Hay poca información sobre la situación actualizada de los asentamientos chabolistas, cuya “mera existencia supone una vulneración de derechos fundamentales a los que se ha de hacer frente”. Sin embargo, recientemente Fundación Secretariado Gitano e Iseak han publicado el “Estudio sobre el perfil y la situación de las personas en los asentamientos chabolistas y de infravivienda en España”.
La publicación, firmada por Pablo Cañavate, Simona Demel y Lucía Gorjón, permite un acercamiento a la situación de estos asentamientos, de los que la Cañada Real es el mayor de ellos.
Aunque hay asentamientos muy pequeños con apenas dos viviendas, la tabla muestra los de mayor población, lo que nos permite hacernos una idea del tamaño de la Cañada Real, donde sus dos principales sectores chabolistas (4 y 6) suman más de 4000 personas. En estos asentamientos la población menor de 16 años supone el 50% del censo.
Pobreza y ayuda pública
El 93% de los habitantes del conjunto de los asentamientos, y el 98.8% de los niños y niñas, se encuentra en situación de riesgo de pobreza. En la población general, esta tasa se sitúa en el 21.6% (28.8% en la infancia). Así, en los asentamientos chabolistas multiplica por 4 la pobreza de la población general en España.
Un 60% de los hogares en los asentamientos no reciben ninguna ayuda pública. “Frente a esta panorámica de pobreza, los sistemas de protección y las ayudas públicas tienen margen de mejora en los asentamientos”, señalan en el informe.
Vulneración de derechos humanos
El estudio detalla la vulneración de los derechos que se sufren en estos espacios: derecho a una vivienda adecuada, a la salud, a la educación inclusiva y de calidad, a un empleo digno…
Sin embargo, para detallar la situación concreta de la Cañada Real quizá sea más representativo el informe que realizó De Schutter, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos por el Consejo de Derechos Humanos:
En la Cañada Real, conocí a personas que vivían sin acceso a una clínica, un centro de empleo o una escuela, o incluso sin suministro eléctrico legal, en una carretera sin asfaltar, directamente adyacente a plantas incineradoras, en un área considerada insalubre. A pesar de un acuerdo de 2018 para reubicar a las personas que viven en el área, hasta ahora el gobierno solo ha trasladado a 34 familias, y el gobierno de la Comunidad de Madrid no pudo proporcionarme ninguna fecha definitiva para cuándo habría reubicado al resto de manera segura. También parecía brillar por su ausencia cualquier disposición para una consulta significativa, a pesar de la existencia de varias estructuras formales para este propósito.
