El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) incorpora oficialmente esta figura a su clasificación ocupacional tras años de reivindicación histórica por parte de la APC.
Detrás de cada intervención humanitaria, proyecto de desarrollo o iniciativa de ayuda en el exterior no solo hay voluntad o solidaridad, sino perfiles técnicos con alta cualificación, años de formación continua, conocimientos especializados y un nivel de responsabilidad enorme. Sin embargo, durante décadas, esta labor técnica ha carecido de una categoría propia en la estructura del mercado de trabajo en España. Esa paradoja ha comenzado a resolverse con la reciente decisión del Servicio Público de Empleo Estatal de incluir formalmente la figura del cooperante en su catálogo oficial de ocupaciones.
Un hito para la profesionalización del sector
Esta inclusión representa el resultado de un largo camino impulsado por la Asociación Profesional de Personas Cooperantes, organización sin ánimo de lucro fundada en 2004 por profesionales españoles de la cooperación internacional. La medida consolida el marco normativo fijado por el Estatuto de las Personas Cooperantes aprobado en 2024 y responde a una demanda histórica colectiva: visibilizar que el trabajo de cooperación internacional requiere un ejercicio laboral técnico, formal y claramente diferenciado.
El reconocimiento institucional por parte del organismo público valida que las funciones desempeñadas en el terreno y en la gestión de proyectos de desarrollo representan ocupaciones profesionales de pleno derecho. La profesión existía en la práctica cotidiana de cientos de especialistas, pero ahora cuenta con el respaldo administrativo necesario dentro del sistema nacional de empleo.
Un punto de partida hacia mejoras laborales reales
Quienes ejercen esta actividad han mantenido siempre viva la disciplina con su práctica diaria. La inclusión en el registro oficial se concibe como un punto de inflexión estratégico hacia el futuro y no como la meta final. El gran reto tras este avance regulatorio consiste en trasladar el reconocimiento categórico a mejoras tangibles en las condiciones de ejercicio laboral.
A partir de este hito, la asociación y los distintos actores del sector continúan articulando iniciativas para consolidar una protección social reforzada que atienda la especificidad y los riesgos de los contextos de destino. Del mismo modo, se persigue la equiparación de derechos laborales acorde a la responsabilidad técnica y trayectoria de cada profesional, junto con la estructuración de una carrera profesional con mecanismos claros de acreditación, desarrollo continuo y movilidad.
La cooperación internacional exige rigor, capacidad estratégica y máxima profesionalidad. Con esta homologación ocupacional, el sistema público de empleo ajusta su estructura a la realidad de los profesionales que transforman realidades en todo el mundo.
