El Partido Popular exige explicaciones a la EMV ante el incumplimiento de una sentencia judicial que la obliga a abonar 2,5 millones de euros a la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid

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El Partido Popular de Rivas Vaciamadrid denuncia que el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid debe a la Comunidad de Madrid más de 2,5 millones de euros por rentas impagadas por la construcción y explotación de viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid.

«El ayuntamiento no es de fiar»

Dicha deuda tiene su origen en la constitución de un derecho de superficie a favor de la entidad mercantil Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A. sobre la parcela 8.1 A-1 del P.P. Ámbito 2 “Camino Bajo de Rivas Vaciamadrid” para la construcción de un inmueble con 124 viviendas y 136 plazas de garaje, por el antiguo IVIMA (hoy Agencia de Vivienda Social).

En septiembre de 2005 el IVIMA permuta la titularidad de la referida parcela con la EMV de Rivas, así como la cesión del derecho de superficie constituido a favor de la mercantil Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A., y en esa operación el organismo dependiente de la Comunidad de Madrid se quedó como garante del cumplimiento de ese contrato.

Posteriormente, la sociedad Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A. cedió a favor de la sociedad Superficie Cartera de Inversiones, S.A. (SCI) la titularidad de los derechos y obligaciones derivados de su condición de superficiaria de la parcela. La EMV de Rivas no cumplió su obligación de pagar las rentas, por lo que SCI inició los oportunos procedimientos judiciales para su reclamación contra la EMV de Rivas y contra la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid como garante solidario.

La Audiencia Provincial dicta la sentencia de fecha 20 de febrero de 2017 por la que se ratifica la obligación por parte de la EMV y la AVS de abonar a la mercantil superficiaria las rentas impagadas. Por ello, la Agencia de Vivienda Social consigna judicialmente la cantidad de 3.606.603 euros por Orden de Embargo de fecha 22 de diciembre de 2016.

Con fecha 14 de febrero de 2018, se dicta la Sentencia 35/2018 por el Juzgado de 1ª Instancia nº 48 de Madrid, en el Procedimiento Ordinario 272/2018, cuyo fallo estima la demanda formulada por la Agencia de Vivienda Social contra la EMV y condena a la EMV a que abone a la AVS la suma de 3.606.603 euros. En fecha 24 de julio de 2018, se devuelve a la AVS 1.064.396,90 euros como sobrante de embargo, de lo que resulta que la Agencia de Vivienda Social ha respondido como garante solidaria de la EMV de Rivas con el pago de la cantidad total de 2.542.206,10 euros, resultado del embargo realizado con fecha 22 de diciembre de 2016 por el Juzgado en favor de SCI.

Por ello, procede que se reembolse a la AVS por parte de la EMV la cantidad de 2.542.206,10 euros pendientes de reintegro, habida cuenta de que, tal y como se recoge en la Sentencia 35/2018, de 14 de febrero, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 48 de Madrid en el Procedimiento Ordinario nº 272/2018, es a la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid a quien correspondía la obligación incumplida.

La candidata del PP a la Alcaldía, Janette Novo, ha dicho al respecto: “Es un escándalo que la EMV de Rivas no cumpla con las sentencias judiciales y siga dilatando un proceso por el que tarde o temprano tendrá que responder.”

“Seguimos diciendo que el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid no es de fiar. La inseguridad jurídica es su seña de identidad. Primero deja de pagar las rentas, y ahora no quiere devolver a la AVS la cantidad que asumió como garante solidario. Mientras, se acumulan los intereses y las nuevas reclamaciones por pagos sin atender. Esa es la herencia que va a dejar este gobierno de izquierdas a los vecinos, una empresa endeudada y en bancarrota sostenida por Papá Ayuntamiento.” -ha concluido Novo.

«Continúa judicializada»

Los presupuestos de 2023 de la Empresa Municipal de la Vivienda, por su parte, recogen esta deuda, que supone un 5% de la deuda total. «Continúa judicializada con la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, por discrepancias en el negocio jurídico de origen de la misma», señala el presupuesto.

En 2016 el Ayuntamiento anunció una denuncia contra la constructora «tras intentar, sin éxito, la vía de la negociación con el Grupo Ortiz»

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