El parque público de Rivas recupera pisos ocupados, pese a la movilización de la PAH contra uno de los lanzamientos
La Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas-Vaciamadrid ha recuperado tres viviendas públicas situadas en la avenida de Levante tras la ejecución de varios lanzamientos ordenados por un juzgado, que tuvieron lugar de forma normalizada y sin incidentes. El Ayuntamiento informó de que los inmuebles estaban ocupados de forma irregular y que volverán a incorporarse al parque público de vivienda para ser adjudicados a familias inscritas en el Registro Único de Demandantes. Entre los casos se encuentra el de una familia con dos menores cuya situación ha generado críticas por parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Arganda y Rivas.
Según fuentes municipales, los tres procedimientos se desarrollaron durante la mañana del lunes sin incidentes. Dos de las viviendas ya habían sido abandonadas previamente por sus ocupantes y en el tercer caso intervino Servicios Sociales, que acompañó y asistió a la familia afectada durante el proceso.
Tres situaciones diferentes
El Ayuntamiento señala que los tres inmuebles compartían una característica común: ninguna de las personas residentes había accedido a las viviendas mediante los procedimientos públicos establecidos ni a través del Registro Único de Demandantes de Vivienda. Algo especialmente relevante, ya que cabe recordar que la vivienda social es una competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid, por lo que la vivienda protegida levantada por la EMV intenta fijar umbrales asequibles, pero tiene limitaciones de acceso (como inscribirse en el proceso y abonar el alquiler en caso de resultar elegidos beneficiarios).
Además, el Ayuntamiento ha acreditado que existían prácticas irregulares relacionadas con alquileres, realquileres o transmisiones entre particulares. Es el caso concreto de uno de los pisos, de cinco habitaciones, que estaba siendo utilizado para el realquiler irregular de habitaciones, según la información facilitada por el consistorio, lo que generaba lucro al ocupante mientras no pagaba ningún tipo de alquiler a la EMV e impedía el acceso a los potenciales beneficiarios vecinos de Rivas.
En otro de los inmuebles residía una persona que, de acuerdo con fuentes municipales, había generado durante años incidencias y denuncias vecinales. Fuentes de la zona confirman que dicho sujeto tenía comportamientos violentos y había llegado a amenazar con una pistola a otros vecinos del bloque, motivo por el que presumiblemente se habría realizado un importante despliegue de la Guardia Civil para realizar el lanzamiento.
Finalmente, la tercera vivienda corresponde al caso que ha suscitado mayor atención pública: el de una joven con dos hijos menores que ocupaba una vivienda de la EMV y para la que la PAH reclamaba una solución habitacional estable.
La situación de la familia con menores
El Ayuntamiento aseguró que la familia llevaba tiempo siendo atendida por Servicios Sociales y que se le había prestado acompañamiento en trámites como el empadronamiento, la escolarización de los menores y el acceso a ayudas sociales. También informaron de que se le ofrecieron a esta familia distintas alternativas habitacionales y recursos especializados para madres con hijos, aunque estas opciones fueron rechazadas por la mujer.
Por su parte, la Plataforma Antidesahucios sostenía que la familia se encontraba en una situación de vulnerabilidad. Además, consideró insuficientes las opciones planteadas y criticó el escaso margen de tiempo entre la notificación y la ejecución del lanzamiento.
Desde el consistorio añaden que la familia seguirá contando con apoyo de los servicios municipales y que se ha puesto a su disposición una alternativa de emergencia habitacional tras la ejecución del lanzamiento.
El papel de la EMV y del juzgado
Fuentes expertas en vivienda aclaran que la EMV es la titular de las viviendas, pero que la ejecución material de los lanzamientos siempre corresponde a la Guardia Civil (por orden judicial). La empresa pública participa en el procedimiento como testigo, al ser la propietaria de los inmuebles y denunciante de la ocupación irregular.
En ese sentido, el Ayuntamiento defiende que la recuperación de estas viviendas es necesaria para garantizar el acceso a la vivienda pública mediante criterios de igualdad, publicidad y libre concurrencia. Recuerda además que existen numerosas familias inscritas en el Registro Único de Demandantes esperando una adjudicación.
Viviendas para nuevos adjudicatarios
Una vez recuperados los inmuebles, la EMV prevé acometer las reformas necesarias antes de volver a incorporarlos al parque público municipal. El objetivo es destinarlos a familias que cumplen los requisitos establecidos y se encuentran registradas como demandantes de vivienda protegida en Rivas, para garantizar que la defensa del derecho a la vivienda se garantiza para todas las personas de Rivas en igualdad de oportunidades.
El consistorio también recuerda que los adjudicatarios de vivienda pública que atraviesan dificultades económicas pueden acceder a medidas como renegociaciones de pago o rentas sociales. Sin embargo, con el matiz de que estas herramientas están dirigidas a quienes acceden legalmente a una vivienda de la EMV y no a situaciones de ocupación irregular, ya que los poderes públicos no pueden reconocer legalmente una situación irregular.
La recuperación de estas tres viviendas se produce en un contexto de creciente demanda de vivienda pública en Rivas-Vaciamadrid, donde la falta de vivienda en el mercado libre contrasta con los esfuerzos de la EMV para implementar su nuevo plan de vivienda y garantizar que los inmuebles de los que ya dispone se usen adecuadamente, beneficiando a las numerosas familias inscritas en el Registro Único de Demandantes.
