En estos días en que las noticias se suceden a una velocidad que no nos permite ni asumirlas, hay otras en las que deberíamos detenernos, aunque el objetivo sea entretenernos para que pasen desapercibidas. No es normal que, siendo muy importante lo de la Palma, mientras ha habido erupción, solo eso pasaba en el mundo. Ahora toca el virus, solo hay ómicron, contagios y más contagios. Casi ni nos hemos enterado de que se han aprobado los presupuestos generales, también la reforma laboral y la nueva ley de pensiones, que están preparando el sobreseimiento de la causa del ‘emérito’ y que vuelva a España a una nueva residencia que paguemos entre todos (por si no nos hubiera robado poco), o que Rajoy y Cospedal se ‘vayan de rositas’ después de haber dirigido el mayor escándalo de espionaje de la historia… En la Comunidad de Madrid también se han aprobado los presupuestos, los de Vox quieren imponer el ‘pin parental’ en los centros escolares y nos quieren colar, entre fiestas navideñas, ola de contagios, nocturnidad y alevosía, la modificación de más de cuarenta leyes que les permitan gestionar solo desde el gobierno de Ayuso, sin control de la Asamblea, e imponer temas como la privatización de la sanidad, modificación de usos de suelo en los parques regionales, etc.

Estoy convencido de que para que haya democracia tiene que haber ‘separación de poderes’: el ejecutivo, el legislativo y el judicial tienen que ser estamentos independientes y con preparación, capacidad y libertad para tomar decisiones.

Pero a su vez, si esta correlación de poderes del Estado, garantista del buen funcionamiento y de la legalidad, no funcionara, tendrían que existir mecanismos de corrección para que el buen funcionamiento de la ‘democracia’ esté de verdad garantizado. De no ser así, ya no será una democracia y en nuestro país llevamos tiempo asumiendo un riesgo evidente de disfuncionalidad para convertirnos en otra cosa.

En los últimos años se han venido destapando, incluso juzgando y sentenciando numerosos casos de corrupción, de alguna manera institucionalizada desde las más altas cúpulas del poder, hasta todos los demás estamentos administrativo-políticos de numerosos órganos en escala descendente. Desde las famosas ‘tarjetas black’ en Madrid, las ITV en Cataluña, los eres en Andalucía, Port Aventura en Valencia, etc., todos estos casos, que, a pesar de ser mil millonarios, podrían considerarse menores. Seguidos por las ‘operaciones del Canal de Isabel II en Madrid, la Gurtel, la Púnica, Lezo…, Génova, discos duros, Bárcenas, etc.

Bien es cierto que todo esto empieza con la compra de dos simples votos, los de dos diputados que salieron en las listas socialistas que encabezaba Rafael Simancas (Eduardo Tamayo y Teresa Sáez) en las elecciones de 2003 y después se vendieron al otro partido competidor, para alterar las elecciones en la Comunidad de Madrid y que saliera elegida presidenta Esperanza Aguirre del Partido Popular. Una corrupción que parece menor, pero que planta los cimientos de todo lo que vendrá después, de la mano (y la obra) de su partido.

Todos los órganos del Estado (normalmente) se van renovando cada cuatro años. En el caso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es cada cinco. No necesariamente tiene que coincidir con la renovación de los gobiernos en cada elección, pero sí cumpliendo ese plazo reglamentado. Y para la renovación de algunos de estos órganos de rango superior, son necesarias mayorías cualificadas de tres quintos de los diputados elegidos en el Congreso y Senado.

En este último periodo, el CGPJ lleva más de tres años caducado en su mandato. Y el Partido Popular se niega, vulnerando el mandato constitucional, a que éste sea renovado. Las razones son muy evidentes, la composición de este alto tribunal está integrada por mayoría de jueces de derechas y muy agradecidos al PP, empezando por su presidente Carlos Lesmes y este, el PP, da por supuesto que sus sentencias y recomendaciones, siempre serán favorables a sus intereses, porque demasiado frecuentemente así ha venido siendo en estos últimos ocho años con esta dirección judicial en el poder. Por ende, todos los nombramientos de los demás tribunales, los hacen ellos y también se presupone que lo harán teniendo muy en cuenta su ideología y posicionamientos políticos. El CGPJ está caducado en su mandato y simplemente les cabría dimitir (después de tanto tiempo en funciones), pero eso no lo van a hacer, probablemente a ellos mismos no les interesa (solo sería un acto de dignidad), pero al partido que les ha puesto (el PP) menos aún, tienen demasiados casos de corrupción abiertos como para dejarlos en manos de otros jueces, simplemente imparciales…

Por tanto, se dan dos situaciones insostenibles e injustificables si nos queremos definir como ‘democracia’: un partido decide incumplir la Constitución no renovando la cúpula judicial (como es su obligación) porque considera que eso le perjudica; y segundo, la cúpula del poder judicial es el tope máximo de autoridad, incluso por encima del Gobierno o del Parlamento, a pesar de que los jueces no son elegidos por el pueblo. Pero por encima de ellos no existe ninguna otra autoridad y por tanto pueden hacer lo que ‘les venga en gana’.

En este momento, hay dos situaciones que son bochornosamente flagrantes en este extraño y manipulado mundo de la justicia:

  • Están más que probadas las sucesivas ‘apropiaciones indebidas’ de Juan Carlos de Borbón, aprovechándose de su función como rey de este país. Cuando llegó a la Jefatura del Estado, era un hombre arruinado, no disponía de capital, ni de patrimonio, hoy son él y su familia inmensamente ricos.

El propio Juan Carlos ha reconocido el incremento no justificado de su fortuna y el aprovechamiento abusivo de su condición de representante del Estado y de su inviolabilidad como monarca. Lo ha hecho de palabra y de obra, regularizando algunos impuestos no devengados a la Hacienda Pública con sus continuas evasiones de capital.

  • El otro caso es el del expresidente Mariano Rajoy y la Secretaria General del Partido Popular, que montan una operación de espionaje, robo y extorsión a terceros, para ocultar todas aquellas pruebas que les pudieran implicar (como personas y como partido) en las operaciones de corrupción que en este tiempo se están juzgando. La comisión de investigación del Congreso concluye que Rajoy y Cospedal ordenaron la ‘operación Kitchen’. “La cúpula directiva del Partido Popular ordenó la utilización partidista, delictiva e ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior», concluye el texto aprobado.

Los dos casos son a cual más inauditos y en los dos, el Gobierno y el Congreso están maniatados para tomar cualquier tipo de decisión: para suprimir la inviolabilidad del Rey habría que cambiar la Constitución y los partidos de derechas (al menos) no lo aprobarán. Esto impide juzgarle por sus más que demostradas ‘apropiaciones indebidas, evasión, etc.’. En el caso de la Kitchen, la comisión de investigación hace una condena política, la condena penal les corresponde a los jueces y, presumiblemente, tampoco la harán.

¿Es a esto a lo que llamamos ‘democracia’? Son muchos los aspectos por lo que se podría cuestionar la democracia, pero es que en estos dos casos tomados como ejemplo, sí se pone en cuestión; También queda muy malparado el poder judicial, que se supone completamente imparcial para que pueda garantizar que ‘la justicia es igual para todos’.

Evidentemente la justicia no es igual para todos, Pero el Estado debería proporcionarse algunos mecanismos eficaces de control, porque ninguno de estos dos casos (u otros) tienen fin en sí mismos, se podrán reproducir una y mil veces, y mucho más ahora que los corruptos ya conocen el camino y saben que se pueden ‘ir de rositas…’.

JuanM del Castillo

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