Decenas de mociones ciudadanas reclaman cumplir la ley y aclarar las cuentas del sistema de pensiones
El miércoles 15 de abril se registrarán en el Congreso de los Diputados varias peticiones para exigir al Gobierno una auditoría sobre la financiación de la Seguridad Social. La iniciativa, promovida por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), reclama que se cumpla la ley aprobada en 2021 que obliga a analizar las cuentas entre 1967 y 2019.
La entrega de las firmas irá acompañada de una manifestación en el centro de Madrid. La marcha, convocada por las asociaciones de pensionistas, comenzará en la Puerta del Sol a las 11:30h y tiene como destino final el Congreso de los Diputados. La protesta contará con el respaldo de varios diputados de grupos parlamentarios como Sumar, ERC, Bildu y Podemos.
Una ley de hace 5 años y 100.000 millones de euros pendientes
La auditoría tiene como objetivo esclarecer el destino de fondos desviados ajenos a la seguridad social. Según COESPE, también serviría para desmontar lo que califican como “propaganda malintencionada” sobre la crisis del sistema público de pensiones. Uno de los argumentos clave que respaldan la demanda de los pensionistas es un informe del Tribunal de Cuentas. El organismo cifra en más de 100.000 millones de euros las cantidades que deberían ser devueltas a la Seguridad Social.
Desde COESPE insisten en que no se trata de una petición popular, sino del cumplimiento de una obligación legal ya vigente. La Coordinadora ha querido dejar claro que la ley 21/2021 establece que el Gobierno debe encargar esta auditoría. Un mandato que, según denuncian, aún no se ha ejecutado.
Esta iniciativa llega en un momento crítico, a juicio de COESPE, en el que el sistema público de pensiones debe mantenerse pese al contexto político y social actual. A esto se suman los “continuos intentos de división” del movimiento pensionista.
