La situación sanitaria que estamos padeciendo con la pandemia de coronavirus pone en riesgo sin duda a toda la población, pero ‘a unos más en riesgo que a otros’.

Nos referimos a los barrios y pueblos obreros de Madrid, a los que desde siempre les toca pagar el pato: soportaron y soportan la epidemia de las drogas, el paro, las malas condiciones de las viviendas, los bajos salarios, las escasas pensiones, …., en suma, la precariedad social.

Aunque con excepciones puntuales en otras zonas, la incidencia de contagios por Covid es mucho mayor en los barrios y pueblos de la zona sur de la capital y la comunidad: Usera, Vallecas, Carabanchel, Villaverde, Parla, Móstoles, Alcorcón, Leganés, … y otros no tan grandes como Tielmes, Valdilecha, Morata de Tajuña, etc.

A las malas condiciones de vida a las que se somete a una gran parte de la población de estas zonas, se une ahora la precariedad sanitaria, fundamentalmente la de la atención primaria.

Desde hace años el Gobierno de la Comunidad viene desmantelando (y privatizando) de manera programada la Sanidad Pública. En el caso de la Atención Primaria con una insuficiente financiación que ha deteriorado tanto los medios materiales como los humanos (plantillas de trabajadoras y trabajadores manifiestamente insuficientes).

Ya en los últimos años hemos padecido demoras de una semana (incluso bastante más en épocas de gripe) para conseguir una cita médica. Ahora, con la pandemia, los problemas para usuarios y trabajadores de la sanidad se han multiplicado:

– Centros de Salud sin médicos por la tarde.

– Facultativos teniendo que dar servicio a la población correspondiente a 3 o 4 cupos médicos y atendiendo en ocasiones hasta 100 pacientes al día.

– Las Urgencias de Atención Primaria (SUAP) están cerradas desde hace meses.

– No se han llevado a cabo las suplencias y refuerzos necesarios, pese a que como ya hemos dicho, las plantillas son escasas, una parte está de baja médica por infección de Covid o por motivos evidentes de estrés, y hay facultativos mayores de 60 años o con determinada patología que no pueden realizar atención presencial, pese a lo cual están en los centros haciendo consultas telefónicas.

– Se ha llegado al despropósito de que alguna Dirección Asistencial (ver prensa) ha pretendido que el personal de enfermería ‘supliese’ de alguna manera la ausencia de médicos.

– Enormes colas para hacerse las PCR y en ocasiones más de 8 o 10 días para conocer el resultado, cuando los que pueden costeárselo se hacen la prueba por la privada con resultados casi instantáneos.

– Todo se privatiza o externaliza: rastreadores, pruebas PCR, ..

A todo lo anterior, habría que añadir la desidia y la posible negligencia de la administración sanitaria, que ha dejado crecer casos entre profesionales (ver en prensa casos de centros de salud de Numancia y Vicálvaro) sin poner en cuarentena y sin el lógico estudio a sus compañeros, además de permitir que en ambos centros se ‘ocultaran brotes’ sin la preceptiva comunicación a salud pública y sin el conocimiento de la población, a la que se ha puesto en riesgo al acudir a unos centros en los que no se ha realizado siquiera desinfección hasta que no se han presentado denuncias en la Inspección de Trabajo y lo ha publicado la prensa.

Si no fuera porque somos unos tontos ‘bienpensantes’ parecería un crimen organizado. Por este motivo hablamos de genocidio.

En otros comunicados abordaremos el asunto de la atención especializada y hospitalaria, pero para abrir boca no queremos dejar de mencionar la situación bastante común de pacientes esperando más de seis meses citas de revisión con un especialista.

Todo lo descrito está agravando la ya de por sí grave situación de las listas de espera (quirúrgicas, de consulta y diagnósticas) incompatibles con la salud y, en ocasiones, con la vida.

Desde Cas Madrid hacemos un llamamiento al pueblo de Madrid para que no consienta lo que está sucediendo:

Fuera políticos corruptos de la Administración.

Fuera las empresas privadas de la Sanidad Pública.

Derogación de la Ley 15/97 (que posibilita entregar los centros sanitarios públicos a las empresas).

Derogación del artículo 90 de la Ley General de Sanidad (que permite los conciertos con empresas privadas).

Financiación y plantillas suficientes para la Atención Primaria.

Madrid, 9 de septiembre de 2020.

SAS-Sindicato Asambleario de Sanidad

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