El Gobierno aumenta la financiación del sistema, mientras sindicatos y entidades sociales reclaman más calidad en el empleo
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) contará con 2.218 millones de euros adicionales tras la aprobación por el Consejo de Ministros de un Real Decreto-Ley que incrementa la financiación estatal. La medida permitirá que la aportación del Estado supere los 7.239 millones de euros en 2027, con el objetivo de reforzar la atención a las personas mayores y a quienes tienen una discapacidad en situación de dependencia.
El anuncio ha sido recibido de forma positiva tanto por los sindicatos CCOO y UGT como por la Plataforma del Tercer Sector, aunque ambas organizaciones coinciden en que el incremento presupuestario solo será eficaz si se traduce en una mejora real de la calidad asistencial, las condiciones laborales del personal y el compromiso financiero de las comunidades autónomas.
Más financiación para un sistema con necesidades pendientes
El aumento de la inversión estatal supone la continuidad de los compromisos iniciados con el Plan de Choque de Dependencia (2021-2023) y busca avanzar hacia el objetivo de que el Estado financie el 50 % del coste del sistema en 2027.
La Plataforma del Tercer Sector considera que este refuerzo económico llega en un momento clave, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la Ley de Dependencia. A su juicio, el sistema arrastra desde hace dos décadas problemas derivados de la infrafinanciación, las listas de espera, los elevados copagos, la burocracia y las diferencias existentes entre comunidades autónomas.
La organización sostiene que la nueva inversión puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la red de atención, aunque insiste en que las autonomías deben mantener o incrementar su propio esfuerzo económico y no reducirlo aprovechando el aumento de la financiación estatal.
Los sindicatos reclaman más servicios y mejores empleos
Por su parte, CCOO y UGT valoran que el Gobierno haya retomado el incremento de la financiación del SAAD, pero advierten de que los nuevos fondos deben estar vinculados a objetivos concretos de calidad de la atención y calidad del empleo.
Los sindicatos recuerdan que el Plan de Choque contemplaba que la financiación estuviera condicionada al cumplimiento de estándares asistenciales y laborales, una orientación que, según denuncian, se ha perdido desde 2024 al mantenerse los criterios de reparto sin evaluar los resultados obtenidos en cada territorio.
Además, alertan de que la reducción de las listas de espera se está apoyando cada vez más en prestaciones económicas para cuidados familiares, que ya representan el 44,7 % de las personas atendidas, con ayudas medias de entre 172 y 382 euros mensuales, frente al desarrollo de servicios profesionales.
Mejorar la atención y reducir las desigualdades
Los sindicatos destacan que desde 2021 el número de personas protegidas por el sistema ha aumentado en más de 570.000, aunque consideran que los 8.262 millones de euros adicionales incorporados por el Estado durante este periodo no han tenido un reflejo equivalente en la creación de empleo estable y de calidad.
Tanto CCOO y UGT como la Plataforma del Tercer Sector coinciden en que la financiación adicional debe servir para reducir las listas de espera, reforzar los servicios profesionales, disminuir los copagos, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector y garantizar una atención de mayor calidad.
Las entidades sociales también confían en que este impulso económico facilite la aprobación de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad que actualmente se tramita en el Congreso, con el objetivo de avanzar hacia un sistema más sostenible, equitativo y centrado en los derechos de las personas.
