Es sobradamente conocido que en EEUU las campañas de los candidatos a senadores, gobernadores y presidente, quienes las costean son las grandes empresas, corporaciones industriales y los lobby del país. El primer ministro japonés, hace unos años, era un alto directivo de la empresa Sony, además de otros altos cargos y de otras empresas. De ahí que muchas de las decisiones que los mandatarios toman, responden a intereses no de los ciudadanos, sino a los de las empresas que les han contratado y colocado en los puestos desde donde pueden decidir.
Lo mismo pasa con la geopolítica internacional, las invasiones y guerras absurdas para los pueblos, que solo responden a intereses de otros (Afganistán, Palestina, Irak, Libia, Siria, Yemen,…). Pretendiendo expandirse como es el caso de Israel, control geoestratégico, apropiación de las riquezas naturales, asesoramiento militar y venta de armas, etc.
Y bajando a un terreno más cercano, el anterior ministro del ejército acusado de favorecer a su antigua empresa armamentística, o la actual ministra de agricultura, García Tejerina (procedente de una empresa del sector) criticada por legislar en contra de la salud pública,… ¿Cómo se pagan las campañas de los grupos políticos en España? El caso del Partido Popular, que es el más flagrante, a base de comisiones derivadas de contratos públicos a grandes empresas y/o aportaciones de entidades financieras, energéticas, tecnológicas,…, a quienes se les reclaman los favores o se les pagan a posteriori. En el caso del PSOE, conocidas son las condonaciones de créditos por parte de bancos como el Santander. De Podemos se ha dicho (aunque todas las demandas han demostrado la falsedad) que ha recibido dinero de Venezuela o Irán. Ciudadanos se crea y está sostenido (financiado) por las empresas del IBEX35 como alternativa al PP. Etc.
Si las campañas para convencer a los votantes, quienes las pagan son los poderes financieros y a los políticos son ellos quienes los ponen, evidentemente es a ellos ante quienes responden. Así se entiende que partidos tan corruptos como el Partido Popular, sigan siendo votados mayoritariamente, incluso por aquellos a quienes más perjudican con sus políticas. Para eso sirve el control de los medios de comunicación y las caras y manipuladoras campañas electorales, para hacerlo posible…
Si concluimos que todo esto tiene algo o mucha verdad, debemos concluir que si antes no se remedia, los gobiernos seguirán siendo patrocinados, cada vez en mayor medida o íntegramente, por las grandes empresas y por tanto es a ellas y solo a ellas a quienes deberán responder.
También es sabido, que todos los países disponen de unas estructuras administrativas muy consolidadas, todo un aparato cuyos engranajes pueden seguir funcionando haya o no gobierno. Como claros ejemplos está el caso de Alemania, que lleva más de diez meses sin gobierno (desde las últimas elecciones) y el país funciona con toda normalidad. Lo mismo sucedió en Inglaterra con la campaña del Brexit, el referéndum, dimisiones y nombramientos de la actual primera ministra, que les llevó casi un año prácticamente sin gobierno. Y en nuestro caso, desde las primeras generales en diciembre del 16, las segundas en el 17, el resto del año absorbidos por el tema catalán (y continuamos), o la inacción por falta de mayoría suficiente para gobernar, tiempo en que el gobierno de Rajoy solo ha atendido (y atiende) lo urgente (y mal como la sequía, los incendios, los temporales de invierno, etc.).
Con todo esto donde quiero llegar es a que, el funcionamiento de las administraciones, la mecánica burocrática, quienes hacen que funcionen son los trabajadores públicos. Los políticos lo único que hacen es implementar una determinada orientación para bien o para mal, de acuerdo a los intereses de los ciudadanos, u otros.
¿Qué pasaría si los gestores de cada país fueran profesionales, fiscalizados desde estructuras de control y transparencia detentadas por los ciudadanos?
Nuevas formas de gestión y de gobierno
Algunos tratados comerciales internacionales (como el TTIP), incorporan cláusulas que alteran la legislación de los países europeos, que están por encima de sus propias normas judiciales y por tanto ni los gobiernos nacionales son competentes.
Si ya sabemos que los futuros gobiernos serán puestos en ese papel por las grandes corporaciones empresariales y financieras y por tanto que solo se deberán a ellas y legislarán en función de sus intereses, ¿no creemos que ahora que aún estamos a tiempo, deberíamos imponer otro sistema de gestión, que atendiera mejor la voluntad y las necesidades de los ciudadanos?
La experiencia es que los políticos tienden a convertirse en ‘casta’, sobre todo en los partidos de derechas (también en muchos casos en los partidos de izquierdas), la ‘clase política’ se enquista en los estamentos de poder e incluso se regenera a sí misma. Las ‘puertas giratorias’ son práctica harto conocida. Esto pasa tanto con la clase política como en la carrera judicial (fiscales y jueces de estamentos superiores).
Por otro lado, la ‘clase política’ ha fabricado un entramado legislativo, mediante el cual todos aquellos que han ejercido responsabilidades políticas, en parlamentos autonómicos, nacionales, europeos, etc., gozan de privilegios tanto durante su periodo activo como después, que se prorrogan durante toda su vida, siempre a costa del erario público. Sin olvidarnos de la inmunidad jurídica y/o aforamientos (total o parcial dependiendo del cargo y/o la actuación) de que también gozan, por encima de cualquier otro ciudadano.
Me atrevo a decir que, estando como están las cosas, este sistema de gobierno nos favorece poco a los ciudadanos de a pie…
En la medida que los partidos políticos y los sindicatos decaen en apoyo popular, en credibilidad,…, son otros colectivos de base los que van adquiriendo fuerza, son las ong, las asociaciones de todo tipo las que agrupan a los ciudadanos de buenas intenciones, los que quieren trabajar desinteresadamente por una sociedad más justa, por la conservación del planeta, por los derechos sociales, etc.
Quizás desde esas estructuras aún impolutas (casi siempre), se pueda ejercer el control de los equipos de personas que tienen que gestionar el bienestar común.
Imaginemos una ciudad como la nuestra. Sabemos lo que recaudamos en impuestos y también conocemos las necesidades de la urbe y de las personas. Desde la administración pública (cuerpo de funcionarios), se lanza un concurso a grupos de gestión (empresas, partidos políticos, sindicatos,…) : Disponemos de un presupuesto ‘X’ y queremos hacer ‘Y’ (mantenimiento de todos los servicios públicos, sostenimiento de la estructura de la administración pública, nuevas inversiones, servicios sociales, problemas a solucionar durante el periodo de gestión, etc.). Se supone que se presentarán a ganar el concurso, varios de estos grupos de gestión, también partidos políticos con sus proyectos,… Y los ciudadanos, desde sus asociaciones deciden adjudicar la gestión, durante un periodo limitado de años, a uno de esos grupos de entre los que se han presentado a licitación. Por supuesto el grupo ganador, se compromete a llevar a cabo el proyecto que los ciudadanos han decidido, con el presupuesto acordado y en el periodo determinado.
¿Pero cómo los ciudadanos se asegurarán de que eso sea así? Está claro que no podemos incurrir en los mismos errores que hasta ahora: los gestores asumirán responsabilidades judiciales en caso de que incumplan lo acordado contractualmente. No hay ningún tipo de aforamiento ni impunidad posible. Y para asegurar que eso sea así, al firmar el compromiso de gestión (en las condiciones acordadas), el grupo adjudicatario deberá hacer depósito de un aval equivalente a 1/3 del presupuesto a gestionar, por el periodo acordado.
¿Quiénes supervisan el cumplimiento de los acuerdos? El cuerpo de funcionarios públicos y los colectivos asociativos organizados, que estarán atentos al desarrollo minucioso y cotidiano de los mismos.
En esta nueva forma de gestión, por supuesto que caben las ideologías (y por tanto los partidos políticos), la diferencia fundamental está en que los gestores asumen responsabilidades por lo que hagan mal, y el erario público está salvaguardado, ya que lo protege el aval depositado por el grupo gestor adjudicatario. Mientras los supervisores siempre serán los ciudadanos.
El planteamiento es extrapolable a todos los estamentos de la sociedad.
Juan Manuel del Castillo
