Una sentencia de la Sala Tercera del  Tribunal Supremo acaba de establecer que serán los bancos, y no sus clientes, quienes deban asumir el impuesto de las hipotecas, el conocido como Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria. El fallo del Alto Tribunal responde a un pleito entre la empresa municipal de vivienda de Rivas Vaciamadrid y la Comunidad de Madrid, que había impuesto a la EMV el abono de este impuesto de las gestiones hipotecarias, considerando que las viviendas adquiridas por la misma superaban el tamaño que las tipificaba como VPO. Rivas llevó el caso ante el Alto Tribunal que ahora ha sentenciado a favor de la empresa municipal, alterando de forma decisiva la actual jurisprudencia hipotecaria.

La fundamentación de la sentencia, divulgada esta mañana, dictamina que el negocio inscribible es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, “que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca”.

El alcalde de Rivas, Pedro del Cura, presidente de la Empresa Municipal de Vivienda, ha señalado, tras el fallo del Alto Tribunal, que “hemos conseguido que miles de trabajadoras y trabajadores a quien los bancos obligan a que las hipotecas formen parte de las escrituras de sus viviendas ya no tengan que pagar esos actos jurídicos documentados”. Y ha continuado: “Esto demuestra que los ayuntamientos defendemos a la gente y que las situaciones injustas que vemos que pasan en nuestros territorios las llevemos a la Justicia. Ahora toda la población podrá beneficiarse de esta medida”.

También te puede interesar