Artículo de opinión del activista Alberto Hens Yepes sobre los símbolos nacionales, Ceuta y la movilización antifascista.
Basta con salir a la calle o asomarse a ver la actualidad para toparse de frente con una profunda y asfixiante contradicción. Las banderas que teóricamente deberían representar a toda una sociedad flotan hoy sobre concentraciones donde dominan la intolerancia, el racismo, la exclusión y, cada vez con mayor frecuencia, la violencia explícita. Mientras tanto, la gran mayoría de la población española observa esta deriva con una silenciosa pero evidente incomodidad. Quienes luego se quejan con victimismo de que media España no se sienta identificada con sus símbolos patrios son, paradójicamente, los mismos que los utilizan como arma arrojadiza o estandarte de la violencia y la exclusión. Se lamentan repitiendo ese calculado lloro de que se les tilde de fascistas «solo por lucir la bandera», pero la realidad es tozuda: desde que Francisco Franco la impuso a sangre y fuego para sella su victoria sobre el pueblo, ese símbolo se ha utilizado de forma casi exclusiva para la represión, sin que la derecha sociológica haya hecho jamás el más mínimo ejercicio de autocrítica histórica. Ya en 1936 los sublevados se adueñaron del término «nacional» para robar la identidad de un país y decretar que quien no encajase en su molde era un enemigo. Esta patrimonialización de los símbolos, por lo demás, no es una anomalía exclusiva de nuestras fronteras; responde a una estrategia de la extrema derecha global. Lo observamos en el Reino Unido, donde la cruz de San Jorge ha sido utilizada históricamente como ariete extremista desde los años 70 hasta la agresiva campaña ultra de 2025; o en Francia, donde el lepenismo blindó en los años 80 y 90 la monopolización xenófoba de la tricolor. En todas partes, el fascismo persigue el mismo objetivo: uniformar sus complejos con los colores del Estado para decretar quién tiene derecho a existir en su patria y quién queda expulsado de ella.
Esa misma impunidad histórica se vuelve a desplegar a día de hoy a plena luz del día. Lo acontecido en Ceuta no puede despacharse como un brote aislado de vandalismo; es la manifestación física de una alarmante inacción consentida. Hemos visto con horror en las calles de Ceuta a grupos ultras que, amparados en el supuesto patriotismo de sus banderas, se dedican a amedrentar a periodistas, saltarse cordones policiales para asaltar playas, perseguir a migrantes, quemar sus precarios refugios e incluso bloquear de forma miserable el paso de la ayuda humanitaria de Cruz Roja. ¿Por qué las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado asumen un rol de pasividad flagrante cuando la violencia xenófoba e intolerante se ejecuta envuelta en los colores nacionales? Esta complicidad por omisión de las instituciones es, precisamente, la que justifica el divorcio simbólico de gran parte de la ciudadanía. El pueblo no rechaza su propia identidad por capricho; es que resulta imposible sentirse identificado con una enseña que el propio Estado consiente que se convierta en el uniforme oficial del odio.
Ante esta escalada, es de justicia hacer un matiz político fundamental para no caer en el reduccionismo: la responsabilidad de esta deriva no recae en la totalidad del gobierno de coalición, sino de forma exclusiva en el PSOE. Es el ala socialista quien dirige con absoluta pasividad la cartera de Interior y los mandos policiales o militares. Resulta profundamente extraño e indignante que un partido que se dice «socialista» y «obrero», y que presume de un pasado de persecución y exilio durante la dictadura, consienta ahora que se ataque impunemente bajo los símbolos patrios. Nos encontramos ante una doble vara de medir insoportable: mientras el Ministerio del Interior se muestra inerte ante las jaurías racistas de la calle, el Estado no tiembla a la hora de aplicar la ley con toda su dureza para condenar y perseguir penalmente a raperos, tuiteros o activistas antifascistas por mucho menos. Quizá este doble rasero explique por qué el PSOE jamás llegó a derogar la Ley Mordaza a pesar de sus reiteradas promesas electorales. Si dejamos a un lado las multas por drogas y armas —que componen el 75% de las sanciones y se imponen de forma aleatoria a ciudadanos de a pie—, las estadísticas demuestran que esta ley se ha utilizado de forma abrumadoramente mayoritaria contra colectivos sociales, sindicatos y movimientos de izquierda, mientras que las sanciones aplicadas a manifestaciones de derechas son numéricamente una excepción en el balance de Interior.
Sin embargo, la ciudadanía debe ser consciente de que este ejecutivo opera a dos velocidades. Mientras el ala socialista mira hacia otro lado en el control del orden público, carteras como la de Infancia y Juventud hacen frente a la barbarie con una lógica radicalmente opuesta. Frente a la demagogia de las propuestas de deportación masiva, ministerios como el liderado por Sira Rego han dado una lección de rigor legal y profunda empatía. Al humanizar el conflicto y sustituir el impersonal término de «menores» por el de «niños y niñas», se ha confrontado con valentía a aquellos actores políticos, nacionales y europeos, que reclaman expulsiones masivas a sabiendas de su flagrante ilegalidad. Con absoluta transparencia, se ha defendido que el traslado a la Península es la única vía para actuar bajo el amparo estricto del derecho internacional, asumiendo con honestidad que la inmensa mayoría de estos menores no puede ser repatriada por motivos humanitarios y de seguridad, y afeando con firmeza el papel de Marruecos al mantener bloqueados y sin responder los 600 expedientes de acreditación familiar remitidos por la Fiscalía. Esta gestión demuestra que el racismo sistémico se combate haciendo cumplir la ley y protegiendo a la infancia de la violencia ultra.
Frente al ruido de los radicales, la sociedad española en su mayoría no es racista ni intolerante. La vida cotidiana demuestra que somos un pueblo fundamentalmente solidario y diverso, pero esa resistencia social y sectorial no basta si el partido mayoritario del Gobierno sigue cediendo la calle. ¿Quién se beneficia realmente de este calculado caos? El principal agraciado es el propio bipartidismo, un eje PP-PSOE que opera con una estrategia de supervivencia idéntica a la implantada en la que, desde mi punto de vista, fue una falsa Transición: retroalimentar la polarización para que los dos de siempre mantengan el monopolio del poder. El PSOE se nutre del miedo al fascismo y el PP junto a su apéndice radical, VOX, se nutren del miedo al comunismo. Es un bucle diseñado para anular alternativas. Debemos combatir esto saliendo a la calle a enfrentar la intolerancia ahora, pero también estudiando en las próximas elecciones quién ha gesticulado con rigor y quién ha flaqueado. El PSOE no es la única salida ni el cien por cien del Gobierno, de la misma forma que no representa a la izquierda real. Si queremos romper el monopolio del voto útil, es hora de investigar, contrastar a través de la red y, en definitiva, boicotear el cómodo algoritmo del bipartidismo.
Sé perfectamente de lo que hablo porque soy de Vallekas y ejerzo un orgulloso «barrionalismo», ahora ripense. Siento el orgullo de una identidad forjada por gente que construyó un barrio de la nada, entre el campo y las escombreras, gracias a la fuerza vecinal y colectiva. Pero, sobre todo, siento el orgullo del legado de aquellos que plantaron cara al fascismo y a quienes pretendieron robarnos la dignidad obrera intentando estigmatizarnos bajo la etiqueta de delincuentes, drogadictos o marginales. Hubo delincuencia y hubo precariedad, por supuesto, pero la organización y la lucha comunitaria transformaron esa realidad hasta convertir el estigma en una mera anécdota histórica. Esa experiencia vecinal es la prueba viva de que el espacio público se defiende habitándolo, no abandonándolo.
Por eso resulta tan doloroso ver que, mientras el tejido social resiste, en ciertos círculos políticos, sindicales o colectivos sea habitual escuchar que convocar una movilización que corra el riesgo de no ser masiva es un síntoma de debilidad. Es un análisis cómodo pero, desde mi punto de vista, profundamente erróneo. Si compramos ese relato paralizante y dejamos de preparar espacios de respuesta por miedo a medir nuestras fuerzas, cometemos el error fatal de cederle el campo libre a la intolerancia. Quienes empezaron siendo cuatro, hoy avanzan porque nadie ocupa el vacío. Esos colectivos ultras se nutren, precisamente, de ciudadanos desencantados que, al no encontrar otro lugar donde canalizar y gritar su frustración, terminan siendo absorbidos y radicalizados por las filas del odio. La verdadera debilidad es el inmovilismo.
¡Es hora de recuperar espacios, de ocupar las calles y de plantar cara a la intolerancia en cada concentración! Solo así conseguiremos que el fascismo vuelva a avergonzarse de su mezquindad y retorne al escondite en el que estuvo un tiempo, por temer el rechazo firme y colectivo de una sociedad tolerante, unida, segura y fuerte.
No dejemos que el silencio sea nuestra única bandera.
