Poco se habla últimamente de las ‘puertas giratorias’, esos vasos comunicantes entre el poder político y el económico por los cuales destacadas figuras políticas que han ostentado responsabilidades de gobierno con el PP y con el PSOE acaban sentadas en los consejos de administración de antiguos conglomerados empresariales públicos privatizados o grandes empresas de sectores estratégicos como por ejemplo (un, dos, tres… responda otra vez), las eléctricas. Parece que esa práctica, por la cual los servidores públicos del bipartidismo que nos acostumbran a grandes discursos constitucionalistas, forma parte del paisaje de nuestra democracia, y se tiene asumida como una especie de retiro dorado, sin mayor trascendencia que lo llamativo de que gente con trayectorias ajenas a esa actividad privada ahora coticen tan alto. Pero detrás de las puertas giratorias hay algo más que el uso de contactos para ‘colocarse’ en el sector privado. En la práctica, esos fichajes tienen su explicación en el pago a favores prestados desde la política a esos poderes económicos y en la intención de seguir influyendo en la toma de decisiones de la política.
En Izquierda Unida – Equo, nuestra puerta giratoria se llama bien común. Porque entre los beneficios de una minoría privilegiada y el interés general, el equipo de gobierno de Rivas que lideramos siempre se ha puesto del lado de la ciudadanía. Lo hemos visto en los últimos meses con la defensa de las familias hipotecadas ante los abusos bancarios en el caso del impuesto hipotecario en el Supremo. Pero además, en la política de la vida cotidiana, en el día a día, tomamos decisiones que representan una gestión solvente, responsable y rigurosa de lo público como la de la compra directa de energía que ha cumplido un año.
Se trata de una de las políticas señeras de esta legislatura: en febrero de 2018 nos lanzamos a prescindir de la intermediación de las grandes empresas eléctricas acudiendo directamente al mercado de la electricidad para los suministros de tres puntos municipales. Hoy el conjunto de consumos de electricidad del ayuntamiento corresponden ya a esa compra directa que hasta la fecha ha supuesto un 15% de ahorro acumulado en la factura de la luz municipal y que calculamos que, ya a pleno rendimiento, pueda superar el 20%.
Si podemos hacerlo, es una obligación hacerlo. No hay más. ¿Por qué seguir pagando ese 20% de más a quienes no han dejado de subir esa factura de la luz en los últimos años y engordar sus beneficios gracias a las políticas dictadas por quienes luego acaban sentándose en sus consejos de administración? No se trata sólo de ahorrar, no se trata sólo de ofrecer a los vecinos y vecinas la mejor gestión, la más eficiente, de sus recursos, no se trata sólo de arrojar transparencia, ni si quiera de poder destinar los 400.000 euros que podemos llegar a dejar de gastarnos en consumos eléctricos a otras necesidades de la ciudad; se trata, también, de lanzar un mensaje de coherencia y de compromiso. Porque la política nunca es neutral, y desde luego este grupo municipal no ha venido a las instituciones para ser neutral: sabemos a quién representamos. Entre el oligopolio de las grandes empresas eléctricas que se reparten el mercado y los derechos y necesidades de la ciudadanía de a pie, tenemos claro de qué lado estamos.
