El apagón que vivió toda la península nos sirve para reflexionar sobre la situación que viven muchas familias todos los días en la Cañada Real, como nos cuenta la Plataforma Luz para Cañada en este artículo.
El pasado lunes 28 de abril de 2025, la península ibérica vivió una jornada de incertidumbre provocada por un apagón que dejó sin electricidad a millones de personas, durante unas horas.
Lógicamente, el apagón generó preocupación en la población y centró toda la atención política y mediática. La ciudadanía ha reclamado explicaciones y responsabilidades. Han comenzado las investigaciones, ha habido reuniones, declaraciones y comparecencias institucionales. Aunque la luz se recuperó a las pocas horas, se han evidenciado los efectos de quedarse sin energía, y nadie duda de que la falta de luz provoca daños y que recuperar la energía es algo absolutamente urgente.
A pesar de todo lo sucedido, ese lunes buena parte del barrio de Cañada Real apenas notó la diferencia. Son más de 1.600 días de oscuridad, frente a la indiferencia sádica de unas administraciones que culpabilizan e ignoran a las vecinas y vecinos.
Los sectores 5 y 6 del barrio (municipios de Rivas-Vaciamadrid y Madrid) llevan sin luz regular desde el 2 de octubre de 2020. Desde esa fecha no ha vuelto el suministro al sector 6. En el sector 5, después de una desconexión de meses, se recuperó el suministro de manera parcial. Desde entonces en ese sector viven día sí y día no sin energía, organizándose para repartirse un suministro irregular y precario. Los cortes se suceden en el resto de los sectores que siguen sin contadores. Salvo excepciones en los sectores 1 y 2, en que la voluntad política ha permitido la regularización de los suministros, las administraciones se niegan a facilitar contratos de luz y agua al resto del vecindario, ignorando sus solicitudes y los informes del Defensor del Pueblo que reclaman “Luz, contratos y mesa de seguimiento”.
En estos casi 5 años, ¿qué ha hecho el Estado? ¿Qué ha hecho la Comunidad de Madrid? ¿Qué han hecho los Ayuntamientos de Rivas Vaciamadrid y Madrid? ¿Qué ha hecho el gobierno central?
En comparación con la urgencia con la que actuó ante el apagón nacional, en Cañada Real el Estado ha continuado con su plan de desalojo forzoso, haciendo luz de gas a la población, ignorando sus necesidades y proyectos de vida.
Hablamos de luz de gas para describir una forma de violencia psicológica con la que se manipula la percepción de la realidad de las víctimas, haciéndoles dudar de lo que viven o sienten, provocando que se sientan culpables de lo que les sucede, lo que produce altos niveles de ansiedad y estrés. Hacer luz de gas es una forma de maltrato emocional habitual que ejercen los abusones.
El Estado desprecia la realidad de Cañada Real. La respuesta de la Administración ante la ciudadanía por el apagón en Cañada Real ha sido nula. Las pocas explicaciones públicas que han dado las autoridades han coincidido en culpabilizar y criminalizar a la población, muy especialmente desde la propia presidencia de la Comunidad de Madrid. También han justificado su inacción con excusas como que hay diferentes niveles y competencias (o mejor, incompetencias) administrativas, y que hay motivos técnicos que impiden, según ellos y la compañía eléctrica, restablecer la luz y el calor.
Los ingenieros autores del Informe “Diagnóstico de los usos y necesidades energéticas de la población de la Cañada Real Galiana”, de la Universidad Carlos III de Madrid, han negado impedimentos técnicos para el restablecimiento del suministro. Llaman a restablecer el suministro, dado que la desconexión colectiva provocada en octubre de 2020 ha generado un caso de pobreza energética sin precedentes en Europa: más de 4.000 personas (entre ellas, más de 1.800 son niñas, niños y adolescentes) privadas de suministro a la fuerza, a las que se niega la contratación de suministros, a pesar de las continuas solicitudes de contratos que han presentado sin recibir contestación. Según este informe la ciudadanía de Cañada Real sufre en sus viviendas temperaturas por debajo de los 10º C en invierno y por encima de los 40º C en verano. Ello mientras Naturgy y las grandes energéticas siguen dando récord de beneficios en España.
Cuando quienes gobiernan, con la complicidad empresarial, optan por el silencio, pactan para que no se hable de la luz, ignoran a la población, intentan convencernos de que el suministro no volverá, actúan como si no hubiera una emergencia, niegan la urgencia y los daños provocados por la falta de suministro, restan importancia a los efectos y no trabajan para restablecer el servicio, aumenta el desasosiego, la incredulidad y se quiebra la confianza en los poderes públicos, que deben garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos humanos.
Toda esta estrategia de hacer luz de gas a vecinas y vecinos -incompatible con la dignidad humana y los compromisos internacionales asumidos por el Estado español – tiene un móvil claro: expulsar a la población porque la especulación y los desarrollos urbanísticos del sureste necesitan espacio. Quieren hacer desaparecer el barrio.
Ante esta grave situación, y frente al silencio, han sido muchas las instituciones que se han pronunciado señalando la vulneración continuada, sistemática y agravada en el tiempo de los derechos humanos, y exigiendo el restablecimiento del suministro: el Defensor del Pueblo, el Relator Especial para la extrema pobreza y otros relatores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité de Derechos del Niño, entidades y organizaciones cívicas y defensoras de derechos humanos, juristas y activistas. Con toda la fuerza ciudadana generada se constituyó nuestra Plataforma Cívica Luz para Cañada, que, en marzo de 2022, impulsó la primera demanda colectiva contra España ante el Consejo de Europa, por vulneración de la Carta Social Europea, que presentaron las organizaciones legitimadas a nivel europeo Defence for Children International (DCI), European Federation of National Organisations working with the Homeless (FEANTSA), Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL), Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y International Movement ATD Fourth World.
Se acompañaron a la demanda pruebas del daño producido a la población, entre otros: estudios del Equipo médico de Intervención con Población Excluida (EIPE) de la Comunidad de Madrid, informes de las asociaciones vecinales, una encuesta a la población de Cañada realizada desde la Plataforma, y un informe pericial elaborado por el Centro Sira contra la Tortura sobre los impactos psicosociales del corte de suministro eléctrico. Este último informe constata cómo la violencia institucional sobre el barrio ha minado la salud física y mental de la población, quebrando la identidad y la percepción de control sobre sus propias vidas, generando un entorno torturante.
Estos mecanismos de quiebre (según denominación del Centro Sira) los ha utilizado el Estado en el propio procedimiento abierto en Europa. A lo largo del proceso hemos ido asistiendo con estupor a cómo el gobierno de España ha hecho suyos los argumentos de la Comunidad de Madrid y Ayuntamientos de Madrid y Rivas, bien señalando que hay plantaciones ilegales de marihuana culpabilizando de ello a toda la vecindad, bien reduciendo el problema a un asunto meramente técnico, como ya hemos mencionado. Todo ello con el objetivo de desviar la atención, estigmatizar a la población y negar su responsabilidad institucional en la raíz del problema, sin asumir ningún compromiso para proveer de un servicio básico a la ciudadanía de Cañada.
Hasta tal punto se niega la realidad, que hemos visto cómo, en sus contestaciones, las administraciones afirman que no hay problema de suministro en el sector 5, a sabiendas de que los limitadores de potencia instalados por Unión Fenosa Distribución (Naturgy) impiden el disfrute regular y constante de energía, y que vecinas y vecinos tienen que repartirse un servicio básico para la vida, que solo pueden utilizar determinadas horas.
En este ejercicio hipócrita de confusión hay algo más grave aún: el Estado asume sin vergüenza su pasividad afirmando que “la gran mayoría de los residentes se han procurado medios alternativos de energía, como paneles solares, generadores diésel o estufas de butano o de leña”, sin mencionar que precisamente esto está generando más inseguridad y riesgos de accidentes, quemaduras e intoxicaciones.
¿Imaginan que esta hubiera sido la respuesta ante el apagón del pasado 28 de abril? ¿Se imaginan que el Estado no hubiera actuado, con la excusa de que la ciudadanía se apaña sin Estado? ¿Y si la solución al apagón hubiera sido ofrecerles que abandonasen sus hogares? Es la barbarie, la negación misma del Estado.
Pese a todo, y metafóricamente, la “luz” llega desde Europa. En febrero de 2025 se ha hecho pública la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales en que condena a España por vulnerar hasta diez derechos reconocidos en la Carta Social Europea. El Comité ha declarado que el acceso a la energía estable, segura y constante es clave para garantizar derechos como la salud, educación, vivienda y protección frente a la pobreza. Esto vale para Cañada y para cualquier otra situación de corte de suministro eléctrico. En el caso de Cañada, el Comité ha señalado la gravedad de las violaciones de derechos de la infancia, adolescencia, juventud, personas mayores, con enfermedades y con discapacidad, debido al daño que produce en las vidas de las personas la falta de suministro, al verse directamente afectadas su salud y su autonomía. También ha destacado la violación del derecho de las familias a la participación en las decisiones que afectan a su propio futuro. Desde el Consejo de Europa se advierte asimismo del riesgo específico para las mujeres de Cañada, que son las principales cuidadoras, en un escenario en el que las necesidades de cuidados se han incrementado y han dificultado estas tareas del hogar.
En el caso de la infancia y la adolescencia de Cañada Real, el Estado ya había confesado el daño provocado por el corte de luz. En el Boletín Oficial del Estado de 1 diciembre de 2021 se dice expresamente que: “la salud de niños y niñas ya está sufriendo las consecuencias de la falta de electricidad en sus casas, lo que, además de vulnerar el derecho de la infancia a una vivienda adecuada, acarrea un impacto fuertemente negativo en sus derechos a la alimentación, a la educación y, en definitiva, al disfrute de una vida en condiciones de dignidad” (Preámbulo del Real Decreto 1058/2021, de 30 de noviembre). Sin embargo, el Gobierno, en lugar de hacer lo debido y diligente, esto es, ordenar a las administraciones y empresas el restablecimiento del suministro, como en realidad este acoso está orientado a desalojar a la gente de Cañada de su barrio, regula la concesión directa de subvenciones a los ayuntamientos de Madrid y de Rivas-Vaciamadrid para la realización de programas de realojo para familias en situación de vulnerabilidad social extrema. Recordamos: una extrema vulnerabilidad y riesgo social que el Estado confiesa que ha sido “generado por la ausencia de electricidad, principal fuente de energía en estos hogares”.
Después de la condena, hace un par de meses, hasta 350 vecinos presentaron una nueva petición dirigida a la Comunidad de Madrid, incorporando los argumentos del Defensor del Pueblo y del Comité Europeo de Derechos Sociales. De nuevo, no han tenido respuesta.
El Estado sigue forzando a vecinas y vecinos hacia el realojo, tratando de convencerles de que “es lo mejor para ellos”, estrategia básica en una relación abusiva y no democrática. Las instituciones presentaron un Plan Extraordinario de Realojos 2024–2034 como una solución estructural. Lo que debería ser una medida excepcional, centrada en casos de verdadera necesidad y siempre consensuada con la población, se ha convertido en una estrategia generalizada de desalojo forzoso, violando la Ley 2/2011 de Cañada Real y el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana firmado en 2017, que exigen participación real de las vecinas y vecinos y que los realojos, de ser necesarios, se hagan en el propio territorio siempre que ello sea posible. Un reciente informe de la Clínica Jurídica de Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid sobre este Plan Extraordinario ha desvelado la estrategia que esconde de desplazamiento forzado de la población. Y el propio Comité Europeo de Derechos Sociales considera insuficientes medidas como realojos a la hora de garantizar el disfrute del derecho a la vivienda, e insiste en que se debe garantizar la luz en el barrio de Cañada.
El corte de luz, la negación de contratos y de participación no son los únicos instrumentos que el Estado utiliza para atemorizar y expulsar a vecinos y vecinas. Es la negación persistente de servicios básicos, los derribos selectivos, algunos ya declarados ilegales, los vertidos y movimientos de tierras. Es el estigma y la culpabilización, el intento de desarticular el tejido comunitario mediante la coacción institucional. Esta violencia tiene género, origen y clase. Afecta de forma desproporcionada a las mujeres, que han sostenido la vida en el barrio y han liderado la lucha por los derechos, sufriendo ataques muy específicos por ello. Afecta a familias migrantes, a población gitana. Asimismo, el abandono institucional y el estigma han ido fabricando una pobreza que luego se utiliza para negar el reconocimiento de un barrio de personas trabajadoras que han construido sus hogares con esfuerzo, empujados por políticas que consideran la vivienda como un negocio y no como lo que es: un derecho humano.
El conjunto de decisiones políticas, intereses urbanísticos y violencia institucional ha ido deshaciendo los proyectos de vida de las vecinas y vecinos, normalizando la violencia.
El sufrimiento enorme de las personas que llevan tanto tiempo sin luz no ha provocado ira ni furia, ni se ha caído en manipulaciones interesadas, logrando así sortear ese prejuicio de que la gente que vive en Cañada es gente aprovechada. Por el contrario, todos estos años de lucha, los vecinos y vecinas están respondiendo con un civismo, con una contención, con un respeto, con una dignidad ejemplares. Esta actitud ante la vida contrasta tanto con la de quienes han cortado la luz como la de quienes, con sus silencios y maniobras dilatorias, construyen las condiciones políticas para que la población vea que, pase lo que pase, no pasa nada.
Lo que está pasando en Cañada Real es la abdicación de la Política, del Derecho y la Justicia. Es la renuncia a la democracia, a la moral y a los valores humanos, a cambio de la codicia y la especulación.
Pero estos hechos no cuentan con nuestro consentimiento. Nos queda la Ley, la palabra y la luz de nuestras conciencias, para seguir luchando con coraje e insistencia. Animamos a la sociedad a no mantenerse en la indiferencia, a recordar y hablar de la situación en la que aún siguen nuestras vecinas y vecinos. Porque la luz volvió en pocas horas a toda España, pero no estamos todos, falta Cañada.
LUZ, CONTRATOS Y MESA DE SEGUIMIENTO.
STOP A LOS VERTIDOS Y LOS DERRIBOS ILEGALES.
CESE DE LAS COACCIONES Y AMENAZAS.
Plataforma Cívica Luz Ya en Cañada Real
