La Asociación Laica de Rivas y el Ateneo Republicano han compartido el siguiente comunicado con motivo de la visita a España del Papa
El Papa León XIV visitará España entre los días 6 y 9 de este mes de junio. Desde colectivos laicistas y otros librepensadores, no tendríamos nada que objetar, si la visita se realizara como la de uno más de los Jefes de Estado que pasan por nuestro país. Pero parece que esto no es así: el Papa acude como máximo exponente de la Iglesia Católica (I.C.) en el mundo, y por ello, las administraciones públicas españolas le conceden unos privilegios excepcionales, además de los de Jefe de Estado.
Ningún otro Sumo Pontífice de la I.C. ha sido recibido en el Parlamento español, en sesión conjunta de las dos Cámaras, concediéndole la prerrogativa de dirigirse a diputados, senadores e invitados, a modo de ‘sermón’ como si de un templo cristiano se tratara. Esto es una vulneración flagrante del artículo 16.3 de la Constitución Española, que decide la ‘aconfesionalidad del Estado’.
La Conferencia Episcopal estima que este viaje papal costará cerca de treinta millones de euros, de los cuales el 20% aproximadamente será asumido por las administraciones públicas españolas. A esto hay que añadir el detrimento referido a la recaudación impositiva, ya que las empresas que aporten donativos directos u otros como precios reducidos en los transportes, estancias hoteleras, regalos, etc., podrán deducirse hasta el 90% de los mismos. Esto, sin contar con el enorme despliegue de los servicios de orden, servicios médicos, transportes especiales, etc., que están previstos en los lugares por donde transitará el jefe de la cristiandad.
Europa Laica y más de 60 organizaciones se concentraron frente al Congreso de los Diputados, para exigir la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede y rechazar la intervención del Papa prevista para el próximo día 8 ante las Cortes.
El colectivo católico Redes Cristianas también se ha pronunciado: “Creemos que los obispos españoles y el Vaticano deberían renunciar a unos Acuerdos Iglesia-Estado de carácter preconciliar, que siguen vigentes pese a su difícil encaje con la Constitución Española; además, el escándalo que supone que cerca de 100.000 propiedades en posesión de la Iglesia hayan sido inmatriculadas, convirtiendo así a la Iglesia en España en la mayor inmobiliaria del país. Esto debe ser reconducido”.
Según estimaciones de Europa Laica son 13.000 millones de euros los que se detraen cada año del erario público, para financiar al catolicismo en nuestro país.
Decenas de entidades y centenares de personalidades firmaron un manifiesto exigiendo la derogación de los acuerdos concordatarios con la Santa Sede de 1979, y rechazando que las Cortes Generales reciban al Papa católico con honores de Jefe de Estado.
Está en marcha una campaña laicista, que reclama a los grupos parlamentarios que no asistan a la sesión especial conjunta del Senado y el Congreso ante la que intervendrá el pontífice. El BNG y Podemos han anunciado que sus diputadas y diputados no asistirán.
Francisco Delgado Ruiz, exdiputado constituyente y expresidente de Europa Laica, ha subrayado la importancia de derogar los acuerdos concordatarios con la Santa Sede, ya que suponen «la barrera jurídica última en la que se apoya la Iglesia católica para mantener sus privilegios». Delgado denuncia los privilegios del catolicismo en nuestro país: desde el sostenimiento económico del culto católico, la subvención a los colegios católicos… hasta el escándalo de apropiarse de una gran parte del patrimonio histórico.
Las organizaciones laicistas insistimos en denunciar que, esta visita del Papa al Parlamento, significa una introducción de la religión en la política y una pleitesía del sistema político español a un líder religioso, lo que consideramos intolerable. “Es una paradoja escandalizarse con la bendición de pastores evangélicos a Donald Trump en el despacho oval y por otra parte, propiciar una bendición papal en sesión solemne de las Cortes de España”.
Por último, es oportuno recordar que la Iglesia católica sigue siendo una organización misógina en la que está cercenado el papel de la mujer, a lo que se añade que, en nuestro país, sigue sin reconocer su papel de colaboración con la represión franquista, siendo la institución católica la principal ejecutora de la moral pública durante la dictadura. Además, la Iglesia ha venido teniendo un papel de obstrucción y freno, ya en la democracia, de leyes tales como la de igualdad, el derecho al aborto, el derecho a una muerte digna o los avances en derechos civiles de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y más grupos sociales.
Rechazamos el tratamiento del Sumo Pontífice de la cristiandad, como si de un jefe de estado más se tratara y, más aún, los agasajos y privilegios que se le otorgan, situándole como ‘referente moral’, en un Estado aconfesional tal cual establece la Constitución española.
