La Asamblea de Madrid rechaza una Proposición de Ley, para crear un fondo de emergencia alimentaria en la región.

El pasado 24 de octubre de 2018, cuatro ayuntamientos presentaban en la Asamblea de Madrid, una iniciativa parlamentaria para que se crease un fonde de emergencia alimentaria para familias en extrema precariedad. Zarabanda lo publicaba en el artículo  https://zarabanda.info/?s=fondo+emergencia+alimentaria . Hoy la Asamblea de Madrid ha rechazado la Proposición de Ley, proveniente de esa Iniciativa Legislativa Municipal, para crear un fondo de emergencia alimentaria, coordinado por la Comunidad, y un observatorio de la alimentación en la región.

La normativa no ha salido adelante por la oposición de PP y Ciudadanos, con 64 votos, frente a los 63 a favor de los socialistas y Podemos. Los municipios de Madrid, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Móstoles y Valdemoro apoyaban esta normativa para «garantizar el derecho a la alimentación de todos los madrileños».

Entre otras medidas, planteaban la creación de un Fondo de Emergencia Alimentaria en la Comunidad de Madrid, dotado con recursos de la Administración regional, así como la puesta en marcha de un Observatorio de Emergencia Alimentaria para hacer un seguimiento de la situación.

En la proposición se recuerda que el 28 por ciento de las familias en Madrid están en el umbral de la pobreza. Lo que se pedía es que la Comunidad abordara esta cuestión de manera global, con un fondo de emergencia alimentaria, coordinado por la Comunidad, y un observatorio de la alimentación en la región. Los ayuntamientos aportarían planes municipales para atender las necesidades alimentarias de la población.

Además, se pretendía que con esta Ley cada municipio presentara a la Comunidad de Madrid un Plan de mejora del acceso a la alimentación que podría incluir las distintas medidas y servicios que, en el ámbito de su competencia, tengan como objeto «garantizar de forma efectiva el derecho a la alimentación».

Incluso, en cada municipio se hubiera creado un órgano administrativo que fomentara y facilitara la participación de las personas que se encuentren en situación de necesidad alimentaria en el proceso de elaboración y aprobación de las políticas públicas municipales de garantía del derecho a la alimentación, así como en el control y seguimiento de las mismas.