Convocan a trabajadores, estudiantes y docentes frente a un ataque sin precedentes de Ayuso a la financiación universitaria.
La Coordinadora de las Plataformas en Defensa de las seis Universidades Públicas Madrileñas ha convocado una huelga de trabajadores, estudiantes y docentes contra las políticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid, el miércoles y el jueves de esta semana.
Los convocantes, de la Universidad Complutense, Autónoma, Politénica, Carlos III, Rey Juan Carlos y Alcalá de Henares, llaman al paro universitario bajo el lema ‘Si no hay respiro para las universidades públicas, no habrá paz para quienes nos asfixian’.
La Comunidad de Madrid destina un porcentaje menor del PIB al exigido por la Ley
Los motivos que esgrimen las plataformas es que «la Comunidad de Madrid destina menos del 0,5% del PIB a la universidad pública (la ley exige el 1%)» y que entienden que el ejecutivo madrileño les quieren «asfixiar para privatizarlas».
Según la coordinadora, el borrador de la ley de universidades regional «recorta financiación, autonomía y libertad de expresión en los campus». Por ello, instan a defender «una universidad pública, gratuita, crítica y al servicio de la sociedad» y que no se permita «que la conviertan en negocio».
DigniMad muestra su preocupación por el futuro de la investigación
Desde Dignidad Investigadora Madrid – DigniMad rechazan los nuevos borradores de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), filtrados en junio y octubre, al constatar que «no introducen mejoras» y, por el contrario, «agravan la precariedad» que afecta tanto a la universidad pública como a los centros de investigación de la región.
Este colectivo ha elaborado un informe analizando el borrador. Según el presidente de DigniMad, Félix Martínez, “esperábamos que, al filtrarse el Libro II sobre ciencia, encontrásemos respuestas a la precarización de nuestros trabajos. Sin embargo observamos que el texto no responde estas preguntas, sino que sigue dejando en vilo el futuro de la investigación en Madrid”.
Las nuevas menciones a la “vocación investigadora” vuelven a situar el marco en «héroes y heroínas» en lugar de «personas que tratamos de hacer cada día bien nuestro trabajo y que necesitamos recursos suficientes para llevarlo a cabo», denuncia Martínez. Este marco desoye completamente las reivindicaciones del sector y ahonda en su precariedad. Por si fuera poco, el refuerzo que hacen los borradores de la colaboración público-privada «aboca a la investigación a una infrafinanciación crónica que debe paliar con ingresos externos», denuncian desde el colectivo de investigadores, haciendo la investigación dependiente de los intereses privados.
Otro aspecto preocupante son las recurrentes menciones a la «no politización/ideologización» de la investigación, que abren la puerta al legislador a dictaminar qué se puede y qué no se puede investigar. Cuestiones como la desigualdad de género o el cambio climático —tildados en repetidas ocasiones como «ideológicos»— podrían estar bajo el punto de mira de las autoridades políticas, consideran desde DigniMad apelando a los ejemplos de otros países de nuestro entorno. A esto se suma «un régimen sancionador salvaje y anticonstitucional que no merece ni un análisis por nuestra parte», añaden.
En resumen, según DigniMad, la propuesta de la Comunidad de Madrid perpetúa la precariedad de los investigadores, la infrafinanciación crónica de las universidades y centros de investigación, desprotege la libertad de investigación, enseñanza y expresión de su comunidad, y abre la puerta a la injerencia y dependencia de intereses económicos privados.
