De histórica y como victoria sobre la banca ha sido calificada la sentencia de los magistrados, en la que se condena a las entidades financieras a ser ella quienes liquiden el impuesto de actos jurídicos documentados, que conlleva la firma de una hipoteca. Y que el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Díez-Picazo, ha paralizado, argumentando “los efectos económicos y sociales que traería su aplicación”, dejando con su actuación, no solo en ‘entredicho’ la imparcialidad de la justicia, sino su decidida apuesta en la defensa de la banca.

“Han sido muchos años de litigio pero el esfuerzo ha dado su recompensa, por efímera que pueda llegar a ser”. Son declaraciones de Ramón Casero, el abogado que ha llevado todo el litigio en nombre de la Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Rivas. “No obstante, la inédita decisión del alto tribunal de paralizar la ejecución del fallo apenas 24 horas después de conocerse el mismo, se debe a presiones del entorno”, según considera Casero.

El Tribunal Supremo decidirá el día 5 de noviembre quién tiene que pagar el impuesto de las hipotecas. Así lo ha anunciado este lunes el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, tras reunirse con los magistrados que dictaron el pasado jueves la sentencia que establecía que es la banca, y no el cliente, quien debe hacerse cargo del pago del impuesto de actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca.

El presidente del Supremo ha revelado además que, al margen de la sentencia conocida el jueves, ese día se dictaron otras dos sobre el mismo asunto y que están solo pendiente de ser notificadas. Lesmes respalda la actuación de los seis magistrados que suscribieron la sentencia (cinco a favor de que fuera el banco el que pagara el impuesto y uno en contra). Según el presidente, los jueces actuaron “con plena lealtad” al Supremo, así como “con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso”.

Varias asociaciones profesionales de jueces han pedido explicaciones por lo ocurrido en las últimas horas en la Sala de lo Contencioso-Administrativo. La Asociación Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD), de tendencia progresista, ha pedido la dimisión del presidente de la Sala. En un comunicado, esta asociación, a la que pertenece el magistrado Jesús Cudero, ponente de la sentencia que responsabilizó al banco del pago del impuesto de las hipotecas, acusa a Díez-Picazo de haber realizado “una nefasta gestión” de este asunto del que le considera “único y exclusivo responsable”. La asociación cree que la actuación del presidente ha generado alarma social, “ha provocado desconcierto en la ciudadanía que no sabe qué hacer con sus hipotecas y toda su economía doméstica, ha generado inseguridad jurídica, ha utilizado indebidamente las facultades legales que la legislación le encomienda a un tribunal colegiado y de la entidad del Tribunal Supremo, y ha puesto en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los jueces, generando ante la ciudadanía una imagen lamentable de sus juezas y jueces”.

La Asociación Judicial Francisco de Victoria también ha difundido una nota pública en la que lamenta lo ocurrido y exige a Díez-Picazo “motivación y claridad” en sus actuaciones. En ese texto, la asociación recuerda que el cambio de criterio era una posibilidad real desde el momento en el que la sala admitió a trámite el recurso de la empresa de vivienda de Rivas-Vaciamadrid, por lo que, según esta asociación, el presidente debió convocar el pleno antes y no después de la sentencia.

El alcalde de Rivas, Pedro del Cura solicita, en un carta enviada a todos los grupos en el Congreso, que el magistrado Carlos Lesmes explique, ante el Parlamento, las razones por las que se ha congelado la aplicación de la sentencia que da la razón al ayuntamiento ripense.

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