La monarquía borbónica sigue siendo dueña y señora de la Jefatura del Estado, a pesar de que los reyes de este país, por lo menos hasta Juan Carlos I, han demostrado lo mucho que esta institución ha servido a sus intereses. Sus históricos abusos de poder y sus ‘beneficios extraordinarios’ llenan nuestra historia de inmundicia y de injusticias.

La monarquía, institución antidemocrática y anacrónica, debería basar su prestigio y su existencia en la práctica ética del poder. Lo que invalida a este rey emérito, que empezó siendo nombrado por un dictador genocida, y que ha sido capaz de hacerse millonario de forma delictiva, de rodearse de amantes para humillación de su esposa, y de matar elefantes y presumir de esas infames cacerías, entre otras menudencias.

 Pues bien, le han vuelto a pillar en otra gorda, y van… Y es que ahora entendemos muy bien aquello de sentirse hermanado con el rey de Arabia Saudita. Es lo que tiene conseguir millones en concepto de comisiones. Nada menos que 100 millones de dólares por sus gestiones en la contratación del AVE por el país árabe.

 Pero claro, como la Constitución otorga inviolabilidad al Jefe del Estado y el delito lo cometió cuando era rey, no se le puede juzgar, a pesar de tener pruebas de que esto ha ocurrido. Lo único que se está haciendo –gracias al empuje de la Justicia suiza también se investiga en España– es investigar el blanqueo del dinero y el delito fiscal que se puede haber producido desde que abdicó como Jefe de Estado.

Una clara demostración de que ‘la Justicia es igual para todos’, mantra que han repetido, desde la Casa Real, la derecha política y social, los medios afines y la izquierda descafeinada –el PSOE, que se atreve a denominarse partido republicano–, a sabiendas de que no es cierto. Véase la sentencia del caso NOOS, donde la infanta salió entre vítores y su marido cargó con penas mínimas.

 Pues bien, el rey Felipe ha querido reaccionar ante la ignominia paterna pero lo ha hecho de forma débil, sin consistencia. Con acciones cobardes que pretenden más actuar como escaparate sin atacar el fondo de la cuestión. Demostrando, una vez más, que este rey que tanto daño hizo a la democracia con el discurso del 3 de octubre de 2017, no está a la altura de su cargo.

 Renunciar a la herencia sólo es posible cuando se haga efectivo el testamento, una vez haya fallecido su padre. Hacerlo antes no tiene ningún valor jurídico.

 A lo que tiene que renunciar Felipe VI es a la inviolabilidad, si de verdad quiere que la justicia sea igual para todos, como su padre (aunque ya hemos visto lo igual que es) y él mismo han repetido en diversas ocasiones. Y así demostrar que el que la hace la paga, sea quien sea.

El hecho de castigar a su padre quitándole la parte que le asigna del presupuesto de la Casa Real (195.000 euros anuales) sólo podría ser válido si esa cantidad volviera al Estado, reduciéndola del presupuesto global. Si no, lo que ocurre es que Felipe VI cuenta con esa cantidad de más, para distribuirla como quiera.

 El emérito debería empezar por devolver los 100 millones de dólares de su comisión por el AVE en Arabia Saudita, cerrar sus cuentas en paraísos fiscales y marcharse fuera de este país, al que presuntamente ha robado de forma indigna. Ya está bien de adjudicarle méritos en la transición. Juan Carlos hizo lo único que podía hacer, cambiarse de bando y pasar del franquismo a la democracia consentida, de forma obligada, puesto que era la forma de conseguir la poltrona de la Jefatura del Estado y de no enfrentarse con los tiempos que corrían, donde España era una de las pocas excepciones donde no había democracia en Europa.

Pero claro, aquí sigue el emérito aguantando mecha y riéndose de todos los españoles, a los que no rinde cuenta y a los que ha vacilado y robado, presuntamente. Un rey modelo al que la derecha apoya sin reparo y el PSOE defiende de forma vergonzosa, negándose a que se le investigue en el Parlamento y pasando página, poniéndose de perfil.

 La única solución es la que queremos muchos. La sustitución de esta monarquía corrupta por la tercera república. Por cierto, el Sr. Tejanos debería, de una vez por todas, incluir preguntas sobre la aceptación de la monarquía en las investigaciones del CIS, y así utilizar medios públicos para saber qué es lo que prefieren los españoles. No hacerlo es una forma más de defender una institución con beneficios impropios en un Estado democrático y apoyar la falta de transparencia de una institución opaca.

 Salud y República

Rafael Almazán