Cuando los políticos se humillan ante los jueces

La definición que hace el diccionario de ‘humillarse’ es: “rebajarse voluntariamente ante determinada situación o persona”.

Yo entiendo que los jueces están para juzgar delitos. Quizás también, a veces, para interpretar las leyes, pero los primeros llamados a interpretar sensatamente las leyes son los políticos, quienes las hacen y quienes las aplican.

Cada vez que algunos partidos pierden en sus propuestas, quieren paralizar una directiva o hacer oposición destructiva, inmediatamente mandan la resolución de lo que pretenden a que sean los jueces quienes diriman (sobre todo si en los tribunales están los de ‘su cuerda’). Y esto vale, no ya para los temas que a priori prejuzgan como delitos (que también), sino que es aplicable a todo: desavenencias con otras instancias superiores, desacuerdos en decisiones respecto a la pandemia, sobre interpretación de normativas, falsos montajes, etc. Esto es delegar toda actitud de buena fe, toda la obligatoriedad de trabajo para el que les hemos elegido, la capacidad de diálogo, de negociación, de buen hacer…, en unos terceros que son los jueces, desconocidos para la ciudadanía y no elegidos en las urnas.

Esta práctica de algunos políticos tiene distintos calificativos: negligencia, incapacidad de ejercer su función, manipulación, connivencia…, sometimiento y fundamentalmente humillación.

He aquí la razón principal de por qué el Partido Popular se niega a la renovación de la cúpula de los jueces cuando siempre que no está en el poder, puesto que estos son elegidos por cuatro años de mandato y proporcionalmente según la representación política en los poderes ejecutivo y legislativo. El Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia y de ahí para abajo todos los demás estamentos de la judicatura en consecuencia, responden más o menos abiertamente al juego de equilibrios en el poder político.

En esta ocasión los altos tribunales llevan dos años caducados en su mandato, ejerciendo y tomando decisiones, que si un tercer tribunal independiente pudiera juzgarlas, seguro que lo haría sentenciándolas como ilegales (ya solo ejercen ‘en funciones’).

Pero el colmo de los colmos es que un partido político, en este caso el Partido Popular se atreva a vetar a otro, a Podemos, en la negociación de la renovación del poder judicial. Y tengan la desfachatez y caradura de seguir llamándose democráticos. Intencionadamente se les olvida que los diputados y diputadas de Unidas Podemos han sido elegidos por más de cuatro millones de españoles y que son igual de legítimos que cualquiera otro. Mejor más legítimos que el Partido Popular, cuyas campañas han sido costeadas con dinero de la corrupción institucionalizada mientras han estado en el poder.

Y estos señores del Partido Popular se dicen demócratas y defensores de los españoles, pero sus prácticas habituales demuestran que ni son demócratas, ni tampoco defensores de los ciudadanos de nuestro país, más bien utilizan a sus votantes como ‘carne de cañón’, mientras engordan sus bolsillos a manos llenas. Se podría decir eso de que ‘por sus actos les conoceréis’, pero ya se cuidan muy mucho de tergiversar los hechos y manipular la verdad, de eso se encargan tertulianos, voceros, medios de comunicación…, bien pagados.

JuanM del Castillo