años, y María, de 44, se afanan en abrir las cajas. Los niños y niñas llevan más de un mes, como todos los niños de Madrid, sin pisar el colegio. Pero aquí no hay ordenador ni clases a distancia. “ lo que aprendieron se les está yendo”, dice una madre.

La Cañada Real Galiana se quedó con ese nombre porque procedía de una vía pecuaria que servía para el paso de animales. El asentamiento ilegal mide 14,4 kilómetros de largo y está dividido en seis sectores. Un lugar peculiar no solo por su extensión, sino por las personas que viven allí: unas 7.500 repartidas en 2.500 familias, una mezcla de 17 o 18 nacionalidades. “Esa diversidad hace que sea un asentamiento muy distinto a otros, es muy singular”, reconoce José Tortosa, el comisionado de Cañada Real. “Es famoso por la drogadicción, pero tampoco es lo único que hay ahí. Eso es importante para no estigmatizarles”, recalca.

Ahora, con el coronavirus, las ayudas a la población están coordinadas por un mando único formado por las dos administraciones, la regional y la del Ayuntamiento de Madrid, y por un equipo de análisis, donde hacen un trabajo esencial Cáritas, Cruz Roja y la parroquia del padre Agustín. Ese es el presente. Pero el futuro pilota en torno al pacto histórico de 2017: cuando todos los grupos políticos de la Asamblea y los Ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas se pusieron de acuerdo. “Fue un consenso unánime, y ahora hay que ejecutarlo”, asume Tortosa. Todo va lento. Realojar a los habitantes, a día de hoy, parece una quimera. (Tomadas algunas notas de El Paìs).

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