El Gobierno colombiano ha anunciado medidas de protección y reconocimiento para la comunidad de paz de San José de Apartadó, en el Urabá Antioqueño. Esta iniciativa busca reparar el daño causado por 28 años de violencia paramilitar y narcotráfico, que ha dejado más de 300 víctimas.
La comunidad de paz de San José de Apartadó, fundada en 1997, ha resistido décadas de violencia paramilitar y narcotráfico. Sus habitantes, unos 500 campesinos, decidieron negar la entrada a grupos armados para vivir en paz. Sin embargo, han enfrentado amenazas, extorsiones y masacres, como la de Mulatos en 2005, donde murieron ocho personas, incluidos tres niños.
El Gobierno de Gustavo Petro ha anunciado un acuerdo que incluye medidas de reconocimiento a las víctimas y la creación de una comisión independiente para evaluar un sistema de justicia. Según Javier González, de la ONG XXI Solidario, este paso es crucial para «enterrar 28 años de agresiones paramilitares, muchas veces en connivencia con el ejército colombiano».
La gente ha respondido a la violencia con resistencia civil no violenta y ha tejido una red internacional de apoyo. Rivas, ha sido clave en esta solidaridad, financiando proyectos de educación, saneamiento y legalización de tierras a través de la ONG XXI Solidario.
Solidaridad internacional
Rivas lidera la Red Europea de Apoyo a la Comunidad de Paz, que agrupa a más de 30 asociaciones de nueve países. Esta red surgió tras una visita institucional a San José de Apartadó en 2017 y ha sido fundamental para visibilizar la lucha de la comunidad.
El anuncio del Gobierno colombiano marca un hito en la lucha por la justicia y la paz en San José de Apartadó. Sin embargo, la comunidad sigue enfrentando desafíos en su búsqueda de una vida libre de violencia.
