El organismo encabezado por Ángel Gabilondo recuerda los contenidos mínimos de estas zonas de bajas emisiones.
El Defensor del Pueblo ha mostrado su preocupación por el retraso en la implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en municipios de más de 50.000 habitantes, medida obligatoria desde el 1 de enero de 2023. Lo ha hecho en el Informe que recoge su actividad anual, que ha entregado esta semana al Congreso de los Diputados.
El organismo, dirigido por Ángel Gabilondo, ha emitido recomendaciones a diversos ayuntamientos que no han implantado aún las ZBE a las que están obligados. Aunque los escritos se dirigen a 33 municipios específicos, “pueden hacerse extensibles a todos los municipios obligados por la ley a implantar una ZBE”, recoge el Defensor del Pueblo. Entre estas ciudades se encuentran las madrileños Coslada, Aranjuez, Arganda del Rey, Majadahonda, Tres Cantos y Valdemoro.
Las ZBE son áreas urbanas que restringen la circulación de vehículos contaminantes con el objetivo de mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La Ley de cambio climático y transición energética obliga a su creación en municipios de más de 50.000 habitantes, y el Real Decreto 1052/2022 regula los contenidos mínimos que estas zonas deben cumplir. Entre ellos, se destacan la necesidad de establecer restricciones permanentes basadas “necesariamente” en el distintivo ambiental de los vehículos, destaca la Memorial anual.
El Defensor del Pueblo ha criticado las justificaciones ofrecidas por algunos ayuntamientos, como la falta de medios técnicos, los cambios en los gobiernos locales o la adopción de otras medidas de movilidad. Señala que ninguno de estos motivos es suficiente para justificar los retrasos, especialmente cuando muchos municipios han recibido ayudas económicas para la implantación de las ZBE.
Recomendaciones a los ayuntamientos
Las recomendaciones emitidas por el Defensor del Pueblo incluyen:
- Acelerar la implantación de las ZBE conforme a la Ley de cambio climático.
- Asegurar que las restricciones sean permanentes y se basen en el distintivo ambiental de los vehículos.
- Monitorizar continuamente los resultados y ajustar las medidas si no se cumplen los objetivos de calidad del aire y mitigación del cambio climático.
- Definir un área “de carácter continuo y permanente”.
La memoria destaca que los ayuntamientos deben cumplir con las normativas y realizar los ajustes necesarios para evitar retrasos adicionales. La institución también subraya que los trámites administrativos no deben utilizarse como excusa para prolongar indefinidamente la puesta en marcha de las ZBE.
Actualmente, Rivas cumple la mayoría de los criterios para el establecimiento de la futura ZBE única de la ciudad. El principal requisito que falta es el reglamento que la regule. Recientemente, el gobierno local publicó la contratación de la medición de la calidad del aire y la señalización de esta zona de bajas emisiones. Además, Rivas ya ha implantado ya «zonas de especial sensibilidad», como las comúnmente llamadas ZBE en los centros escolares.
