El Grupo Popular denuncia controles insuficientes y critica la explotación privada durante 40 años.
El Grupo Popular de Rivas-Vaciamadrid ha cuestionado la gestión municipal del futuro nuevo polideportivo del Barrio Centro, cuya explotación se plantea durante 40 años mediante una fórmula de colaboración con una empresa privada. La formación, liderada por su portavoz Janette Novo, asegura que existen dudas sobre los controles realizados durante la tramitación del concurso y reclama una fiscalización más exhaustiva del contrato.
Los populares sostienen que el Ayuntamiento ha recurrido a la inversión privada para desarrollar una infraestructura deportiva que, a su juicio, debería ser asumida directamente con recursos públicos. Al mismo tiempo, aseguran que no se oponen a la llegada de nuevas instalaciones deportivas a la ciudad, pero reclaman garantías sobre la gestión y la viabilidad del proyecto.
Críticas a la colaboración público-privada
Uno de los principales argumentos del PP es la duración prevista de la explotación. Según la formación, el contrato afecta a un terreno público de 17.553 metros cuadrados durante cuatro décadas, una circunstancia que considera especialmente relevante a la hora de reforzar los mecanismos de control municipal.
Janette Novo ha criticado además lo que considera una contradicción del Gobierno local por recurrir ahora a una fórmula de colaboración público-privada que, según afirma, cuestiona cuando es utilizada por otras administraciones. «Son incapaces de construir infraestructuras con fondos públicos y recurren a una fórmula que demonizan y critican en otras administraciones», ha señalado la portavoz popular.
El PP asegura, no obstante, que acepta la colaboración público-privada cuando está «bien planteada» y sometida a controles suficientes. Su crítica se centra en lo que considera una utilización de esta fórmula para suplir la falta de inversión municipal.
El PP cuestiona el estudio económico
La formación también pone el foco en el estudio de viabilidad técnico y económico-financiero incorporado al expediente. Según el documento difundido por el PP, este estudio fue presentado mediante una iniciativa privada de la empresa SIDECU, S.A., y posteriormente utilizado por el Ayuntamiento en la tramitación del concurso.
Los populares consideran que el Consistorio debería haber aplicado medidas correctoras y controles adicionales para garantizar la neutralidad del procedimiento. En su comunicado relacionan esta cuestión con las puntuaciones obtenidas por las empresas participantes, aunque el documento no aporta un análisis independiente del procedimiento de adjudicación.
Una inversión que, según el PP, se justificó en 72 horas
Otro de los aspectos señalados por la oposición es la propuesta presentada por SUPERA RIVAS, S.L., que contemplaba una inversión un 46,11% superior al umbral mínimo establecido. Según el PP, esta circunstancia activó la presunción de baja anormal y exigió justificar la viabilidad económica de la oferta.
La formación sostiene que el Ayuntamiento aceptó esa justificación en solo tres días hábiles, mediante una resolución que califica de genérica y sin un desglose de costes suficientemente detallado. «Nuestra obligación como oposición es fiscalizar para que las cosas se hagan bien», ha afirmado Novo, que reclama garantías antes de comprometer el uso de suelo público durante cuatro décadas.
