La Red de Ciudades Contra la Impunidad del Franquismo da cuenta en el Congreso de los Diputados de las 10 querellas presentadas y las previsiones de otras nuevas
Representantes de los ayuntamientos de Pamplona, Barcelona, Rivas, Vitoria, Cádiz, A Coruña, Zaragoza y Elgeta se han reunido esta mañana con portavoces de los intergrupos parlamentarios español y europeo, con el doble fin de exponer el trabajo de las distintas corporaciones municipales para presentar querellas contra crímenes del franquismo y de plantear a los parlamentarios la necesidad de que continúen y profundicen su labor para conseguir eliminar las trabas legales y políticas que frenan en España la acción judicial contra los crímenes de la dictadura franquista.
Rivas ha estado representada por el concejal de Participación, Antonio Flórez, quien ha sido uno de los cuatro intervinientes por parte de los ayuntamientos. Flórez ha expuesto el trabajo realizado desde enero de 2016, fecha en que se presentó y resultó aprobada la moción para interponer una querella contra crímenes de la dictadura ejercidos sobre vecinos ripenses o sus familiares, hasta la presentación de dicha querella, el pasado 18 de diciembre.
El edil ha dado cuenta del estado actual de la misma, que es la primera y única que permanece aceptada a trámite «a pesar de la recomendación de archivarla hecha por la Fiscalía». Flórez ha recalcado que con esa actuación «en bastante medida es el Gobierno el que se retrata», ya que la Fiscalía es un órgano cuyos miembros pricipales son nombrados por el Gobierno.
El edil de Participacion ha señalado que «es imprescindible modificar la legislacion para que querellas como las que estamos presentando los ayuntamientos sean admitidas e investigadas de forma normal» y que ello «no dependa del mayor o menor coraje de un juez que tenga que enfrentarse a la Fiscalia».
Tanto la portavoz del intergrupo de Memoria del Congreso, Marian Beitia (EH Bildu), como su homólogo en el Parlamento Europeo, Miguel Urban (Podemos), han reconocido que «no ha sido posible en esta legislatura llevar a buen puerto las iniciativas que hemos emprendido en el sentido que los ayuntamientos nos reclaman» y se han comprometido a seguir intentando introducir en la legislación española «los cambios necesarios para terminar con aquella legislacion que el Derecho Internacional no reconoce como legítima», en clara referencia a la Ley de Amnistia de 1977.
