En Rivas, quien ganó las elecciones municipales fue el Partido popular, el que sacó un número de votos más alto. Pero entre IU/Equo/+Madrid y el PSOE, sacaron un 61,66% más de votos. ¿Se imaginan que el PP de Rivas hubiera exigido la alcaldía y que le dejaran gobernar por haber sido el partido más votado? ¿Qué cara se les habría puesto a los líderes, militantes y votantes de las otras dos formaciones políticas, ante semejante ‘ocurrencia’? Los vecinos y vecinas de Rivas votaron mayoritariamente a formaciones y programas de izquierdas, porque querían que hubiera en Rivas un gobierno progresista.
Pues esto mismo es lo que pretende Feijoo, quiere convencer a Pedro Sánchez, a los varones del PSOE, a los diputados elegidos, e incluso a los militantes y votantes, de que él es el elegido para ser presidente y que los demás tienen que dejar que lo sea. Ya han orquestado una campaña en medios de comunicación, redes sociales, etc., intentando argumentar que ‘es su derecho exclusivo y nadie puede impedírselo’, y no se enteran de que, quien se lo impide son los votos que los españoles/as han depositado en las urnas, que dejan bien clara su voluntad, y esta es ‘que se reedite un gobierno de coalición progresista’. (45,9% PP+Vox+CCa, y 54,1% de los votos válidos emitidos, el resto de los partidos). Los españoles/as han revalidado los pactos del PSOE y Unidas Podemos, con aquellos partidos que la derecha y la ultraderecha habían demonizado y que son tan representativos de los miles de personas que les votaron, como ellos mismos que se empeñaban en rechazarlos.
Algunos expresidentes y cuestionables ilustres varones como Felipe González, Alfonso Guerra, Joaquín Leguina, Nicolás Redondo Terrero, Rosa Díez…, también claman por que el PSOE se abstenga y deje gobernar al candidato de la lista más votada, a Feijoo. Evidentemente ninguno de ellos/as son ya defensores de los derechos de los más vulnerables (si alguna vez lo fueron), ni siquiera de las mayorías, y para decirse demócratas y constitucionalistas, ‘no parece que estén interpretando bien la voluntad de los ciudadanos/as; quizás miran más por intereses propios y los de a quienes representan hoy… ¡Ya podrían aprender algo de José L. Rodríguez Zapatero, que ha sabido reivindicarse a sí mismo y colocarse en el lugar que le corresponde!
Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, socios imprescindibles del Partido popular, se ha atrevido a sugerir a Alberto Núñez Feijoo, que ‘consiga los apoyos necesarios entre las y los diputados del PSOE, cuesten lo que cuesten, para que apoyen su investidura como Presidente del Gobierno’. Y no muestra ni un ápice de sonrojo al hacer tal proclama, que es antidemocrática y raya con la ilegalidad. Aunque no sea una práctica extraña por parte de la derecha y ultraderecha, algo parecido es lo que ocurrió con el llamado ‘tamayazo’, cuando un par de consejeros del PSOE fueron comprados (presuntamente) para que votaran en contra de la investidura de Rafael Simancas del PSOE, como Presidente de la Comunidad de Madrid en 2003. Otro ejemplo fue el repentino cambio de criterio de los diputados de Ciudadanos, en la Comunidad de Murcia, durante la moción de censura contra López Miras del PP (con las consiguientes compensaciones posteriores). O el voto de los diputados regionales de UPN, justo en el momento de la aprobación de la Reforma Laboral, y su alineamiento con el PP (en las pasadas elecciones ya candidatos en las listas del PP para el Ayuntamiento de Pamplona y en el parlamento nacional). Estos, entre otros ejemplos que podríamos recordar…
Por eso no sería de extrañar que un partido tan honrado, respetuoso, democrático y transparente como el Partido Popular, vuelvan a intentar comprar a los diputados/as de una u otra formación política, tantos como les sean necesarios para conseguir que Núñez Feijoo llegue a ser Presidente del Gobierno, ¡cuesten lo que cuesten…!
Sea o no posible la reedición de un pacto de Estado para dotar a este país de un gobierno progresista similar al de la legislatura anterior, lo cierto es que en esta ocasión ‘el panorama está aún más complicado’. Al PSOE solo le quedan dos de las diecisiete comunidades autónomas, las otras doce y las ciudades de Ceuta y Malilla están controladas por el Partido Popular en gobernanza con Vox. Para reeditar la coalición, al Partido Socialista y SUMAR en esta ocasión, además de concitar todos los apoyos de las mismas formaciones que lo hicieron posible en estos últimos cuatro años, necesitan algunos votos de los diputados de Junts per Catalunya, un partido de derechas, catalanista, independentista, dirigido por Carles Puigdemont (pendiente de enjuiciamiento por el Procés catalán) y frecuentemente enfrentado a las políticas del hasta ahora gobierno de Pedro Sánchez. ¡No parece tarea fácil!
Cuatro posturas posibles tiene Junts per Catalunya: una, negociar el apoyo a la coalición, de algunos de sus diputados; la segunda, apoyar un gobierno PP/Vox, que ya han anunciado un 155 aún más duro, además de otras medidas contra el catalanismo; la tercera, forzar unas nuevas elecciones generales, bastante inciertas para todos, ya que pueden castigar a quien las propicia (como en ocasiones anteriores) o que las ganen PP/Vox; y esta última llevaría ‘al cuanto peor, mejor’, por lo que ya ha apostado alguna de las dirigentes de JuntsxCat, o sea, dejar que se incendie Cataluña, propiciar un enfrentamiento abierto con el Estado, y que ‘salga el sol por donde salga…’. No creo que nadie esté tan loco como para inclinarse por ninguna de las tres posibilidades últimas. Lo más razonable parece la primera posibilidad, en la cabeza de los dirigentes de Junts per Catalunya, con una representación tan exigua, saben que nunca van a detentar tanto poder y capacidad de influir, al menos en la política referida a Cataluña.
Pero aún pudiendo reeditarse el acuerdo de gobierno de coalición progresista, la gobernanza no resultará nada fácil. Si ya en la legislatura anterior, los gobiernos de las comunidades gestionadas por PP+Vox se mostraban reticentes, cuanto menos, con las directrices marcadas por el gobierno central, incluso hasta con las leyes y otros acuerdos tomados en el parlamento por mayoría, ahora con casi todas las comunidades en manos del tándem PP+Vox, la gestión desde el gobierno central puede ser objeto permanente de boicot. Porque al PP/Vox se les llena continuamente la boca de ‘por España, por los españoles…’, pero realmente lo único que les importan son sus intereses y los de aquellos a quienes representan (que no son los de los españoles precisamente), durante la anterior legislatura se han opuesto sistemáticamente a todo (aunque fuera beneficioso para los españoles/as). Necesitan el control del Gobierno, consiguiéndolo, lo controlarían todo.
La práctica habitual de la derecha y ultraderecha es judicializar todas aquellas leyes cuya votación pierden en el parlamento y se aprueban por mayoría democrática del resto de los grupos. Cosa que, previsiblemente seguirán haciendo. Con la ventaja de que el Consejo General del Poder Judicial sigue sin renovarse desde hace cinco años, por la negativa del Partido Popular que actualmente lo controla (y podría seguir así otros cinco más). Y también en esta ocasión, el PP ha conseguido la mayoría absoluta en el Senado, y puesto que todas las leyes tienen que pasar por esta cámara para su ratificación, lo previsible, de acuerdo a las prácticas antidemocráticas habituales del PP/Vox, es que las retengan, las rechacen o las enmienden una y otra vez…
Ocurra lo que ocurra, no será fácil esta legislatura, ni siquiera desde sus comienzos. Vivimos en una situación incierta ¿habrá o no habrá gobierno de coalición progresista? ¿Iremos a una nueva convocatoria electoral? ¿Podrían dar distintos resultados unas nuevas elecciones?… Tenemos por delante un tiempo de desasosiego… Esperemos que la habilidad de la coalición progresista se manifieste de nuevo.
