Artículo de opinión de Juanma del Castillo, ex-director de Zarabanda.
El domingo 29 de noviembre se celebran las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado. Aunque todas las convocatorias electorales son importantes, en esta ocasión lo es mucho más si cabe.
Participar con nuestro voto en la elección de los gestores que gobernarán el país durante los siguientes cuatro años, es la manera de ejercer uno de nuestros derechos como ciudadanos. No la única. El voto no es una ‘carta en blanco’ por la que delegamos a los cargos electos nuestra representación, la administración de todos nuestros derechos y nuestra voluntad respecto a lo político/social. Cada día de esos cuatro años, deberemos estar atentos a que los políticos que la mayoría ha elegido, cumplan con lo que se han comprometido en sus programas, además de forzarles a que avancen en nuevos derechos, conservando los ya existentes, y actuando de manera honrada y respetuosa con todas las personas.
Pero ahora vivimos un tiempo en que la verdad ha dejado de ser importante, lo que prima es la capacidad de convicción usando todo tipo de técnicas, artimañas, extorsión, manipulación, mentiras, etc. Todas las artes de las que se vale la derecha y ultraderecha para conseguir que, incluso les voten aquellos que, sin lugar a dudas, serán los más perjudicados con su gobernanza. Como ejemplo, valga el de los votantes a Trump, actual presidente de EEUU: el 48% de los latinos le votaron en las últimas elecciones, los mismos a los que nada más asumir el cargo ilegalizó de facto, persiguió, encarceló y expulsó del país.
En España, los partidos de derechas y ultraderecha no se andan con ‘remilgos’, Partido Popular y Vox han anunciado que si llegan a gobernar: expulsarán a los inmigrantes que no dispongan de documentación; revisarán los permisos de residencia; y someterán a los extranjeros (pobres) a pruebas de idoneidad y adaptación; les retirarán el derecho a la asistencia sanitaria y serán expulsados directamente aquellos que accedan a nuestro país sin la debida autorización.
En cuanto a los avances legislativos: revisarán el derecho al aborto, invalidando el derecho a decidir a las mujeres de 16 años; revocarán la Ley de Eutanasia; revisarán las leyes transgénero; suspenderán las de cambio de sexo. Pueden hasta replantear el matrimonio de personas del mismo sexo.
Vox impondrá la llamada ‘prioridad nacional’, el PP ya lo ha aceptado en las comunidades en las que gobiernan juntos: prioridad nacional en el trabajo, la sanidad, la vivienda, etc.
Seguirán recortando financiación a la sanidad y educación pública, para ahondar en su deterioro y, paralelamente, potenciar la educación básica y la universitaria de carácter privado, así como la desviación de fondos y recursos a las empresas que ofertan sanidad privada.
Por otro lado, el dinero de los impuestos lo usan también para financiar medios de comunicación afines, comprar a periodistas corruptos o a jueces de los distintos estamentos de la judicatura.
Los partidos de derecha y ultraderecha consideran el ‘feminismo’ como un fenómeno errático, por eso niegan la violencia machista y buscan el subyugamiento de la mujer en la sociedad. Allí donde gobiernan reducen o anulan todo tipo de ayudas públicas a los movimientos feministas, las asociaciones de ayuda a mujeres maltratadas, las concejalías de igualdad… Dicen que no existe violencia de género, sino, en todo caso ‘conflicto intrafamiliar’.
Respecto a las pensiones (contributivas y no contributivas), su planteamiento es cedérselas a fondos privados de gestión (bancos, empresas financieras, etc.). Las experiencias en otros países, son de un enorme riesgo, ya que, si el ‘fondo’ hace una mala gestión, no obtiene los beneficios a los que aspira o incluso quiebra, todos los pensionistas serán quienes se queden sin cobrar.
Respecto a la política exterior, estos partidos ultrarradicales no practican la diplomacia, sino el ‘orgullo patrio’ y la confrontación. No sería de extrañar un conflicto a no muy largo plazo con Marruecos, por ejemplo. Ya estuvo a punto de suceder con la isla de Perejil, en tiempos de Aznar. Otra cosa es la actitud con los poderosos, como es el sometimiento y sumisión a Trump o Netanyahu.
“Los salarios se subirán siempre de acuerdo con las organizaciones empresariales” declaraba Feijóo al inicio de la precampaña. Parece evidente que los empresarios, lo que quieren es ganar más y más, por tanto, ese acuerdo será bastante complicado.
Hoy la mayoría de los que tienen trabajo no pueden comprarse una vivienda, muchos ni siquiera alquilarla y, si son jóvenes, menos aún. Pero la política de Ayuso y de los gestores de otras comunidades (sobre todo las gobernadas por el PP), es abrir la puerta a los grandes fondos especuladores y grandes tenedores de viviendas, que negocian con los pisos turísticos y especulan al alza con los precios de alquiler y compra.
Para poder pagar los precios de las viviendas (alquileres o compra), hacen falta salarios dignos. Los empresarios se niegan a pagar a sus trabajadores salarios justos y a incrementarlos acordes con los incrementos del IPC, por lo cual, el poder adquisitivo de los que dependen de un sueldo es cada vez menor.
Mientras, la pretensión de los ‘fondos buitre’ que trafican con la vivienda, se basa solo en el mayor beneficio económico, los costes de vendedores o arrendatarios no varían, pero el objetivo de esos especuladores es la rentabilidad máxima, por tanto los suben y suben hasta convertirse en inaccesibles para muchos.
Lo extraño es que un gran porcentaje de votantes del PP, Vox, Junts, PNV…, son igualmente susceptibles de ser desahuciados, porque son asalariados, muchos nacionales y otros muchos inmigrantes, cobrando un salario mínimo en el mejor de los casos, que no les llega ni para el alquiler de una habitación.
Los 100 españoles más ricos superan por primera vez los 300.000 millones de euros. Su patrimonio ha aumentado un 16%, más del doble que el año pasado.
Mientras, 12,6 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social en España, según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES). La cifra, que equivale al 25,7% de la población, fue presentada el pasado 3 de junio en el Congreso de los Diputados.
Solo los partidos de izquierda en el Gobierno defienden los intereses y los derechos de la clase obrera, de los más desfavorecidos. Y el espectro de la izquierda lo componen los partidos de ámbito nacional: Podemos, Frente Amplio y Partido Socialista, por ese orden. Los trabajadores debemos tener claro a quién votar: a los que garanticen los salarios y pensiones dignas, la sanidad y educación públicas, el derecho a la vivienda, el respeto al feminismo y respeto al medio ambiente, la redistribución de la riqueza por medio de los impuestos y garantizar la paz.
