Artículo de opinión de Janette Novo, concejala y portavoz del PP de Rivas-Vaciamadrid.
La escasez de oferta de vivienda se ha convertido en un problema de primer orden, especialmente para todos aquellos jóvenes que desean emanciparse y crear nuevos hogares. Es un problema económico, pero también social: los proyectos vitales quedan empantanados y las ciudades pierden dinamismo.
Lamentablemente, en Rivas Vaciamadrid esta situación es aún más grave, con un Ayuntamiento cegado por su sectarismo ideológico. Pregunten, por ejemplo, a los cooperativistas de Beltenebros. Pero hablamos de un problema, en diferente medida, del conjunto de España, y que viene de años atrás. Así que las distintas administraciones han puesto en marcha varias medidas.
Los ciudadanos ya pueden comparar, con perspectiva y datos, donde está la buena gestión, quién yerra en el diagnóstico y, por tanto, también en las posibles soluciones y quién, directamente, agrava el problema con su demagogia.
Por un lado, tenemos la Ley de Vivienda promovida en el Congreso, por la izquierda y sus variopintos aliados. Aprobada en 2023, apuesta por intervenir el mercado, un mercado que considera no desde términos económicos, sino morales, de buenos y malos. Los malos, ya se sabe, son lo de siempre -los propietarios-, que en su sectarismo señalan, sin excepción, como culpables de especulación.
Pero la realidad es tozuda, y cuánto más se estrangula un mercado, con las famosas declaraciones de ‘zonas tensionadas’, más se reduce la oferta. En aquellas comunidades donde la Ley se ha aplicado en su totalidad, como Navarra y Cataluña, se ha reducido la oferta de alquiler, que ha salido del mercado o se ha derivado al alquiler de temporada. Según datos de la propia Generalitat, un año después de la entrada en vigor de la regulación de alquileres los nuevos contratos habían caído un 21% en el conjunto de la Comunidad y un 22,5% en Barcelona, mientras que los contratos de alquiler de temporada habían aumentado un 56%.
La Ley no está mejorando la vida de los ciudadanos, como ya advertimos muchos, y lo dicen los números. Pero sí tiene alguna utilidad, como bien saben en el Ayuntamiento de Rivas. Sirve para dar la impresión de que se hace algo, mientras se culpa a otros de la situación. No hay límites para su cinismo: piden a la Comunidad de Madrid, con grandes aspavientos, que declare Rivas como zona tensionada, cuando son ellos los que tienen el proceso de concesión de licencias prácticamente paralizado desde hace cinco años, utilizando todo tipo de excusas. No solo no se ciñen a la aplicación de las normas urbanísticas, como haría cualquier administración que busque crear vivienda, sino que las vulneran flagrantemente. Señalan a los promotores privados, cuando ellos son incapaces de cumplir su parte con sus presupuestos públicos.
Mientras, la Comunidad de Madrid, además de no aplicar la norma estatal, ejerciendo sus competencias y en la medida en lo que le permite la propia Ley, sí ha tomado sus propias medidas para mejorar el mercado de la vivienda, pensando en primer lugar en los ciudadanos. Sus políticas tienen tres pilares claros: más suelo para vivienda protegida, más agilidad en las gestiones urbanísticas e incentivos a la promoción inmobiliaria.
Una comunidad que atrae tanto como ésta, y que ya tiene en el horizonte los ocho millones de habitantes, no puede permitirse el lujo de no apoyar la creación de oferta de vivienda. Y hablamos de todo tipo de vivienda.
Además del desarrollo y ampliación del Plan Vive – alquiler asequible sobre suelo público mediante colaboración público-privada, con la construcción de 14.000 viviendas esta legislatura-, la Comunidad de Madrid ha aprobado dos leyes para la promoción de vivienda protegida: una en 2024, cuya principal medida es que permite transformar suelos terciarios, como oficinas, en vivienda protegida en alquiler, y otra recién salida de la Asamblea, este mes de junio, que amplía la anterior y, además, permite incrementar hasta el 20% la edificabilidad -los metros cuadrados- y hasta el 30% de densidad -el número de viviendas- en las parcelas destinadas a vivienda protegida.
Ahora, y durante un plazo de cuatro meses desde la aprobación de la Ley -es decir, hasta mediados de octubre- los ayuntamientos de la región pueden acordar, de forma motivada, la inaplicación total o parcial de algunas de las medidas extraordinarias para fomentar el aumento de oferta de vivienda protegida.
Más vivienda protegida en un momento de auténtica necesidad de oferta y precios por las nubes. Si no conociésemos como se las gasta la izquierda gobernante en Rivas, estaríamos convencidos no solo de que no rechazarían mutilar la nueva norma autonómica, sino de que habrían dado los pasos para que las grúas empezasen a trabajar cuanto antes.
Pero la realidad es muy distinta, y lo cierto es que, al menos de momento, el Ayuntamiento de Rivas mira para otro lado. Con ellos no parece ir la cosa, y están muy ocupados prometiendo vivienda de su ruinosa Empresa Municipal en parcelas destinadas a dotaciones. Incluso en zonas donde aseguran a promotores privados que no pueden dar licencias porque no están listas las infraestructuras básicas.
Distinto es si la Comunidad de Madrid quiere más vivienda protegida en parcelas disponibles para ese uso, y que no interfieren en zonas ya consolidadas. ‘No vamos a darles la razón, que las elecciones están a la vuelta de la esquina y pinta mal’. Para ellos.
Se puede poner en el mercado, con rapidez, más vivienda, y de todo tipo. Pero hace falta que el Ayuntamiento tenga voluntad de solucionar el problema, y deje de especular con su ideología. Ojalá se traguen su orgullo y permitan que la Comunidad de Madrid, con esta nueva norma y otras medidas, empiece a paliar el desastre que ellos mismos han creado en nuestra ciudad. El cambio, y con él las soluciones, llegará tarde o temprano. Pero no estamos para perder el tiempo.
