Artículo de opinión de Janette Novo (PP)
El sectarismo ideológico y la soberbia política del Gobierno de coalición de Izquierda Unida y PSOE en Rivas Vaciamadrid han vuelto a recibir un severo varapalo judicial. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 16 de Madrid ha dictado una sentencia demoledora que anula la sanción de seis meses de empleo y sueldo impuesta a un delegado del sindicato CSIF. La resolución judicial no deja margen a la especulación: el Ayuntamiento vulneró el derecho fundamental a la libertad sindical. Sin embargo, lejos de asumir el error, pedir disculpas y restablecer la justicia, el Ejecutivo local ha decidido huir hacia adelante y apelar la sentencia, demostrando un absoluto desprecio por la legalidad y por el dinero de los contribuyentes ripenses.
Lo más alarmante de este caso no es solo el fallo judicial, sino la radiografía que la propia sentencia hace de las cloacas administrativas de este Ayuntamiento. El texto judicial retrata minuciosamente cómo se construyó un expediente disciplinario ficticio basado en afirmaciones que se desmoronaron por completo al ser contrastadas ante una jueza. Durante la tramitación interna, la Jefatura de Servicio sostuvo con vehemencia que la ausencia del delegado provocó una “grave perturbación del servicio” en una situación crítica. Sin embargo, en sede judicial, el decorado se cayó. El propio Jefe de Servicio, firmante del informe acusatorio, fue incapaz de explicar en qué consistió dicha perturbación, admitió que la ausencia era perfectamente asumible por el resto del equipo y reconoció que el trabajador estaba utilizando horas sindicales aprobadas en plena Mesa General de Negociación.
La inconsistencia de la acusación roza el esperpento. La propia jueza califica los argumentos municipales de “especulativos” y concluye que la sanción carecía de cualquier fundamento objetivo.
Aquí radica la gravedad institucional del asunto. ¿Para qué sirve una instrucción disciplinaria si no es para analizar las pruebas con objetividad e imparcialidad? En este caso, quienes tenían la responsabilidad técnica de garantizar el rigor legal decidieron ignorar las señales evidentes de debilidad del expediente y seguir adelante hasta consumar un atropello que ha costado meses de sufrimiento laboral y económico a un empleado público. Emitir informes inconsistentes y forzar castigos no puede normalizarse en una administración pública. Quienes desempeñan puestos de jefatura deben actuar bajo los principios de prudencia y veracidad documental, no como brazos ejecutores del capricho político del concejal de turno.
Pese a este absoluto ridículo en los tribunales, el Ayuntamiento ha decidido apelar. Es una opción procesal legítima, por supuesto, pero políticamente indecente. ¿Por qué se recurre cuando los pilares del caso han sido pulverizados? No lo hacen por convicción jurídica; lo hacen para ganar tiempo, para evitar asumir responsabilidades políticas inmediatas y para camuflar su incapacidad de gestión. Y lo peor de todo es que este nuevo empecinamiento judicial se pagará con cargo a los recursos públicos de los vecinos de Rivas Vaciamadrid, y no del bolsillo de los dirigentes que impulsaron este despropósito.
Desde el Partido Popular exigimos la retirada inmediata del recurso de apelación, la asunción de responsabilidades de forma interna y una fiscalización profunda de los métodos de este Gobierno. Rivas no puede seguir gobernada por el miedo, por el “ordeno y mando”, y la persecución a quienes defienden los derechos de los trabajadores. El dinero de los ripenses debe destinarse a mejorar la ciudad, no a costear los delirios de grandeza y el orgullo herido de un Ejecutivo local acorralado por sus propios excesos.
