Tras décadas de obsesión privatizadora, es preciso repensar la importancia de lo común, de las instituciones que cuidan de la comunidad. Esta pandemia nos está obligando a pensar en todos los seres humanos, no sólo en el beneficio de algunos. “Nadie está a salvo, si todos no estamos a salvo”, aseguran los epidemiólogos
Y hablar de “lo común” es hablar del redescubrimiento de “lo político”: el lugar donde se articulan los proyectos comunes con los intereses e ideologías particulares de personas, grupos y países diversos. Para muchos la política hoy es una mala palabra. Pero, ¿puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la paz social sin una buena política?
También en la opinión pública va calando un nuevo “sentido común”: que la seguridad no es sólo una cuestión de orden público, sino de unas condiciones sanitarias, sociales, económicas, medioambientales que han de ser garantizadas por los poderes públicos. Las encuestas constatan una actitud cada vez más favorable a que el Estado asuma un papel mayor y tome medidas ante estas situaciones.
Para lograrlo se hace necesario que recupere su capacidad de acción política. Hemos sufrido un debilitamiento progresivo del poder de los Estados, porque la dimensión económico-financiera, de características transnacionales, predomina sobre las decisiones políticas.Los grandes fondos de inversión, por su propia lógica, no tienen en cuenta los intereses sociales ni medioambientales, ya que no se responsabilizan más que de aumentar la cuenta de resultados de sus accionistas.
La buena política no debe someterse a la economía ni a la técnica, son la economía y la técnica las que deben ponerse al servicio de un proyecto político que construya estructuras sociales donde todas las personas puedan vivir con dignidad. Una sana política no está sometida al dictado de las finanzas, son estas las que han de organizarse en un sistema que sirva a la producción y distribución de los bienes necesarios de la comunidad. “No somos mercancías en manos de políticos y banqueros”, decía la pancarta inaugural del 15-M. La pandemia ha revelado que existen bienes y servicios que deben quedar fuera de las leyes del mercado.
Son los Estados los que mejor pueden garantizar el bien común de los ciudadanos. Los Estados de Bienestar fueron posibles gracias a esta intervención pública para regular la vida económica y la política fiscal al servicio del interés general: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, cuando así lo exigiere el interés general.”(Constitución Española, Art.128)
Y, a nivel internacional, no hay modo de resolver los graves problemas del mundo pensando sólo en formas de ayuda mutua entre individuos o pequeños grupos. Los planes asistenciales, que atienden ciertas urgencias, sólo deberían pensarse como respuestas pasajeras. Son necesarias instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales, y dotadas de poder para sancionar.
Instituciones que puedan decidir y regular sobre prácticas que condicionan las posibilidades de una justicia social universal y que en la actualidad se ven sometidas a la ley del más fuerte : las “guaridas fiscales” que vulneran la justicia fiscal evadiendo impuestos, los “fondos buitre” que esquilman a países y grupos sociales vulnerables, la deuda externa que no sólo no favorece el desarrollo, sino que lo limita y lo condiciona fuertemente.
Eubilio Rodríguez Aguado
