El Defensor del Pueblo constata que el centro Picón de Jarama, en Paracuellos del Jarama, no adoptó medidas específicas tras el caso de explotación sexual de varias menores conocido en 2022. La institución visitó este recurso y otros seis centros de protección para analizar la respuesta ante la violencia sexual.
Madrid mantiene sin cambios el centro tras el caso de 2022
El Defensor del Pueblo ha visitado la Residencia especializada en adaptación psicosocial Picón de Jarama, en Paracuellos del Jarama. El centro atiende a menores bajo protección de la Comunidad de Madrid.
La visita se enmarca en una investigación sobre violencia sexual contra menores tutelados. El informe analiza los casos de abuso y explotación sexual registrados en el sistema de protección. También estudia las medidas de prevención y detección disponibles.
En el centro madrileño se entrevistó a 15 profesionales y a ocho menores residentes. El Defensor preguntó por el caso de explotación sexual conocido en 2022 y por las medidas adoptadas después.
Según la información recogida durante la visita, varias menores residentes fueron víctimas de una red de explotación sexual. Tras descubrirse los hechos, fueron acompañadas a la Policía para presentar una denuncia.
El caso también se comunicó a la Administración autonómica y al juzgado que había autorizado el ingreso de las menores afectadas. Desde entonces, el centro asegura que no ha detectado nuevos casos de explotación sexual.
Sin embargo, los profesionales señalaron que no se ha producido ningún cambio ni se han adoptado medidas específicas tras aquel episodio. El centro tampoco dispone de un protocolo específico para detectar estos casos o actuar cuando se descubre uno.
Ante una sospecha, la dirección del centro comunica los hechos a la Policía, la Fiscalía y la Comunidad de Madrid. El informe considera especialmente importante la formación de los profesionales y la estabilidad de las plantillas.
Los trabajadores entrevistados afirmaron que no habían recibido formación específica sobre explotación sexual infantil y adolescente. También señalaron la necesidad de formación relacionada con los nuevos perfiles de menores atendidos.
Madrid ya investigó una red de explotación sexual en 2022
La situación analizada por el Defensor del Pueblo se remonta a una investigación policial conocida en enero de 2022. La Cadena SER informó entonces sobre una red de explotación sexual relacionada con el centro de menores de Paracuellos del Jarama.
El caso volvió a situar el funcionamiento de los centros de protección madrileños bajo el foco público. En noviembre de 2023, El País informó de 69 denuncias por abusos sexuales a menores tutelados por la Comunidad de Madrid en un periodo de año y medio.
El informe actual no se limita a aquellos episodios. El Defensor del Pueblo inició en 2022 una actuación para conocer la experiencia de las administraciones ante casos de abuso y explotación sexual de menores protegidos. La investigación incorporó después la situación de Madrid.
El objetivo era conocer tanto los casos detectados como los recursos disponibles para prevenirlos. Para contrastar la información, el Defensor decidió visitar varios centros en los que se habían producido casos de explotación sexual.
El Defensor visitó siete centros de menores
La investigación incluyó siete centros de protección de menores. Además de Picón de Jarama, se visitaron recursos situados en País Vasco, Comunitat Valenciana, Cataluña, Región de Murcia y Asturias.
Los centros visitados fueron:
- Picón de Jarama, en Paracuellos del Jarama (Madrid).
- Centro Educativo Terapéutico Gasteiz, en Vitoria-Gasteiz.
- Centro de Acogida Lucentum, en Alicante.
- Casa d’infants Quim Grau, en L’Hospitalet de Llobregat.
- Hogar de Protección Arrui/Centro Educativo Alea, en Molina de Segura.
- Centro Residencial El Campillín, en Oviedo.
- Centro para menores con problemas de conducta de Cayés, en Llanera.
El Defensor señala que las visitas permitieron comprobar directamente cómo funcionan estos recursos. La mayoría de los centros seleccionados atienden a menores con problemas de conducta.
La institución también encontró diferencias entre territorios. En algunos centros existen protocolos o procedimientos propios, pero no siempre son conocidos por los profesionales. El informe reclama que estas herramientas sean conocidas y de obligado cumplimiento.
Los centros de menores presentan carencias comunes
El estudio concluye que la mayoría de las administraciones no dispone de información completa y de calidad sobre los casos de violencia sexual sufridos por menores bajo protección. La falta de datos homogéneos dificulta conocer el alcance real del problema.
Los datos disponibles muestran además que los casos de abuso o agresión sexual son más frecuentes que los de explotación sexual. Estos hechos se producen tanto dentro como fuera de los centros de protección.
El Defensor también detecta una falta de formación especializada. La mayoría de los profesionales de los centros visitados no había recibido nueva formación específica sobre explotación sexual.
La institución considera esencial reforzar la prevención y la detección precoz. También reclama protocolos claros para actuar ante los casos y mejorar la coordinación entre administraciones, Policía y Fiscalía.
Otro problema afecta al personal de los centros. El informe señala situaciones de escasez de trabajadores y una elevada rotación, circunstancias que dificultan mantener vínculos estables con los menores.
El Defensor advierte además de un cambio en los perfiles atendidos. Algunos centros reciben cada vez más menores con problemas graves de salud mental o discapacidad intelectual.
La institución considera inadecuado utilizar los centros destinados a problemas de conducta para cubrir las carencias de otros sistemas de atención. Reclama recursos diferenciados y profesionales especializados para cada necesidad.
El Defensor reclama protocolos para proteger a los menores
Entre sus recomendaciones, el Defensor pide que las administraciones que todavía no dispongan de protocolos los aprueben cuanto antes. Esos protocolos deben incluir prevención, detección precoz e intervención ante abuso, explotación sexual y trata.
También reclama más formación para los profesionales y programas educativos dirigidos a los propios menores. Estos programas deberían abordar la prevención de la violencia sexual y el uso seguro de las nuevas tecnologías.
El informe propone además crear una figura especializada en violencia y explotación sexual dentro de los servicios y centros de protección. Su función sería coordinar la prevención y la respuesta ante posibles casos.
El Defensor pide, finalmente, mejorar los sistemas de información sobre violencia sexual contra menores tutelados. La institución considera que solo con datos completos será posible diseñar medidas de prevención eficaces.
El caso de Madrid aparece así dentro de una investigación estatal más amplia. La visita a Paracuellos muestra que, cuatro años después del caso de 2022, el centro sigue sin contar con un protocolo específico ni medidas adoptadas a raíz de aquella explotación sexual.
